Maduro crea un megaorganismo para combatir la corrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción se convierte en un cuerpo con facultades para investigar y sancionar a los corruptos
A medianoche del miércoles vencía el plazo de un año otorgado por la Asamblea Nacional al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para legislar por decreto. El gobernante dedicó las dos últimas noches a poner en marcha reformas fiscales y policiales modificando leyes o aprobando otras. Entre los cambios anunciados sobresale la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Popular de Defensa de la Paz y la Integridad de la Patria.
Los textos de las leyes aparecerán en los próximos días en la Gaceta Oficial y se establecer...
A medianoche del miércoles vencía el plazo de un año otorgado por la Asamblea Nacional al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para legislar por decreto. El gobernante dedicó las dos últimas noches a poner en marcha reformas fiscales y policiales modificando leyes o aprobando otras. Entre los cambios anunciados sobresale la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Popular de Defensa de la Paz y la Integridad de la Patria.
Los textos de las leyes aparecerán en los próximos días en la Gaceta Oficial y se establecerán mayores precisiones sobre su alcance. Pero las explicaciones ofrecidas por el jefe del Estado venezolano al momento de anunciar las competencias de las nuevas instancias dibujan algunas de sus preocupaciones. El gobierno necesita enviar un mensaje contundente para tomar distancia de los casos de corrupción denunciados por las organizaciones disidentes, que se originan en la abismal diferencia entre el valor controlado del dólar y su cotización en el mercado no oficial.
Maduro ha detallado que el cuerpo nacional anticorrupción dependerá directamente de la Presidencia de la República y tendrá funciones que lo igualan con la fiscalía y los tribunales. “Necesito guerreros y guerreras de la honestidad”, dijo el mandatario al referirse a las cualidades de las personas que formarán parte de ese grupo y que aún no han sido designadas. La nueva estructura podrá investigar y sancionar a aquellas personas que en su opinión hayan cometido actos de corrupción.
El cuerpo nacional anticorrupción dependerá directamente de la Presidencia de la República y tendrá funciones que lo igualan con la fiscalía y los tribunales
Este anuncio forma parte de una reforma de la Ley contra la Corrupción, que ahora establece que los delitos contra el patrimonio público no prescribirán. Maduro enseñó una lámina con un organigrama en la que enseña cómo operará esta suerte de policía anticorrupción. Para tomar decisiones la nueva instancia se apoyará en las informaciones ofrecidas por las organizaciones de base del chavismo, con informaciones consignadas por un centro de inteligencia financiera y en el aporte del polémico Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), un organismo definido por el reconocido académico Antonio Pasquali como un centro de espionaje. Maduro justificó la medida con una de las tantas frases clave que repitió a lo largo de casi dos horas de alocución: “no hay socialismo posible si existe corrupción”.
Poco después el Presidente informó que crearía el Sistema Popular de Protección de la Paz. De este anuncio hubo menos detalles pero sí quedó clara la razón que motivó su fundación: la lucha contra “el terrorismo y garantizar la vida de todos los venezolanos” y asegurar “la derrotade la amenaza paramilitar que se ha instalado en Venezuela por culpa de la ultraderecha terrorista”.
Maduro también completó los anuncios que inició hace una semana con la designación del diputado oficialista Freddy Bernal como presidente de una comisión encargada de reestructurar las policías venezolanas. El Presidente firmó una nueva ley “para la revolución policial” que iniciará ese trámite y procurará combatir el delito con un enfoque social preventivo. El proceso bolivariano ha sido incapaz en 16 años de impedir la escalada de violencia, la penetración de la delincuencia en las policías, ni de evitar las prácticas violatorias de los derechos humanos cometidas por éstos.