El Gobierno aprueba el primer paso para terminar el tren a Navalcarnero

El Gobierno ha dado un paso fundamental para que el tren a Navalcarnero, una infraestructura fallida que se remonta a la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de Madrid, deje de ser un tren a ninguna parte. El Ministerio de Transportes ha iniciado el proceso de licitación del contrato para desarrollar el estudio de viabilidad de la prolongación de la conexión ferroviaria de Cercanías desde Móstoles, según han adelantado fuentes gubernamentales a EL PAÍS. El presupuesto de licitación es de 738.100 euros (IVA incluido) y la redacción tiene un plazo de 24 meses, según consta desde este martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El estudio de viabilidad permitirá conocer el estado de la infraestructura, el proyecto estrella que Aguirre presentó para el suroeste de la región en las elecciones de 2007. Las obras, que la expresidenta asumió ante las dudas del Gobierno central y pese a que era una competencia estatal, se adjudicaron ese año y se interrumpieron en 2010. El motivo que alegó la concesionaria (OHL, hoy OHLA), con ocho de los casi 15 kilómetros de vía ya ejecutados, fue la falta de financiación. El estudio también analizará el grado de avance alcanzado en las obras, el punto en el que se encuentran y el análisis de su posible aprovechamiento total o parcial.

La red ferroviaria paralizada pretendía conectar Móstoles (214.000 habitantes) con Navalcarnero, localidad que ahora cuenta con más 33.000 residentes y donde estaban previstos importantes desarrollos urbanísticos truncados por el reventón de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. La conexión ferroviaria iba a contar con siete estaciones y debía estar acabada en 2013. Fuentes de Transportes consideran “positiva” la extensión de la red de Cercanías hasta Navalcarnero con el razonamiento de que se trata de un corredor “con gran potencial de crecimiento”, que beneficiaría a 29 localidades del corredor del suroeste de Madrid en la que viven unas 250.000 personas. El área de influencia beneficiaría a municipios como Cenicientos, Sevilla la Nueva o Navas del Rey, que no tendrían que desplazarse hasta Móstoles para poder emplear la red ferroviaria actual.

El rescate de la obra responde al impulso del PSOE. El ministro para la Transformación Digital y secretario general de la federación socialista madrileña, Óscar López, se comprometió en junio a retomar los trabajos tras su abandono por parte de la Comunidad de Madrid. Un mes después, el ministro de Transportes, Óscar Puente, trasladó al alcalde de Navalcarnero desde 2015, José Luis Adell ―su predecesor, Baltasar Santos (PP), fue condenado en noviembre a una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación―, la predisposición del Gobierno a asumir la construcción de la parte que falta. Puente pidió por carta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, su colaboración.

“Necesitamos que la Comunidad de Madrid nos aporte toda la documentación de la que disponga para que podamos evaluar qué grado de construcción tiene ya la infraestructura. Es decir, qué es lo que está construido y qué es lo que falta por construir para que así podamos valorar económicamente y técnicamente lo que queda y, por tanto, podamos completar ese estudio de viabilidad”, expuso el ministro.

Pero además de la documentación, el Gobierno también necesita la cesión de la parte de la infraestructura que ya está construida para poder hacerse cargo de las obras. “El Ministerio no tiene ninguna responsabilidad, es la Comunidad de Madrid la que se comprometió a hacer esa vía, la que la inició y la que la dejó abandonada y no la ha retomado después de 15 años”, recalcó Puente. El regidor de Navalcarnero solicitó en una reunión con Díaz Ayuso en octubre “la máxima colaboración con el ministerio” para reactivar el proyecto.

La obra se adjudicó a la sociedad Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa, que era propiedad de OHL) y Aguirre puso la primera piedra en 2008. La constructora se comprometía a correr con todos los gastos de la infraestructura y su explotación, mientras que el Ejecutivo autonómico le pagaría un canon por cada usuario. La inversión prevista era de 362 millones. Pero la concesionaria paró la obra por “problemas financieros” y en 2015 presentó una solicitud de resolución del contrato, alegando incumplimientos de la Administración. Un año después se declaró en concurso de acreedores, exigiendo además una indemnización de 370 millones (320 por la inversión realizada y 50 por supuestos daños y perjuicios). La Comunidad le abrió a su vez un expediente de incumplimiento y reclamó 300 millones a la constructora, que pleiteó en los tribunales para dirimir la responsabilidad de los cambios en el proyecto (con un soterramiento no previsto) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL). Tras años de litigio, Díaz Ayuso aprobó en 2021 pagar a OHL 162 millones para compensar a la concesionaria por la parte que había construido. La empresa elevó la cifra hasta los 188 al añadirle el IVA.

La licitación del estudio de viabilidad no habría sido posible sin la modificación en el Consejo de Ministros del 18 de noviembre de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros “a fin de posibilitar” al Ministerio de Transportes para llevar a cabo “diversas actuaciones en materia de infraestructura del transporte ferroviario”. El motivo por el que era necesario se debe a la falta de unos Presupuestos actualizados (los vigentes son los de 2023 y están prorrogados desde entonces). Debido a esto, al superarse los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, se solicitó la autorización del Consejo de Ministros para poder elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en 2026 y 2027.

Entre las actuaciones del Ministerio de Transportes se encuentra el análisis del tramo entre Móstoles y Navalcarnero, que contará con 121.000 euros en 2026, 242.000 euros en 2027 y 363.000 euros en 2028 (sin contar el IVA). Fuentes del Ejecutivo subrayan que si el estudio requiere de más presupuesto se facilitará. Y se hacen a la idea, ante la inacción de la Comunidad de Madrid, que el Gobierno asumirá el coste total de la obra.