Lo que importa es la no reincidencia

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hizo público esta semana su obligado informe sobre las solicitudes de indulto relativas a las nueve personas que fueron condenadas por delito de sedición y a las tres que lo fueron por desobediencia en relación con el llamado procés y la declaración unilateral de independencia que se produjo en Cataluña en octubre de 2017. En todos los casos, el TS estima que no se cumplen las condiciones que fija la ley para la me...

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hizo público esta semana su obligado informe sobre las solicitudes de indulto relativas a las nueve personas que fueron condenadas por delito de sedición y a las tres que lo fueron por desobediencia en relación con el llamado procés y la declaración unilateral de independencia que se produjo en Cataluña en octubre de 2017. En todos los casos, el TS estima que no se cumplen las condiciones que fija la ley para la medida de gracia, incluso parcial. El informe del Supremo no es vinculante, así que la decisión final queda en manos del Gobierno. Lo que importa ahora es que esa decisión esté razonablemente basada en la convicción de que los indultados no volverán a cometer el mismo delito.

Los indultos no revocan sentencias, los delitos cometidos siguen existiendo, y lo que se modera, alegando diversas razones, entre ellas la utilidad pública, es la pena correspondiente. Y es prerrogativa del Ejecutivo apreciar en qué consiste esa conveniencia pública. Es cierto que en este caso el Supremo no ha apreciado el menor indicio de arrepentimiento por parte de los implicados, pero, sin entrar en cuestiones jurídicas, desde un punto de vista político lo que importa no es tanto el arrepentimiento, sino la seguridad de que no habrá reincidencia. Y reincidir no tiene nada que ver con manifestarse una y otra vez a favor de la independencia, lo que es un derecho, sino con decisiones antidemocráticas unilaterales. Es esa convicción (es decir, la seguridad de que existe el compromiso de renunciar plenamente a la vía unilateral) lo que justificaría la aplicación de los indultos. Sin esa convicción, sin estar seguro de que no va a tropezar en algún tiempo con el mismo escenario y con los mismos protagonistas, no parece concebible que ningún Gobierno del mundo se pueda arriesgar a indultar a ningún reo.

No tendría sentido que el Gobierno aplicara las medidas de gracia, que necesariamente serían parciales, como pago de un apoyo parlamentario, tal y como reprocha parte de la oposición al presidente Pedro Sánchez, porque el riesgo, suyo y de su partido, sería demasiado formidable como para ignorarlo. Por el contrario, el sistema democrático se fortalecería si los indultos respondieran a ese marco de compromiso por una parte importante de los independentistas. La utilidad pública sería entonces evidente porque ayudaría a pacificar la situación política en Cataluña y, consecuentemente, también en el resto de España. Los resultados de las últimas elecciones catalanas, en las que los independentistas lograron mayoría parlamentaria pero perdieron más de 700.000 votos, que no se justifican solo por la pandemia, ayudan a pensar que los indultos ahondarían en la desinflamación sectaria.

Importaría mucho que la derecha española ayudara a establecer ese marco de diálogo porque, en caso contrario, se está situando a sí misma en una posición imposible para el momento, en el futuro, en que sea llamada a gobernar. El PP corre el riesgo de cerrarse todas las vías de diálogo en Cataluña a cambio de acorralar ahora mismo al actual Gobierno. En política, ese tipo de cálculo suele ser perdedor porque abocaría al PP a incluir una única e inquietante salida en su futuro programa electoral: aplicación continuada del artículo 155 de la Constitución. Una propuesta que debería aterrar no solo a quienes la sufrieran, sino a todos quienes siguen confiando en el sistema autonómico establecido en la Constitución de 1978. La división en dos bloques políticos con enfoques radicalmente opuestos en cuanto a la organización del Estado es una perspectiva descorazonadora para este país en su conjunto, porque es imposible creer que la tensión entre territorios vaya a desaparecer en un futuro próximo.

La decisión de Pablo Casado de negar cualquier aproximación con el Gobierno en temas de Estado es cada día más evidente y a veces lleva al dirigente popular a situaciones imposibles. Por ejemplo, esgrimir los eventuales indultos como argumento para seguir bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿No había explicado antes que esa renovación era imposible mientras Podemos fuera parte de la coalición gubernamental? ¿No aseguró en otro momento que lo bloquearía mientras estuviera en la terna determinado juez que le irrita? ¿Casado amenaza con una medida anticonstitucional (bloquear los órganos de gobierno de instituciones del Estado) para impedir indultos que le parecen inconstitucionales?

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