La incómoda falta de debates en el Congreso

El gasto en política de defensa y los problemas que plantea la seguridad en Europa tienen que ser debatidos en el Congreso de los Diputados y es responsabilidad del presidente del Gobierno, de nadie más, convocar ese debate y mantenerlo abierto cuanto tiempo haga falta. No se trata solo de las comparecencias obligadas para dar cuenta de las reuniones del Consejo Europeo, sino de informar a los grupos y, a través de ellos, a los ...

El gasto en política de defensa y los problemas que plantea la seguridad en Europa tienen que ser debatidos en el Congreso de los Diputados y es responsabilidad del presidente del Gobierno, de nadie más, convocar ese debate y mantenerlo abierto cuanto tiempo haga falta. No se trata solo de las comparecencias obligadas para dar cuenta de las reuniones del Consejo Europeo, sino de informar a los grupos y, a través de ellos, a los ciudadanos en su conjunto, de la situación en Europa, los problemas de seguridad y la posición del Gobierno de España. No es suficiente una conferencia de prensa en La Moncloa, ni el resumen de los consejos de Bruselas. Hace falta un debate específico, abierto y serio.

El hecho es que las circunstancias internacionales obligan a producir un cambio fundamental en la política de defensa de este país. La UE necesita aumentar su gasto militar para tener suficiente capacidad disuasoria frente a quienes pretenden alterar o destruir su modo de vida, pero, precisamente por eso, no tendría sentido que fueran los mismos europeos, empezando por los españoles, los que, aplastados por las presiones, destruyeran ese modo de vida, que se resume en tres palabras: Estado de bienestar. Ese es el debate abierto en Europa. Nada de eso se producirá en España, asegura el presidente del Gobierno, pero donde tiene que adquirir ese compromiso no es ante los periodistas, sino en la sede de la soberanía popular, es decir el Congreso de los Diputados.

El gran debate europeo es cómo conciliar las dos urgencias, ser capaz de disuadir cualquier ataque sin diluir el Estado de bienestar, que garantiza esa cohesión europea. Las presiones serán formidables y sería inconcebible que el debate se hurtara al Parlamento español. Promoverlo es responsabilidad de Pedro Sánchez. Después, cada grupo aguantará su vela. Por el momento, se ignora la del principal partido de la oposición, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, no termina de anunciar una posición clara. La única postura clara en este momento es la de Podemos, rechazo del gasto militar, un lema que puede convertirse en su bandera electoral, aunque no está de más recordar que Bertrand Russell, que mantuvo una postura rotundamente pacifista en la I Guerra Mundial, hasta el extremo de que fue encarcelado seis meses por ello, cambió de posición en la II: “La izquierda quiere mandar una delegación al Etna y pedirle que no entre en erupción”, escribió.

La cuestión es que estamos a mitad de la XV legislatura y todo parece indicar que, desgraciadamente, en esta segunda etapa, pese a todo, el protagonista no va a ser el Parlamento, sino el Tribunal Constitucional, pendientes todos no solo de los términos de su sentencia sobre la ley de amnistía, sino también sobre el articulado de la llamada ley del solo sí es sí o sobre la posibilidad de delegar funciones exclusivas del Estado. Va a haber mucho más debate en el Tribunal Constitucional que en el Congreso de los Diputados. Como escribió el exministro Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona en su reciente libro De derecho, política y democracia. 1962-2024: “El cambio climático en nuestro país consiste en una degradación del diálogo político, en un encono y unos enfrentamientos verbales parlamentarios que causan sonrojo”.

La Moncloa cree que la legislatura puede llegar a término incluso sin nuevos Presupuestos y sin mayores debates. Opina que puede resistir basándose en los avances sociales del primer periodo (mejora del salario mínimo, subida de pensiones, incremento del gasto sanitario) y en la intensa actividad internacional del presidente del Gobierno. Es posible, pero la lista de los serios problemas que persistirán durante el resto de la legislatura es larga. El principal es el deterioro de las instituciones democráticas: Tribunal Supremo (enfrascado en una pelea con el Tribunal Constitucional), la Fiscalía General del Estado (sometido su titular a una insólita investigación judicial), el Banco de España (con otro exministro al frente, muy capacitado, pero rechazado por la oposición). Incluso es un problema democrático el deterioro del principal partido de la oposición, el PP, hundido en el agujero negro en el que le ha metido Carlos Mazón. Todo ello acompañado por el mencionado deterioro del Congreso, que es capaz de ir aprobando leyes (25 hasta el momento), pero incapaz de promover un debate político ordenado.