Fuera la caldera, bienvenida la bomba de calor
El Gobierno lanza un sistema de certificados de ahorro energético (CAE) para particulares y empresas. Se prevé que la medida movilice este año 1.372 millones en el sector
El Teatro Real fue la primera entidad en solicitar un certificado de ahorro energético (CAE). Un sistema puesto en marcha en noviembre de 2023 por el Gobierno que permite recuperar parte de la inversión realizada en eficiencia energética a particulares y empresas y acelerar así el alcance del objetivo europeo en esta materia a 2030, que se endureció con la nueva directiva al fijar una reducción de, al menos, el 11,7% del consumo de energía (hasta los 763 millones de toneladas equivalentes de petróleo). En España, esto significa un ahorro acumulado a dicha fecha de 54.400 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep), es decir, 3,4 veces más que la meta anterior.
La demanda de luz de este edificio de interés cultural era de 7 GWh/año. Ahora, tras renovar su sistema de climatización, la cifra cayó por debajo de cuatro. “Hemos reducido el consumo casi a la mitad, un 48%”, recoge un comunicado. Esto supone 963.159 kWh/año menos. “El equivalente a dejar de emitir 263 toneladas de CO2″.
Ese ahorro obtenido fue vendido a Endesa X, la filial de servicios de la eléctrica italiana, que como sujeto delegado acreditado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se encarga de solicitar la certificación y verificación de la actuación. Esta figura se copia del sistema francés, referencia para el diseño del mecanismo español al operar desde hace 14 años. Solo los sujetos obligados —petroleras, gasistas y eléctricas— y los sujetos delegados pueden solicitarlos, explicó Mar Blazquez, subdirectora general adjunta de eficiencia energética en el Miteco, en un encuentro con los medios.
Esto se debe a que, por ley, estas empresas (455 en este ejercicio) tienen la obligación de conseguir ahorros anuales —4.298,61 GWh en 2024, según orden ministerial de marzo y que el Miteco publica cada año— a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al que se aporta un monto concreto cada ejercicio, o desde 2023 mediante CAE. Así, de los 783,5 millones de euros que deben desembolsar las empresas este año, el 65% puede liquidarse con este sistema. En 2025 y 2026, será del 80% y 90%, respectivamente. La francesa Veolia es otro sujeto delegado. “A la fecha tramitamos actuaciones singulares y del catálogo (bombas de calor en sustitución de calderas y enfriadoras), donde el ahorro resultante de valoración del CAE puede representar un 50% de la inversión”, comentan. O hasta el 60%, según el Ejecutivo.
De los 5,3 millones que el Teatro Real invirtió y que fue subvencionado en su totalidad con fondos europeos, la entidad recuperó 102.560 euros tras la comprobación de Aenor, que fue la firma verificadora. En España se introdujo esta figura, a diferencia de Francia, para dar una mayor credibilidad y solidez al sistema, indicó Blazquez. En el país galo y en Italia, donde también funciona, hubo casos de fraude.
Las autonomías, Madrid en este ejemplo, son las que emiten el dictamen favorable o desfavorable (en 2-3 semanas las estandarizadas, en 1-2 meses las singulares), al tener competencia en este campo. Y la Dirección General de Política Energética y Minas del Miteco es el coordinador nacional, el regulador del sistema, del registro nacional del ahorro y de su liquidación.
Dificultades
Una vez certificada, aprobada por la autonomía y compensada al propietario la medida de eficiencia energética, el sujeto obligado o delegado puede liquidar el CAE para cumplir con sus compromisos, o revenderlo en el mercado secundario. Hasta abril de este año se tramitaron 44,5 GWh en 10 comunidades, de los cuales 17,46 GWh estaban ya certificados, según datos del Miteco. El sistema cuenta con 52 fichas estandarizadas y en breve se incorporarán 58 más, que se usan en intervenciones sencillas como el cambio de una caldera o luminaria en un hogar (la del Teatro Real era singular y conllevaba otra metodología de cálculo y más tiempo). El Ejecutivo prevé que la medida movilice este año 1.372 millones de inversión y 41.413 millones en total hasta 2030.
“Es una oportunidad para las organizaciones porque logran sus objetivos de descarbonización y monetizan el ahorro de energía; las inversiones son mucho más atractivas”, valora Juan Manuel García, mánager de energía de Aenor. Entre las dificultades, García apunta que son más a título administrativo: “Un trámite que no se haya iniciado o terminado: un certificado de final de obras se me ocurre o que los datos no encajen con los epígrafes de la ficha; todo ello solventable”. Algo que corroboran en Veolia: “El principal escollo, que solucionamos, suele ser el de tener toda la documentación que se exige: fotos de antes y después, registros de consumo, fichas técnicas...”. García tranquiliza: “No hay que tener miedo a la verificación, ha de hacerse bien y estar bien soportada”.
“Que el Teatro Real contara con un certificado y un estudio energético del edificio, una línea base de funcionamiento, una ISO 50.000 o un protocolo de verificación, que las medidas tomadas estén dentro de los parámetros que marca la normativa, facilitó el proceso”, detalló Nuria Gallego, directora de infraestructuras y servicios generales de la institución, en una jornada divulgativa celebrada el mes pasado en el Instituto de la Ingeniería de España. También contar con un tercero que lo verifique; la consultora SinCeO2 fue la firma elegida en su caso. “Es una oportunidad, que consigas ahorros y, encima, te lo paguen”, dice. Con el dinero recibido, la institución sustituirá los sistemas de refrigeración que atienden a las salas de equipos críticos (regulación de iluminación escénica), unos 50 MW al año menos.
Requisitos
El mínimo exigido para solicitar un certificado de ahorro energético (CAE) es de 30 MWh al año. Si es inferior, puede venderlo a una instaladora acreditada y, una vez alcance la suma requerida, traspasarlo al sujeto obligado o delegado. Y solo se paga por el ahorro logrado en un año.
La compra de los CAE, que es una transacción privada entre dos partes, será atractiva para los sujetos obligados y delegados si el coste es menor que el pago al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Esa equivalencia financiera, que varía, es de 182 euros/MWh en 2024.
Sin embargo, hay excepciones. Las actuaciones realizadas en el sector de generación y transporte de energía a nivel nacional no pueden beneficiarse del sistema. “Su propio sector natural, que es generación y distribución, no entra”, aclara Mar Blazquez, del Miteco. Tampoco, desde el 1 de enero de 2024, las que se realicen en el núcleo de combustión de una fuente de energía fósil, salvo las empresas energéticamente intensivas hasta 2030. Una medida que peleó España en Bruselas para favorecer la competitividad de la industria.