Israel y democracia: de cómo la justicia frenó las manipulaciones de Netanyahu

La semana pasada el Tribunal Supremo de Israel se pronunció sobre dos importantes proyectos de ley impulsados como parte de una reforma judicial por el Gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu. La decisión de rechazar el primero y demorar la activación del segundo hasta después de las próximas elecciones presidenciales supone una victoria histórica para las fuerzas democráticas del país....

La semana pasada el Tribunal Supremo de Israel se pronunció sobre dos importantes proyectos de ley impulsados como parte de una reforma judicial por el Gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu. La decisión de rechazar el primero y demorar la activación del segundo hasta después de las próximas elecciones presidenciales supone una victoria histórica para las fuerzas democráticas del país.

El primero de los proyectos de ley hubiera eliminado el poder del Tribunal Supremo para bloquear decisiones gubernamentales “extremadamente irrazonables”. El segundo proyecto de ley —a la medida de Netanyahu, que actualmente enfrenta cargos judiciales por corrupción— procuraba impedir que el fiscal general lo inhabilitara para ocupar el cargo si intentaba interferir con el proceso penal, y estipulaba que solo se podía declarar incapacitado al primer ministro por razones de salud. La Kneset aprobó los proyectos de ley durante el verano como enmiendas a las leyes fundamentales de Israel, que funcionan de hecho como la Constitución del país.

Esos fallos marcan un punto de inflexión para la democracia israelí: con la anulación de la reforma judicial impulsada por el Gobierno, el Tribunal Supremo rechaza la noción de que la unidad en tiempos de guerra requiere tolerar que Netanyahu erosione las normas democráticas. Con una estrecha mayoría de ocho a siete, el Supremo confirma la norma sobre la razonabilidad y reprende a la coalición gobernante por causar “daños graves y sin precedentes” al carácter democrático de Israel.

Además, 12 de los 15 jueces del Supremo se pronunciaron a favor de la autoridad de ese tribunal para revisar, e incluso anular, leyes fundamentales que socaven la identidad israelí como Estado judío y democrático. Eso implica rechazar el argumento del Gobierno de que las leyes fundamentales deben quedar exentas de revisión judicial, incluso de ser aprobadas por la mayoría simple de la Kneset.

La coalición de belicistas, colonos mesiánicos y oportunistas en el poder seguirá intentando implementar su agenda autoritaria

Dicho eso, la decisión del Supremo representa un cambio radical respecto de su tradicional reticencia a pronunciarse sobre las leyes fundamentales. Como Israel no cuenta con una Constitución formal, esas leyes funcionan como marco legal fundacional para delinear las responsabilidades estatales y salvaguardar los derechos civiles fundamentales; pero el Gobierno de Netanyahu aprovechó la política de no interferencia del Supremo para utilizar todas las oportunidades posibles para manipular las leyes fundamentales en beneficio personal y político de Netanyahu. Con su último fallo, los jueces buscan poner fin a esa práctica.

La decisión del Supremo de anular la reforma judicial de Netanyahu también representa una gran victoria para los cientos de miles de israelíes que salieron a la calle el año pasado para protestar contra ella. Esas concentraciones masivas pusieron de relieve el conflicto en curso entre dos visiones opuestas sobre el futuro de Israel, una grieta que quedó momentáneamente eclipsada cuando Hamás masacró a ciudadanos israelíes el 7 de octubre. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, Netanyahu y sus aliados —cuya negligencia llevó al peor ataque terrorista de la historia israelí— trataron de echar la culpa a los manifestantes y al Tribunal Supremo: al exponer las fisuras internas del país, sostienen, los manifestantes alentaron involuntariamente el ataque de Hamás.

Pero resulta extremamente claro que fue la reforma judicial impulsada por parte del Gobierno, no las protestas en su contra, lo que dividió a la sociedad israelí. De todas formas, los aliados de Netanyahu —entre ellos, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, cuyos partidarios, colonos de extrema derecha, han sido los principales impulsores de la campaña para debilitar al Poder Judicial— arremetieron contra el Supremo por “debilitar el ánimo” de los soldados que combaten en Gaza.

Netanyahu, por su parte, parece considerar la guerra contra Hamás como una suerte de póliza de seguro. Su gestión de la guerra está intrincadamente ligada a proteger su supervivencia política, lo que refleja que aparentemente está convencido de que la única manera de mitigar las repercusiones adversas de la divisoria reforma judicial, así como su responsabilidad en el ataque del 7 de octubre, es una victoria decisiva sobre Hamás, sin importar lo que cueste.

El deseo de salvar su carrera política también explica que Netanyahu rehúse asumir la responsabilidad por sus errores garrafales que han puesto a Israel en la situación en la que se encuentra hoy. Todos los militares de mayor jerarquía, desde el presidente del Estado Mayor hasta los jefes de la inteligencia militar y de la Agencia de Seguridad Israelí (Shin Bet), han reconocido sus errores y han prometido renunciar a sus cargos cuando termine la guerra, pero Netanyahu, que una vez afirmó que un Hamás fuerte en Gaza es “nuestra forma de evitar la creación de un Estado palestino”, continúa eludiendo la responsabilidad, repitiendo su nuevo mantra: “Después de la guerra”.

Antes del 7 de octubre, muchos reservistas militares y pilotos de combate participaron activamente en protestas masivas contra la reforma judicial impulsada por el gobierno. Algunos llegaron incluso a amenazar con dejar de cumplir sus funciones. Aunque su preocupación principal era la democracia israelí, entendían además que, como personal militar, un Poder Judicial independiente que cuente con el respeto internacional también los protege contra posibles enjuiciamientos en los tribunales internacionales. Lamentablemente, no tuvo que pasar mucho tiempo para que los peores temores de esos reservistas se materializaran.

El devastador coste en vidas humanas de la guerra de Gaza expone a los líderes y soldados israelíes a ser acusados de crímenes de guerra. Este mes, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya evaluará las acusaciones de genocidio que Sudáfrica ha presentado contra Israel. En su defensa, se prevé que Israel reste importancia a las amenazas salvajes y a la retórica genocida que emplearon los socios de la coalición de Netanyahu (que reforzaron las acusaciones de Sudáfrica) y destaque el prestigio internacional del Tribunal Supremo.

Aunque se frustró el intento de golpe judicial de Netanyahu, podría tratarse de una victoria efímera. La coalición de belicistas, colonos mesiánicos y oportunistas cínicos de Netanyahu se mantiene intacta y seguirá intentando implementar su agenda autoritaria. Además, la mayoría progresista del Tribunal Supremo que anuló la reforma judicial impulsada por el Gobierno desaparece con la jubilación de las juezas Esther Hayut y Anat Baron.

El significado del hito que marcó la decisión del Tribunal Supremo, especialmente en medio de una guerra existencial, es importantísimo. La mayoría con tendencia progresista del Supremo demostró ser una aliada indispensable de las fuerzas democráticas que se oponen a los extremistas, que perciben la guerra de Gaza como una oportunidad para llevar a cabo su visión del Gran Israel, del Mediterráneo al río Jordán, pero la reciente victoria de esas fuerzas es apenas una parte de una batalla más amplia por el alma de Israel, una batalla que continúa a la sombra de la guerra en curso.

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