La Fiscalía de Colombia pedirá que se declare inconstitucional el plebiscito

La Fiscalía de Colombia pedirá a la Corte Constitucional que tumbe el plebiscito que propuso el presidente, Juan Manuel Santos, como mecanismo para refrendar los acuerdos de paz con las FARC. El fiscal general, Eduardo Montealegre, insiste en que no se requiere de ningún tipo de refrendación para que los acuerdos de La Habana tengan validez. "Si bien la participación popular es un elemento valioso en una democracia, esto no puede implicar que las facultades del presidente para alcanzar la paz tengan que estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía", se ha pronunciado ante el alto tribunal...

La Fiscalía de Colombia pedirá a la Corte Constitucional que tumbe el plebiscito que propuso el presidente, Juan Manuel Santos, como mecanismo para refrendar los acuerdos de paz con las FARC. El fiscal general, Eduardo Montealegre, insiste en que no se requiere de ningún tipo de refrendación para que los acuerdos de La Habana tengan validez. "Si bien la participación popular es un elemento valioso en una democracia, esto no puede implicar que las facultades del presidente para alcanzar la paz tengan que estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía", se ha pronunciado ante el alto tribunal.

El plebiscito es otro de los quebraderos de cabeza de la recta final del proceso de paz. No lo tenía que hacer, pero lo prometió. El presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que aunque no era una condición legal, decidió darle la última palabra a los colombianos sobre lo que se acuerde en La Habana con las FARC. El Gobierno pretende hacerlo, pese a que la guerrilla insiste en que no está de acuerdo, a través de un plebiscito. Una figura que se estrena en Colombia y que según Santos es el “sistema más práctico y más apropiado para cumplir con el requisito de la refrendación”.

El presidente se aventuró a ponerle fecha. Ha dicho que se podría realizar entre mayo y junio. Sin embargo, el asunto aún no parece tan claro. Primero, se tendrá que firmar el acuerdo de paz con las FARC, que, a tenor de las últimas declaraciones de Santos y la guerrilla, se podría retrasar. La Corte Constitucional -cuyo pronuniciamento se espera en los próximos días- estudia además si ese mecanismo, aprobado sin mayores problemas en el Congreso, se ajusta a la Constitución y si es posible que funcione para el objetivo que plantea el Ejecutivo. Los magistrados que se enfrentan por primera vez en la historia al estudio de un plebiscito tendrán en cuenta la opinión de los ciudadanos, que hasta el jueves tenían plazo para manifestarse a favor o en contra del procedimiento.

El Gobierno ha asegurado, pese a las críticas, que el plebiscito es el camino adecuado, mientras las FARC dicen que lo mejor sería una Asamblea Constituyente, a la que Santos se ha referido como “complejísima” y sobre la que ha llegado a asegurar que podría “borrar en un día todo lo que se ha hecho en los últimos años”. EL PAÍS tuvo acceso a las intervenciones de los ciudadanos ante el Constitucional. La mayoría, de las no más de 20 ideas, plantean que el camino debe ser otro para que los colombianos le digan sí o no a la paz.

“El gobierno y el congreso desconocen con este proyecto lo estipulado en la Constitución. Buscar construir una paz estable y duradera no se cumple con este proyecto que pretende aprobar el acuerdo final con las FARC, otorgándoles una serie de beneficios violatorios de la Constitución y de la ley, en detrimento de la justicia”, señala uno de las opiniones. De ser avalado por la Corte, los colombianos irán a las urnas y los acuerdos con las FARC serían aprobados si el sí obtiene más del 13% del censo electoral; es decir, solo se necesitarían cerca de 4,5 millones de votos. En caso de que esos mismos votos fueran por el no, hasta ahí llegaría el proceso de paz.

“Si gana el no, será acatado y seguiremos en guerra durante 20 o 30 años”, ha dicho Santos. Justamente, una de las intervenciones que llegó a la Corte señala como peligro del plebiscito enterrar la paz. “No nos pueden privar del disfrute de la paz que se acuerde entre el Gobierno y las FARC porque la mayoría diga que no en un plebiscito”. La misma persona se refiere a censo electoral para este caso. “La decisión del Congreso de rebajar el umbral de votos no hace sino deslegitimar una decisión y un acuerdo que busca la paz duradera. Esta paz no será duradera en tanto y en cuanto la misma no reciba la aprobación de una mayoría importante del pueblo colombiano”.

Desde que el Gobierno habló de este mecanismo como la salida para aprobar todo lo que se acuerde en La Habana se han escuchado voces como las del presidente del Senado, Luis Fernando Velasco. Ha dicho que al darle carácter vinculante al plebiscito (como lo plantea el Ejecutivo y aprobó el Congreso) se le estarían dando facultades que no tiene, como la de modificar la Constitución. Por ejemplo, si uno de los puntos acordados es el de que los jefes de las FARC hagan política, se convertiría en una obligación inmediata cuando en la realidad debería depender de una reforma constitucional.

Algunos oficiales del Ejército en retiro aseguran en su pronunciamiento a la Corte que para avalar lo que se pacte en La Habana el camino debe ser el de una constituyente o un referendo ciudadano. “¿Cómo puede un Congreso aprobar una ley que atenta contra la soberanía de los colombianos?” Se preguntan los militares. Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, la decisión que tome la Corte servirá para medir si el gobierno optó por el camino adecuado o si deberá acudir a otro tipo de mecanismo de refrendación. En todo caso los colombianos tendrán la última palabra. "La negociación de la paz no es entre dos partes. Es también con el pueblo y por eso, sea cuál sea la fórmula, lo que se acuerde debe ser aprobado por todos", concluye.