El Gobierno Argentino carga contra la Comisión de Derechos Humanos

El Gobierno argentino ha decidido mantener hasta el último minuto su estilo agresivo. A pocas horas de las elecciones del domingo, y cuando ya rige en Argentina la veda electoral –prohibición de hacer ningún tipo de campaña- el Ejecutivo lanzó una acusación durísima contra un organismo respetado como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una nota oficial del ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, el Gobierno argentino acusa a la Comisión de “interferir en el proceso electoral” argentino y servir a los intereses de la oposición. El enfado del Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner llega porque la Comisión decidió tratar hoy una denuncia de algunas organizaciones de derechos humanos argentinas, como Poder Ciudadano, la sección de Amnistía Internacional en este país, en la que reclamaban que se estudie la situación de independencia judicial en Argentina. El enfrentamiento del Gobierno con una parte de la justicia es frontal, y el último episodio grave se vivió en julio, cuando el juez Claudio Bonadío fue apartado de la causa Hotesur, que afecta directamente a la familia de la presidenta y a sus hoteles en El Calafate (Santa Cruz).

La nota de Timerman es cualquier cosa menos diplomática. Se titula “El Gobierno denuncia una operación político-mediática contra el proceso electoral” y consiste en una acusación directa contra la Comisión, de la que recuerda su papel activo contra la dictadura militar argentina (1976-1983). La visita de la Comisión a Argentina en 1979, recordada en la carta, fue especialmente simbólica. “Es penoso y lamentable concluir que la Comisión, que tanto ha hecho en su función principal de promover la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras cívico-militares que asolaron el continente, hoy no acompaña con la misma sabiduría, convicción y criterio los procesos democráticos en América”, señala Timerman.

El Gobierno argentino señala que la audiencia general sobre “Situación de la independencia judicial en la Argentina” que se celebró en la Comisión, y que esta se negó a retrasar hasta después de las elecciones, “fue una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín”. “La Argentina ha rechazado la referida convocatoria a esa audiencia por considerarla inaceptable, inadmisible e improcedente. La Comisión tiene la obligación de evaluar la seriedad tanto de la denuncia como de los denunciantes y no simplemente, como ocurre en este caso, deslindar la responsabilidad de rechazar una causa a todas luces inexistente”. Timerman explica ahí que Argentina decidió no participar en la sesión y exigió sin éxito que se trasladara a una fecha posterior a las elecciones.”La Argentina ha participado en más de 300 audiencias desde el año 2003 siendo ésta la primera vez que se ve obligada a no presentarse”, asegura.

“Es preocupante si los miembros de la Comisión no se han percatado de la clara direccionalidad política de las asociaciones peticionantes y sus objetivos político-mediáticos. Sería muy grave si la Comisión decidió a sabiendas igualmente participar de la operación mediática contra el gobierno argentino”, sigue la carta, en claro tono amenazante. Después, el Gobierno acusa a cada una de las organizaciones denunciantes -Poder Ciudadano, Asociación por los Derechos Civiles, Unidos por la Justicia, CIPPEC- de trabajar para la oposición argentina.