Frente cívico contra la delincuencia
Los empresarios y la Iglesia, junto a EE UU y Canadá, demandan al Gobierno de El Salvador una solución inmediata y definitiva contra la vioolencia criminal
El Gobierno de El Salvador está en el ojo del huracán. Atrás queda la imagen de un Ejecutivo combatiendo con dureza la delincuencia, que logró gracias a una millonaria campaña publicitaria: el ex presidente Francisco Flores, primero, y el actual mandatario Elías Antonio Saca, después, anunciaban los planes Mano Dura y Súper Mano Dura. Hoy, los gobernantes ya no saben cómo ocultar sus fracasos e incompetencia —mueren asesinadas entre 10 y 12 personas al día— en seguridad pública. La violencia criminal ha crecido hasta el punto de que los socios políticos del Gobierno así como repres...
El Gobierno de El Salvador está en el ojo del huracán. Atrás queda la imagen de un Ejecutivo combatiendo con dureza la delincuencia, que logró gracias a una millonaria campaña publicitaria: el ex presidente Francisco Flores, primero, y el actual mandatario Elías Antonio Saca, después, anunciaban los planes Mano Dura y Súper Mano Dura. Hoy, los gobernantes ya no saben cómo ocultar sus fracasos e incompetencia —mueren asesinadas entre 10 y 12 personas al día— en seguridad pública. La violencia criminal ha crecido hasta el punto de que los socios políticos del Gobierno así como representantes diplomáticos de EE UU y Canadá han puesto el grito en el cielo.
El primero en desenvainar la espada fue el embajador estadounidense, Douglas Barclay, quien en un discurso ofrecido el lunes pasado ante empresarios, políticos y líderes sociales, llamó a "detener la violencia, ¡ahora!", de lo contrario, señaló, "se detendrá el crecimiento económico, la inversión extranjera y retrocederán los logros del proceso de paz de 1992", cuando concluyó la guerra civil salvadoreña.
Por si fuera poco, Barclay llamó a combatir la corrupción en el Estado, calificó de "gorrones" a los empresarios que no pagan debidamente sus impuestos y cuestionó a la sociedad por no mostrar su "indignación" ante los gobernantes por su incapacidad para frenar la criminalidad.
Sólo en la última semana fueron localizados al menos tres cadáveres mutilados, y otros tres cuerpos sin vida fueron arrojados a sólo unos metros de la Casa Presidencial.
Por su parte, la embajadora de Canadá, Stépfanie Allard-Gómez, señaló que cada día es más complicado convencer a inversores de su país para que hagan negocios en El Salvador, y llamó al Gobierno a tener "voluntad de lograr soluciones de manera unida", en referencia a la polarización política existente.
Funcionarios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y diplomáticos de la Unión Europea (UE) también se sienten "frustrados" y critican la proliferación de grupos de exterminio o de limpieza social, así como la ausencia de una política criminal integral, que incluya el control y la prevención. Sus recomendaciones para controlar la proliferación de armas han sido desoídas. Los datos son alarmantes: existe medio millón de armas en manos de civiles y el 80% de los crímenes se comete con armas de fuego. La tasa de homicidios es de 55,5 por cada 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica y una de las más altas del mundo.
Durante la pasada semana, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), aliada del Gobierno, criticó duramente los planes Mano Dura, alegando que no habían detenido el crimen ni habían sido programas integrales. Los empresarios pidieron que se cambiara de estrategia y se mostraran resultados "a más tardar en dos semanas", de lo contrario, encabezarán un movimiento cívico contra la delincuencia, que además comete 30 extorsiones y 500 asaltos a mano armada a diario. La Iglesia Católica y la Evangélica también se han sumado a esta iniciativa.
El ministro de Gobernación, René Figueroa, defiende, en cambio, los planes aplicados desde 2003, ya que en total se ha encarcelado a más de 4.000 pandilleros. Pero los expertos en seguridad pública, como Miguel Cruz, siempre advirtieron de lo "contraproducente del manodurismo": la represión generará más violencia, las cárceles específicas para los líderes pandilleros crearán una estructura nacional organizada y la ausencia de planes de prevención hará incontrolable el crimen.