La fiscal de Milán pide ocho años de prisión para Berlusconi por sobornar a jueces
Los abogados del primer ministro afirman que no ha sido "una sorpresa" y subrayan que la fiscalía no tiene pruebas
La fiscal de Milán Ilda Boccassini ha pedido hoy ocho años de prisión y la inhabilitación permanente para todo cargo público para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por un presunto delito de soborno a jueces cometido por Il Cavaliere en 1985. El juicio contra Berlusconi comenzó el pasado mes de abril, después de estar paralizado unos meses por una ley de inmunidad aprobada por el Parlamento y declarada luego ilegal por el Tribunal Constitucional.
Durante su alegato ante el tribunal milanés que lleva el caso, la fiscal ha asegurado que existen pruebas que demuestran q...
La fiscal de Milán Ilda Boccassini ha pedido hoy ocho años de prisión y la inhabilitación permanente para todo cargo público para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por un presunto delito de soborno a jueces cometido por Il Cavaliere en 1985. El juicio contra Berlusconi comenzó el pasado mes de abril, después de estar paralizado unos meses por una ley de inmunidad aprobada por el Parlamento y declarada luego ilegal por el Tribunal Constitucional.
Durante su alegato ante el tribunal milanés que lleva el caso, la fiscal ha asegurado que existen pruebas que demuestran que Berlusconi "pagaba a través de [su empresa] Fininvest al juez Renato Squillante y a otro juez, Filippo Verde, para que le favorecieran en distintos intereses". En concreto, siempre según la acusación, Berlusconi pagó a Squillante cierta suma de dinero para que impidiera la venta de la sociedad alimentaria pública SME a un empresario rival, Carlo De Benedetti. El supuesto caso de corrupción se produjo antes de la entrada en política del ahora primer ministro, cuando se dedicaba sólo a los negocios.
Squillante ya fue condenado a ocho años de cárcel por este caso, mientras que el entonces hombre de confianza de Berlusconi, Cesare Previti, fue a su vez condenado a cinco años de prisión por haber hecho de intermediario en el soborno del juez. En su petición, la fiscal Boccasini ha subrayado la gravedad del delito y ha afirmado que "la corrupción de un magistrado toca el pilar en el que se basa un Estado democrático".
El turno de la defensa
También se ha hecho eco de la existencia de documentos bancarios que, según ha asegurado, testimonian la transferencia de más de 400.000 dólares de las cuentas de Fininvest a las del juez Squillante, por mediación de Previti. Se trató de una operación en la que estuvieron implicados "Berlusconi, Previti y Squillante", ha insistido la fiscal.
El juicio contra el resto de los imputados, juzgados en un proceso paralelo al del primer ministro por las continuas incomparecencias de éste, ya se emitieron sentencias en noviembre del año pasado, en su mayoría de condena. Según ha señalado uno de los abogados de Berlusconi, Gaetano Pecorella, la petición de la fiscal "no ha causado ninguna sorpresa". Para la defensa, se trata de "una especie de borrador" en el que "ha hablado de operaciones bancarias efectuadas en épocas que no conciernen a este proceso". "Hay una sola cosa de la que no ha hablado: cuáles son las pruebas que mostrarían que Silvio Berlusconi ha corrompido a jueces", ha manifestado.
Después de la petición de la fiscal, el próximo 19 de noviembre tocará el turno a la parte civil, que representa a la empresa CIR, y el 3 de diciembre serán los abogados de Berlusconi los que presenten su defensa. Ese mismo día, el Tribunal de Milán se reunirá para emitir la sentencia.