Pepi y Maricarmen, dos símbolos contra el desahucio en Madrid con siete años de diferencia: “Nada ha cambiado”

Ha dedicado los últimos días a descansar. No es para menos. Porque, a sus 87 años, la edad en la que otros se dedican a vivir una vejez apacible, a Maricarmen Abascal le ha tocado gritar, protestar y dar infinidad de entrevistas. Durante un...

Ha dedicado los últimos días a descansar. No es para menos. Porque, a sus 87 años, la edad en la que otros se dedican a vivir una vejez apacible, a Maricarmen Abascal le ha tocado gritar, protestar y dar infinidad de entrevistas. Durante una semana, cuando se encendía la televisión aparecía ella. Todo, para seguir viviendo en la casa en la que ha vivido siempre, la que compartió con sus padres y con su hermano, la que la ha visto crecer. Todo, para impedir que, a sus 87 años, la desahucien.

“¡Maricarmen se queda!”, gritaron muchos el pasado miércoles en el distrito madrileño de Retiro, cuando un juzgado decidió aplazar su lanzamiento. Porque Maricarmen es mucho más que un caso aislado: es el símbolo de una ciudad contra los desahucios. No es el único. Hace siete años, en 2018, lo fue Pepi Santiago, una vecina de la calle de Argumosa, 11, en la zona de Lavapiés, que fue su hogar durante dos décadas. Pero su historia terminó mal para ella y para quienes la apoyaron. Con 65 años, tras 12 intentos de desahucio, Pepi acabó en la calle. El Sindicato de Inquilinas lo recuerda perfectamente porque aquel episodio, aquella lucha, ayudó a impulsar por otro lado la actual ley de Vivienda. Ha llovido desde entonces, aunque muchas cosas siguen igual.

Siete años después, Pepi tiene 72 y vive con sus dos hijas en un piso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) que obtuvo hace tres años mediante sorteo en el distrito de Usera. “El día que nos echaron, al no tener alternativa habitacional, el Ayuntamiento de Madrid nos mandó a una pensión de mala muerte en Cuatro Caminos. Allí tuvimos que estar seis meses en una habitación hasta que no pudimos más”, recuerda Fernanda Santiago, la hija mayor de Pepi, de 35 años.

La historia de Pepi se repite ahora con el rostro de Maricarmen. A ambas mujeres el desahucio les llega en edad de jubilación. Pero esto no es lo único que las une: en el momento de la comunicación del lanzamiento, ambas pagaban algo menos de 500 euros por su alquiler, una en Retiro y la otra en Lavapiés, dos zonas céntricas y particularmente gentrificadas, dos territorios que quienes viven en Madrid han perdido en favor de los fondos de inversión y los rentistas dispuestos a explotar al máximo el alquiler vacacional. A ambas las representa el Sindicato de Inquilinas, creado en 2017, y en ambos casos un fondo eligió un método inequívoco para comunicarles que ya no eran bienvenidas en la casa en la que habían estado siempre: triplicarles el alquiler de un momento a otro.

Lo hicieron porque pueden, porque, sobre el papel, los dos edificios pertenecen a grandes empresas inmobiliarias. En el caso de Maricarmen, a Renta Corporación Real Estate; en el de Pepi, el fondo era Máximo Aguado Grupo Inmobiliario. Todo cambió para ellas cuando estas empresas entraron en juego. También por eso son un símbolo: su patrón se repite en cientos de casos de madrileños víctimas del mercado especulativo de la vivienda. Representan a muchos.

Tanto es así que el día del desahucio de Pepi, el presidente del Gobierno, que ya era Pedro Sánchez, declaró que situaciones como la de Argumosa, 11, no se podían repetir. Desde entonces, sin embargo, se han producido más de 60.000 desahucios. El entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, afirmó que, por supuesto, las familias serían realojadas en viviendas públicas lo antes posible. Un año después, Pepi seguía viviendo en pensiones. El Gobierno de Manuela Carmena se comprometió también con las familias al realojo en viviendas sociales. Tampoco cumplió. Tras encadenar varios provisionales, hace tres años Pepi y su familia tuvieron que recurrir a un sorteo de la EMVS, que les dio un piso en Usera. Sin embargo, Pepi cuenta con tristeza que ya no suele ir por Lavapiés: “Uno hace vida donde vive, y a nosotras nos echaron de Lavapiés”.

Siete años después, piensa que casi nada ha cambiado y que todas las buenas palabras que recibió en su día fueron papel mojado: “Nunca cumplieron. Ahora tenemos una vivienda porque tuvimos suerte”, afirma. “Nuestro caso fue muy mediático. Salimos en todas partes y la presión social hizo mucho, pero no fue suficiente”. Durante un tiempo siguieron yendo a apoyar la lucha contra otros desahucios, pero luego perdieron la fe en que las cosas puedan cambiar.

La abogada de Pepi en aquel entonces —y ahora integrante del CAES (Comisión de Apoyo y Estudios Sociales)—, Alejandra Jacinto, que fue portavoz de Podemos en la Asamblea regional, explica que hay casos paradigmáticos que marcan la política de vivienda española: “Son el símbolo de la resistencia popular frente a la turistificación de los centros de las ciudades. El desahucio de Pepi fue mucho más que un desahucio, especialmente en el barrio de Lavapiés”.

El caso de Pepi, recuerda Jacinto, ayudó a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que, por ejemplo, el Gobierno ampliara la duración de los contratos de alquiler a cinco años, un tiempo durante el cual el contrato se va renovando automáticamente si ninguna de las partes pone objeciones. Con la ley anterior, el arrendador podía extinguir unilateralmente el contrato en todo momento.

El fallido desahucio de Maricarmen pertenece a la estirpe de casos que condicionan a la clase política. El popular José Luis Martínez Almeida, salió a la palestra para hablar del asunto. Sus declaraciones, sin embargo, lejos de calmar los ánimos, avivaron las llamas: Almeida se limitó a recomendar a Maricarmen acudir a los servicios sociales, unas palabras que se han interpretado por parte de la oposición y del Sindicato de Inquilinas como poco menos que una falta de respeto.

La propia Maricarmen, de hecho, ha recordado al alcalde que ya ha acudido a estos servicios, que no le han dado ninguna solución. “Podría ser la abuela de cualquiera de nosotros”, explica Jacinto. Pero contar con la solidaridad vecinal no garantiza el éxito, ni mucho menos. En el caso de Pepi, que contaba incluso con resoluciones de Naciones Unidas a su favor, el desahucio se ejecutó igualmente, y eso que hizo falta que se pusieran de acuerdo tres juzgados distintos. El día del lanzamiento de Pepi, acudieron más de 200 policías.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, lo recuerda bien mientras subraya los vasos comunicantes que unen a Pepi y Maricarmen: “No tiene sentido que alguien sea desalojado después de 70 años viviendo en una casa. Las dos tienen en común que detrás hay fondos especializados en inversión inmobiliaria que compran inmuebles y simplemente quieren obtener mayor beneficio y rentabilidad. Hablamos de tirar a la basura una vida entera de mujeres luchadoras. Hay que pararlo. Eso es lo que nos demostró Argumosa, 11, y es en lo que estamos ahora. Hay que luchar hasta el final no solo por su vivienda, sino por las de todas”.