Condenado uno de los autores del tiroteo que destapó ‘Rápido y Furioso’

Al juez de Tucson, Arizona, David C Bury, no le ha temblado la mano a la hora de firmar la pena de 30 años de cárcel para el contrabandista mexicano Manuel Osorio-Arellanes, acusado de participar en el asesinato del agente de frontera de Estados Unidos, Brian Terry. El tiroteo, en las inmediaciones de la ciudad fronteriza de Nogales destapó la operación clandestina de tráfico de armas hacia México conocida como Rápido y Furioso [Fast & Furious], dirigida por unidades de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) estadounidense, que puso en entredicho al Gobierno feder...

Al juez de Tucson, Arizona, David C Bury, no le ha temblado la mano a la hora de firmar la pena de 30 años de cárcel para el contrabandista mexicano Manuel Osorio-Arellanes, acusado de participar en el asesinato del agente de frontera de Estados Unidos, Brian Terry. El tiroteo, en las inmediaciones de la ciudad fronteriza de Nogales destapó la operación clandestina de tráfico de armas hacia México conocida como Rápido y Furioso [Fast & Furious], dirigida por unidades de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) estadounidense, que puso en entredicho al Gobierno federal, obligando a dimitir a varios altos funcionarios implicados en el caso y que desembocó en una declaración en desacató del Congreso al Fiscal General por negarse a revelar documentos secretos de la misión. Osorio-Arellanes es, de momento, la única persona relacionada con la operación que ha sido condenada.

La noche del 14 de diciembre de 2010, Osorio-Arellanes caminaba en fila india junto a otros cuatro compañeros en dirección a un grupo de agentes de frontera que los estaba vigilando desde lo alto de una colina a través de sus gafas de visión nocturna. Cuando se acercaron lo suficiente, éstos les dieron el alto gritando “Policía”, en español. El grupo de Osorio-Arellanes comenzó a disparar, iniciando un intercambio de tiros en el que Terry resultó muerto y el mexicano herido de gravedad. Él fue el único detenido en la refriega, el resto logro huir al otro lado de la frontera. Dos fueron detenidos por las autoridades mexicanas y EE UU espera que sean extraditados. Los otros siguen en paradero desconocido.

En el lugar del tiroteo se encontraron dos armas controladas por la operación Rápido y Furioso, a través de la que los agentes federales alentaban la compra de armas por traficantes con la intención de seguir su rastro en México. De las 2.000 armas que formaban parte de la operación, la ATF perdió la huella de 1.400. Dos aparecieron en la frontera, otras se localizaron en escenas de crímenes en México. El descubrimiento de la operación encubierta provocó un profundo malestar en el Gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón, a quien no se había mantenido al tanto de la misma. Durante su mandato, Calderón se destacó por ser muy crítico con la política de armas de su vecino del norte.

Osorio-Arellanes, originario de El Fuerte, Sinaloa, se declaró culpable del asesinato de Terry en 2012, aunque siempre alegó que él no disparó contra el agente, una declaración que avala la propia fiscalía que no ha podido relacionar las dos armas que se encontraron en el lugar del tiroteo con la bala que quitó la vida al policía. No obstante, la acusación considera al mexicano igualmente responsable por haber participado voluntariamente en el intercambio de disparos.

El descubrimiento del fiasco de la operación Rápido y Furioso desató una ola de indignación por parte de los miembros del Congreso, muy críticos con los agentes federales por permitir la compra de armas a traficantes sin proceder a su detención en el mismo instante de la venta. El fiscal de Arizona se vio obligado a dimitir, junto con otros altos funcionarios, por su implicación en la trama. En el Capitolio se formó un comité especial para investigar lo sucedido que terminó acusando al Fiscal General, Eric Holder, de desacato al negarse a facilitar a los legisladores documentos secretos sobre la operación. Previamente, el presidente Barack Obama, había hecho uso de sus privilegios ejecutivos para autorizar a Holder que no presentara los informes al Congreso.

Días después, el comité llamó a declarar al Fiscal General en calidad de responsable político de la pérdida de las armas en el seno de la operación. Un informe del Congreso, finalmente, eximió a Holder de cualquier implicación en el asunto, argumentando que no había pruebas que sustentaran que estaba al tanto de los detalles de Rápido y Furioso.