La Comunidad de Madrid tendrá que pagar 450.000 euros a Rivas por suspender el pago a las escuelas infantiles en el confinamiento

El Tribunal Supremo ha condenado a la Comunidad de Madrid al pago de 451.399,52 euros por haber suspendido en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 de manera unilateral el Convenio de Colaboración que tenía con el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para la financiación de sus escuelas infantiles municipales de 0 a 3 ...

El Tribunal Supremo ha condenado a la Comunidad de Madrid al pago de 451.399,52 euros por haber suspendido en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 de manera unilateral el Convenio de Colaboración que tenía con el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para la financiación de sus escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años. El consistorio del municipio acudió ante el alto tribunal, que les dio la razón el pasado 17 de octubre, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fallara en 2022 a favor del Gobierno Regional.

El asunto en cuestión es que la Consejería de Educación de la Comunidad presidida por Isabel Díaz-Ayuso decretó el 9 de marzo de 2020 el cese de toda actividad educativa presencial. Sin embargo, mientras que para todos los alumnos de más de tres años se promovió “el sistema de teletrabajo siempre que sea compatible con la continuidad de las actividades educativas”, la posibilidad de que los niños de las escuelas infantiles de 0 a 3 años hicieran lo propio nunca se contempló por parte del entonces Consejero de Educación, Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid. Ossorio llegó a calificar esa opción de la siguiente manera a través de la red social Twitter: “que el servicio de escuelas infantiles de 0 a 3 años se pueda prestar online es un insulto a la inteligencia”.

Con el cese total de la actividad en las escuelas infantiles, la Consejería dejó de enviar el dinero con el que los ayuntamientos de la Comunidad financiaban sus escuelas infantiles municipales gracias a un Convenio de Colaboración entre administraciones. El convenio quedaba roto sin que hubiera un pacto entre las partes. “Cumplamos la ley y seamos coherentes”, añadía Ossorio.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se posicionó en contra de esta decisión y apoyó a sus tres escuelas municipales y su Casa de Niños, pagando los costes para que la actividad continuara de forma telemática, lo que restaba de curso. Ahora, cinco años después, a través de una sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Tribunal Supremo ha dado la razón al consistorio, que reclamaba al Gobierno Regional “los gastos en Educación Infantil” tras haber “incumplido el convenio de colaboración”. 451.399,52 euros es la cantidad exacta que la Comunidad ha sido condenada a abonar.

—El Supremo acaba de calificar la inteligencia de Ossorio—, afirma Pedro del Cura, quien fuera alcalde de Rivas desde 2014 hasta 2022 y estuviera al frente del municipio en lo peor de la pandemia.

“La Comunidad de Madrid ejecutó un recorte económico y desprestigió la labor de los educadores infantiles. Esta sentencia es un éxito de este colectivo y acredita la importancia que tiene la etapa de 0 a 3 años en el desarrollo de los niños”, añade. “Nos consta que muchos otros ayuntamientos no se atrevieron costear las clases online de sus escuelas municipales porque no sabían si iban a recuperar el dinero”, finaliza.

La actual alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, ejercía en 2020 como Concejala de Educación del ayuntamiento. “Nunca hubo una buena comunicación entre administraciones, nos enteramos de las intenciones de la Comunidad por las directoras de las escuelas o la prensa”, rememora. “Recuerdo que prometieron que iban a retrotraer esos fondos que nos debían a los ayuntamientos siempre y cuando no les hubieran denunciado. Aquello se quedó en nada y nosotros decidimos recurrir”, explica. “Esta victoria, además de avalar el trabajo de las escuelas, reconoce la autonomía local, y que cuando hay acuerdos con administraciones más grandes, nosotros no somos el hermanito pequeño, sino un igual. Los convenios no se pueden romper si no hay mutuo acuerdo”, defiende la regidora.

La primera cita con la justicia por este asunto entre el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Comunidad tuvo lugar en la Sección Octava de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en mayo de 2022. El TSJM dio la razón al Gobierno Regional por el incumplimiento del convenio al considerarse que la prestación del servicio era “de ejecución imposible” una vez quedaron suspendidas las clases presenciales y dado que los destinatarios eran menores de 0 a 3 años. También, añadía, las actividades que finalmente se realizaron online en las escuelas infantiles de Rivas, estuvieron destinadas “a las familias y no a los menores”.

Tras el auto, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid interpuso un recurso de casación en el Tribunal Supremo que fue admitido porque podría sentar jurisprudencia, es decir, un precedente sobre si un convenio entre administraciones públicas para la financiación de centros de educación infantil en el marco de una situación sanitaria derivada del COVID-19 puede romperse de forma unilateral por una de ellas. El supremo reconoce la viabilidad de que las clases de infantil fueran telemáticas y pone en valor las actividades que se realizaron, como el envío de rutinas, actividades o canciones, así como un contacto diario de las familias con las educadoras a través de la aplicación Remind, o la propuesta de menús saludables que hacían las propias cocineras. La victoria judicial ha supuesto un alivio y una “enorme sensación de justicia” en los pasillos del edificio de la alcaldía de Rivas Vaciamadrid, pero sobre todo “un reconocimiento” a la labor de sus educadoras infantiles. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha manifestado que “siempre respeta las resoluciones judiciales”.

“Los niños esperaban ansiosos conectarse a sus clases. Ellos eran los destinatarios”

La educadora infantil Mili agudizó el ingenio entre las cuatro paredes de su casa hasta límites inimaginables. Mili se disfrazaba de payaso, de hada de verano, de lo que fuera, utilizando cualquier trapo que encontrara, pintándose la cara con lo primero que tenía a mano. “Mili era el ejemplo de que se podía dar continuidad desde casa a la labor que hasta entonces se había hecho presencial. Cada día preparábamos vídeos que se subían a una plataforma a la que tenían acceso los padres. El contacto era diario”, cuenta Lola Jiménez, de 53 años, directora de la escuela infantil Rayuela de Rivas, que tiene matriculados 118 niños. “Nuestro trabajo era para los niños, que estaban deseando conectarse. Obviamente, nos teníamos que apoyar en los padres. Se hicieron talleres de cuentos, se preparaban asambleas, bailes, incluso las cocineras preparaban un menú y subían el vídeo de la receta como si fueran Arguiñano. Cada día se completaban las 8 horas de trabajo. Todo eso ha quedado debidamente acreditado”, defiende Jiménez en su despacho. “El 0 a 3 años son las bases del desarrollo. Es injusto frivolizar con la labor que hacemos en esta etapa educativa. Decir que no podíamos trabajar a distancia era desprestigiarnos”, opina. Por otra parte, si el ayuntamiento no hubiera financiado el curso por su cuenta, las trabajadoras se habrían ido a un ERTE, como sucedió en el resto de escuelas infantiles privadas que cerraron.

Jimena Navarrete, de 45 años, tenía a su hija Naya en el nivel de 1-2 años durante el curso 2019-20. “Nos confinaron y los padres estábamos completamente perdidos. Mi hija siempre tuvo ilusión por conectarse a las clases, ella misma lo pedía. Se mantuvo el vínculo con las profesoras y pudimos seguir teniendo una rutina. Se sentían parte de la escuela desde casa. A nosotros nos dieron muchas herramientas. Tuvimos seguridad, algo que en aquel tiempo de incertidumbre tuvo mucho valor para las familias”, afirma. Cinco años después, el Tribunal Supremo ha fallado a su favor.