La presión de Berlusconi fuerza a Letta a suspender el impuesto de vivienda

Berlusconi exige la abolición de la tasa, que abriría una brecha en las precarias finanzas italianas El Ejecutivo de Roma también adopta una ampliación de las prestaciones para parados

El primer ministro italiano, Enrico Letta, el pasado día 10.MAURIZIO BRAMBATTI (EFE)

El nuevo Gobierno italiano, liderado por el dirigente de centroizquierda Enrico Letta y apoyado por una amplia coalición de partidos, celebra este viernes un consejo de ministros en el que se espera que adopte su primer decreto, con los objetivos prioritarios de poner en marcha medidas para la abolición del impuesto a la primera vivienda y ampliar el sistema de prestaciones para desempleados, que en su versión vigente es bastante limitado.

Según relata la prensa italiana, el decreto prevé el aplazamiento d...

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El nuevo Gobierno italiano, liderado por el dirigente de centroizquierda Enrico Letta y apoyado por una amplia coalición de partidos, celebra este viernes un consejo de ministros en el que se espera que adopte su primer decreto, con los objetivos prioritarios de poner en marcha medidas para la abolición del impuesto a la primera vivienda y ampliar el sistema de prestaciones para desempleados, que en su versión vigente es bastante limitado.

Según relata la prensa italiana, el decreto prevé el aplazamiento del pago del impuesto para dar tiempo al Ejecutivo de compensar la perdida de recaudación. El Gobierno se da tiempo hasta el 31 de agosto para completar la reforma.

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Letta se enfrenta desde los primeros pasos a complicadas maniobras de equilibrismo político para mantener unida la heterogénea coalición que lo respalda. El impuesto sobre la vivienda —eliminado por el últimos Gobierno de Silvio Berlusconi, y reintroducido por el de Mario Monti en aras al equilibrio fiscal— es un símbolo de ese pulso interno.

Silvio Berlusconi reclama su abolición como condición ineludible para garantizar su apoyo al Ejecutivo; pero la desaparición del impuesto —muy impopular— abriría una profunda brecha en las cuentas públicas italianas, que sufren un nivel de deuda pública superior al 120% del PIB, y preocupa a las corrientes de la coalición más preocupadas por el equilibrio fiscal, como los centristas de Monti y sectores del Partido Democrático.

El Gobierno también discute a marchas forzadas de la reforma de la ley electoral, considerada por muchos en Italia como ineficaz e injusta, sin que aparezca en el horizonte ningún atisbo de posible acuerdo mientras Berlusconi, animado por buenos resultados en las encuestas, endurece sus exigencias y vetos.

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