La inyección letal divide a los jueces del Tribunal Supremo de EE UU

La pena de muerte dividió este miércoles a los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos entre los conservadores que rechazan la eliminación de la pena capital y los progresistas, que cuestionaron la constitucionalidad de los fármacos empleados en ejecuciones recientes. Si las preguntas elaboradas por los jueces a los abogados sirven para adelantar la suerte de la sentencia, ésta dependerá una vez más de Anthony Kennedy, pero el juez escondió su postura y no dejó adivinar si rechazará el uso del anes...

La pena de muerte dividió este miércoles a los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos entre los conservadores que rechazan la eliminación de la pena capital y los progresistas, que cuestionaron la constitucionalidad de los fármacos empleados en ejecuciones recientes. Si las preguntas elaboradas por los jueces a los abogados sirven para adelantar la suerte de la sentencia, ésta dependerá una vez más de Anthony Kennedy, pero el juez escondió su postura y no dejó adivinar si rechazará el uso del anestésico que falló en Oklahoma y que suscitó este caso.

La cita ante la máxima autoridad judicial del país, que estudia este curso la demanda interpuesta por cuatro condenados a muerte por asesinato -uno de ellos ya ha sido ejecutado- coincide con la renovación del debate sobre la pena capital entre la población. El respaldo a la condena está en los niveles más bajos de los últimos 40 años, sin embargo todavía cuenta con el apoyo de una mayoría de la población, un 56%, frente a un 38% que la rechaza, según una encuesta del Centro Pew Research.

Los jueces deberán determinar si el fármaco midazolam puede servir como anestésico antes de que otros dos medicamentos paren los pulmones y el corazón de los condenados a muerte. La falta de efectividad de la droga, alegan los demandantes, ha servido para descartarla en tratamientos quirúrgicos, por lo que tampoco se debería emplear en ejecuciones. Si el fármaco no puede impedir que el reo sienta dolor, se estaría violando la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe someter a nadie a un tratamiento “cruel”.

La audiencia de este miércoles se produce siete años después de que la corte Suprema estudie un caso de pena de muerte.Y llega también en el primer aniversario de la muerte de Clayton Lockett, el reo ejecutado en Oklahoma y cuya muerte inspiró este caso. Lockett quedó inconsciente en la camilla tras recibir la primera dosis de midazolam. Minutos después se despertó y llegó a decir a los funcionarios “algo va mal”. La ejecución de Lockett, calificada entonces de “chapuza” sirvió para plantear si las drogas empleadas pueden eliminar totalmente el dolor del paciente. De no hacerlo, el Estado estaría violando los derechos del condenado.

La razón de que no estemos seguros al 100% es que los abolicionistas han hecho que sea imposible conseguir la droga que sí funciona al 100%”

Este argumento tuvo eco entre las jueces más progresistas de la Corte. Sonia Sotomayor criticó al abogado defensor del Estado de Oklahoma por la falta de datos científicos para respaldar el uso de la droga, mientras que la juez Elena Kagan equiparó sus efectos como “ser quemado vivo”. “No me creo nada de lo que usted me diga ni me lea aquí, sinceramente, hasta que lo vea con mis propios ojos”, añadió Sotomayor, en referencia a la falta de datos que prueben la efectividad del fármaco, empleado en ejecuciones también en Florida, Ohio y Arizona.

En el otro ala de la Corte se situaron los jueces partidarios de mantener las ejecuciones con midazolam. “Seamos honestos con lo que está pasando aquí”, dijo el juez Samuel Alito, "las ejecuciones se pueden hacer de manera indolora". Alito alegaría después que los detractores de la pena capital están librando “una guerra de guerrillas" contra ella, presionando a los laboratorios farmacéuticos para que dejen de vender los anestésicos, obligando a los gobiernos estatales a recurrir a otras drogas menos probadas para denunciarles después cuando hay un fallo como el del caso de Lockett.

Uno de los argumentos legales planteados por el Gobierno de Oklahoma aseguraba que, al retirar los fármacos, “los estados estaban obligados a alterar el protocolo, creando nuevas oportunidades para retar la constitucionalidad de las ejecuciones bajo la Octava Enmienda”. El juez Antonin Scalia recuperó este planteamiento en una de sus intervenciones: “La razón de que no estemos seguros al 100% es que los abolicionistas han hecho que sea imposible conseguir la droga que sí funciona al 100%”.

La decisión de los jueces, en el caso de que den la razón a los demandantes, no servirá para “abolir” la pena de muerte en EE UU. El caso de Oklahoma abarca el uso de un sólo fármaco, por lo que las ejecuciones por otros métodos aún legalizados podrán seguir adelante. De momento, en los últimos meses los estados de Utah, Oklahoma y Tenessee, se han adelantado aprobando leyes que recuperan el pelotón de fusilamiento, una cámara de gas renovada y la silla eléctrica, respectivamente.