Bárbara Rey y sus dos hijos, a juicio por presunto alzamiento de bienes
La Fiscalía pide tres años y seis meses de prisión para la actriz y exvedete. En el banquillo también se sentarán su hermana y otros familiares que la ayudaron a deshacerse de viviendas para evitar el pago de una deuda a Hacienda de 143.902,24 euros
Bárbara Rey (Totana, Región de Murcia, 73 años) fue la persona escogida, en 1979, para ser imagen de la nueva ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). En el anuncio, la actriz y exvedete pedía a los ciudadanos españoles que hicieran la declaración de la renta y no mintieran a Hacienda. “No se puede ser feliz engañando, por eso...
Bárbara Rey (Totana, Región de Murcia, 73 años) fue la persona escogida, en 1979, para ser imagen de la nueva ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). En el anuncio, la actriz y exvedete pedía a los ciudadanos españoles que hicieran la declaración de la renta y no mintieran a Hacienda. “No se puede ser feliz engañando, por eso Ángel [Cristo] y yo siempre decimos la verdad, también a Hacienda”, explicaba por aquel entonces a cámara. Las cosas han cambiado y cuatro décadas después será ella quien se siente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusada de presunto alzamiento de bienes. Además de la actriz, han sido acusados sus dos hijos, Sofía Cristo y Ángel Cristo, una hermana de Rey y otras tres personas.
La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para ella, acusada de maniobrar para ocultar sus bienes y no tener que pagar la deuda de más de 140.000 euros que tenía con la Agencia Tributaria. El fiscal solicita para sus hijos y su hermana dos años y seis meses de prisión. Previsto inicialmente para el próximo lunes, 19 de junio, la Audiencia Provincial de Madrid ha aplazado este viernes el juicio por encontrarse en paradero desconocido uno de los tres acusados. Cuando llegue el día, en el banquillo acompañarán a Bárbara Rey familiares y amigos que, según la acusación, la ayudaron a deshacerse de sus bienes para evitar el pago de la deuda y provocaron “una situación de indefensión económica”.
Los hechos se remontan al 10 de mayo de 2011, cuando la Agencia Tributaria comenzó una inspección en relación con el pago del IRPF de los periodos fiscales comprendidos entre 2006 y 2008. Un año más tarde, comenzó la investigación de los dos años fiscales, por importes de 135.031,21 euros en 2006 y 131.568,98 euros en el ejercicio del 2007/2008. Dichas actas fueron notificadas a Bárbara Rey el 12 de febrero de 2013, que tenía un plazo de más de un mes para ingresar de manera voluntaria el dinero. Ante la falta de respuesta de la vedete, el 18 de julio de ese mismo año se dictaron sendos acuerdos de imposición de sanciones que también le fueron notificados: 51.496, 62 euros y 60.675,47 euros, respectivamente. En total, Hacienda le reclamaba una multa de más de 110.000 euros, que nunca pagó.
Según el relato de la acusación, Rey puso en marcha una operación para conseguir que sus bienes no estuvieran a su nombre, a sabiendas de que la AEAT había comenzado una investigación: “Con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago y de frustrar las legítimas expectativas de cobro de la AEAT, se puso en contacto con varios familiares para actuar en ‘connivencia’ a fin de llevar a cabo la realización de ciertos actos de disposición patrimonial que tenían como objetivo la finalidad de generar la quiebra de las deudas contraídas, haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares”. Además de su hermana y sus dos hijos, en la denuncia también aparecen dos de sus sobrinos, que ayudaron a la actriz a deshacerse de fincas que tenía ubicadas en Madrid y Málaga, así como de las participaciones que tenía en diversas empresas.
La Fiscalía detalla en la denuncia un total de 13 operaciones en las que se intentó provocar una situación de indefensión económica por parte de la acusada que imposibilitó “satisfacer los créditos reclamados por la AEAT” al mostrarse en situación de insolvencia fingida. Seis años después del comienzo de la investigación, en 2017 todavía no estaba solventada la deuda pendiente de ingreso de 143.903,23 euros.