Los políticos asumen riesgos, los tribunales, no
Los magistrados del Constitucional no pueden invalidar una parte de la Constitución ni expresar opiniones políticas
Tomar riesgos significa, según el Diccionario de la Real Academia, tomar decisiones próximas a un daño. Los políticos asumen riesgos. Los tribunales, no. El Tribunal Constitucional no es un órgano político, sino jurisdiccional, y está obligado a basar sus decisiones en la racionalidad jurídica, dentro de normas acotadas. Los magistrados del Constitucional no pueden invalidar una parte de la Constitución ni expresar opiniones políticas. Pueden ser conservadores o progresistas, pero no aceptar instrucciones ni del PP ni del PSOE porque ello provocaría escándalo en el mundo jurídico al que perten...
Tomar riesgos significa, según el Diccionario de la Real Academia, tomar decisiones próximas a un daño. Los políticos asumen riesgos. Los tribunales, no. El Tribunal Constitucional no es un órgano político, sino jurisdiccional, y está obligado a basar sus decisiones en la racionalidad jurídica, dentro de normas acotadas. Los magistrados del Constitucional no pueden invalidar una parte de la Constitución ni expresar opiniones políticas. Pueden ser conservadores o progresistas, pero no aceptar instrucciones ni del PP ni del PSOE porque ello provocaría escándalo en el mundo jurídico al que pertenecen y porque ser motivo de escándalo atenta contra el derecho. Conviene recordar cosas tan simples estos días a magistrados y políticos porque son momentos difíciles, en los que hay que tener mucho cuidado.
Los políticos sí suelen tomar riesgos y bordear daños. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es el primero que lo hace. Según sus propias palabras, las decisiones que ha tomado respecto a la desaparición del delito de sedición y la reforma del delito de malversación pertenecen a ese género, son “arriesgadas” y, efectivamente, bordean daños.
El problema está, además, en el caso de los implicados en el intento de secesión unilateral de Cataluña, en las distintas interpretaciones de los protagonistas. El presidente del Gobierno afirma que se trata de “devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados”. Para Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y uno de los protagonistas de aquellos hechos, se trata de dejar claro para el futuro que organizar consultas unilaterales con dinero público no implica malversación ni tampoco sedición. “El referéndum del 1-O [1 de octubre] no fue delito”, mantiene. Para Junqueras, que sigue defendiendo la vía unilateral, organizar una consulta no debe estar, ni está ya, en el Código Penal.
¿No sucedería nada, entonces, en caso de un nuevo referéndum unilateral organizado desde la propia Generalitat? Bueno, si se producen desórdenes públicos, acontecimientos violentos en la calle, según la nueva ley se podrá aplicar un nuevo delito: desórdenes públicos agravados. Y, por supuesto, al margen de lo que piense Oriol Junqueras y de los motivos que muevan a Pedro Sánchez a tomar esos riesgos, está claro que el gobierno de turno siempre dispondrá de una poderosa herramienta, el artículo 155 de la Constitución, que permite dejar sin efecto los poderes de un gobierno autonómico y asumir directamente todo tipo de decisiones que afecten a ese territorio.
Se trata de un texto un poco ambiguo, pero muy contundente. Se puede aplicar “si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”. La cuestión es que, al no existir ya instrumentos intermedios, el 155 parece convertirse en un artículo de primera necesidad, de aplicación mucho más automática e inmediata que en la ocasión anterior, cuando no se empleó, por ejemplo, con motivo de la celebración del referéndum proclamado ilegal, pero sí cuando se produjo la declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre, con su asombrosa y antidemocrática ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.
En plena celebración del referéndum del 1-O, Pedro Sánchez, entonces en la oposición, dijo: “Nosotros, que siempre hemos defendido el autogobierno de Cataluña, pensamos que, si las fuerzas independentistas lo sitúan fuera de la legalidad, el Gobierno de España tiene la obligación, la responsabilidad, de aplicar el 155, tal y como prevé la Constitución”. De hecho, Sánchez reprochó al entonces presidente Mariano Rajoy que hubiera dudado tanto antes de aplicar la suspensión de la autonomía. Es verdad que el 155 sacaría el conflicto de los juzgados y lo metería de lleno en la política (es una iniciativa del Gobierno, refrendada por el Senado). Otra cosa es que el remedio sea mejor que la enfermedad.
No es fácil calcular los daños cuando se toman decisiones arriesgadas. Está, por ejemplo, el caso del Brexit. Arriesgada fue la decisión del primer ministro David Cameron de convocar el referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en 2016. Totalmente confiado en su buena estrella (y en los sondeos), bordeó un daño… y cayó de lleno en él. Es un gran precedente de algo muy peligroso en política: demasiada confianza y demasiado riesgo.
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