La oposición del PP finaliza la temporada desgañitada por la hipérbole
El ‘trilema’ está en reducir la deuda, aumentar la inversión y mantener el Estado de Bienestar
Finaliza la temporada y no se ha cumplido ninguno de los pronósticos hiperbólicos de la oposición: ni España se ha roto, ni España se ha hundido, ni España ha dejado de ser una democracia plena según indican todos los medidores internacionales de calidad de la democracia. Ello da una tremenda sensación de inutilidad a las estrategias utilizadas. Ello no significa, ni mucho menos, que todo vaya bien. Que el 18% de los ciudadanos crea que la economía está en crisis cuando encadena ya casi cuatro años seguidos de crecimiento no se debe sólo, como sostiene el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez,...
Finaliza la temporada y no se ha cumplido ninguno de los pronósticos hiperbólicos de la oposición: ni España se ha roto, ni España se ha hundido, ni España ha dejado de ser una democracia plena según indican todos los medidores internacionales de calidad de la democracia. Ello da una tremenda sensación de inutilidad a las estrategias utilizadas. Ello no significa, ni mucho menos, que todo vaya bien. Que el 18% de los ciudadanos crea que la economía está en crisis cuando encadena ya casi cuatro años seguidos de crecimiento no se debe sólo, como sostiene el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a la efectividad de los bulos expandidos, sino también a esa “recesión de los sentimientos” (Carlos Cuerpo, ministro de Economía, dixit), que significa que a muchos ciudadanos no les está llegando la mejora de la coyuntura económica.
Parece mentira que en el contexto del último debate parlamentario en el Congreso, Núñez Feijóo no aprovechase los datos económicos para darles la vuelta en lo que es posible. La endeblez de su discurso económico es cada vez más ostentosa. Sobre todo teniendo en cuenta las cada vez mayores dificultades para diferenciar economía y política. El Gobierno había hecho público el techo de gasto (el gasto no financiero sin fondos europeos) para 2025, que es el disparo de salida para elaborar los presupuestos generales del Estado del año que viene. Aumentará un 3,2%, que en un entorno de inflación del 3% es como decir que ese gasto está congelado. No como en el lustro pasado, desde que hubo que hacer frente a las consecuencias de la covid. A través de un nuevo decreto se había conocido poco antes la retirada gradual del plan anticrisis.
Los portavoces del Gobierno están anunciando un inicio de consolidación fiscal y el final de las políticas de alegría, sin que sepamos qué opina de ello el PP. Sin duda se guarda para el debate de los presupuestos del año que viene. En septiembre, el Gobierno presentará en Bruselas un plan fiscal para ser negociado con la nueva Comisión, pero ya nos preanuncia un cambio de tendencia. Sin decirlo explícitamente se está acabando la etapa de la barra libre instaurada en los países desde el primer semestre del año 2020, cuando el Gran Confinamiento.
Esta etapa de consolidación —nada que ver con los “hombres de negro” y el austericidio del año 2008 y siguientes— tendrá que combinarse con un gran esfuerzo inversor en un momento en que se juega el futuro de Europa. Carlos Cuerpo indica que hay dos niveles de inversión, el nacional y el comunitario. La alemana Ursula von der Leyen propuso una nueva prioridad en la votación para repetir al frente de la Comisión Europea: un plan europeo de vivienda. Ello se une a un shock inversor inmediato si Europa no quiere distanciarse más de EE UU y China y ser autosuficiente en productos y servicios estratégicos. Entre los retos inmediatos están las inversiones en tecnologías clave para las transiciones climática (descarbonización total) y digital; apoyo a las industrias estratégicas para que no pierdan competitividad frente a las ayudas y el proteccionismo americano y chino; y gasto en seguridad y defensa en un momento, además, de la guerra de Ucrania que exige grandes esfuerzos para sostener a ese país frente a la agresión rusa, etcétera. Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo a quien la Comisión ha pedido un informe que todavía no se ha hecho público, ha estimado —en una reunión de ministros de Finanzas de la UE— una factura de medio billón de euros. Su sucesora, Christine Lagarde, en la misma reunión habló de 800.000 millones de euros.
Combinar la reducción de la deuda y el déficit públicos con un gran esfuerzo inversor sin debilitar el Estado de bienestar, como temen los sindicatos, es el trilema en el que están implicados todos los países y las fuerzas políticas que creen en Europa. Por ello resulta sorprendente la ausencia de cualquier debate nacional y el hecho de que el ministro de Economía siga siendo ignorado por la oposición en el Congreso de los Diputados, para dar explicaciones.
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