EE UU inicia el proceso para cambiar su sistema electoral
La nueva ley, que ha contado con un amplio apoyo, llega un año después de las conflictivas elecciones que dieron el poder a Bush
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado la reforma del sistema electoral con una ley a la que destina 2.650 millones de dólares (cerca de 2.400 millones de euros). La medida, que llega un año después de las reñidas elecciones presidenciales que finalmente dieron el triunfo a George W. Bush frente al candidato demócrata Al Gore, pretende acabar con todas las carencias que aquel escrutinio dejó en evidencia.
La nueva ley electoral, que ha contado con un amplio apoyo tanto de republicanos como demócratas en la Cámara de Representantes, lo que se tradujo en una aprobación ...
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La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado la reforma del sistema electoral con una ley a la que destina 2.650 millones de dólares (cerca de 2.400 millones de euros). La medida, que llega un año después de las reñidas elecciones presidenciales que finalmente dieron el triunfo a George W. Bush frente al candidato demócrata Al Gore, pretende acabar con todas las carencias que aquel escrutinio dejó en evidencia.
La nueva ley electoral, que ha contado con un amplio apoyo tanto de republicanos como demócratas en la Cámara de Representantes, lo que se tradujo en una aprobación por 362 votos contra 63, concede por primera vez fondos federales para el sistema de votación y escrutinio, que está en manos de los estados y los condados. El presidente George W. Bush, que accedió a la Casa Blanca después de que el Tribunal Supremo ordenara detener los recuentos más de un mes después de la celebración de los comicios presidenciales, calificó la iniciativa como "un buen comienzo".
La ley otorga a los estados 360 millones de euros para mejorar las obsoletas máquinas de recuento, que en la elección del año pasado fueron, junto al defectuoso diseño de muchas de las papeletas, la fuente principal de innumerables problemas que derivaron en engorrosos pleitos judiciales. Asimismo, los estados recibirán ayuda para la formación de funcionarios electorales y para modernizar los registros de ciudadanos y establecer los criterios de escrutinio que deberán ser aplicados en caso de que surjan problemas.