Siete comunidades pagan por pruebas en la sanidad privada por no estar preparadas aún para usar las máquinas contra el cáncer que donó Amancio Ortega en 2021

Cuatro años después de que la fundación de Amancio Ortega, impulsor de Zara, ...

Cuatro años después de que la fundación de Amancio Ortega, impulsor de Zara, anunciara la donación a Galicia, Andalucía, Canarias, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco de 10 de las máquinas más avanzadas del planeta para combatir el cáncer, valoradas en 280 millones de euros, ninguna está funcionando. Galicia, según la Xunta, se convertirá en el último trimestre de 2026 en el primer territorio que trata a pacientes con este acelerador de protones en la sanidad pública. Ya en 2027 está previsto que le sigan Madrid y Comunidad Valenciana, según los cálculos de la fundación, que incluye en ese calendario a Santiago de Compostela. Para que todas las máquinas estén activas habrá que esperar, previsiblemente, hasta 2029. Para entonces se habrá cumplido casi una década desde el anuncio de la operación. La mezcla entre la alta complejidad técnica del proyecto, y la burocracia que lo acompaña, tiene una consecuencia: la sanidad privada viene recibiendo millones cada año por atender a los pacientes de la pública, como demuestra que Madrid esté licitando ahora mismo un contrato que valora este servicio en una media de 1,9 millones anuales durante un máximo de tres años.

Las máquinas de protonterapia son básicamente aceleradores de partículas, y se emplean especialmente en niños y para tratar tumores de difícil acceso. Su tecnología se basa en átomos de hidrógeno, compuestos por un protón y un electrón, que se separan. Los protones se inyectan en un acelerador de partículas circular —un sincrotrón— donde son compactados y acelerados hasta rozar la velocidad de la luz. Después pasan a una segunda máquina capaz de girar 360 grados y que es la que dosifica los protones en el punto exacto con la intensidad necesaria. Eso hace que los haces de protones sean mucho más precisos que los de los rayos X en su lucha contra los tumores. Su principal ventaja es que evitan efectos secundarios que pueden mermar la vida de una persona durante años, décadas, o incluso toda su vida. Pero el gran problema de esta nueva terapia es su precio. Una sola unidad como la de la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid, cuesta unos 40 millones de euros. En España solo hay otra, también en Madrid, y de Quirón. Y construir las públicas está llevando su tiempo.

“Cada una de las fases de construcción de la infraestructura, instalación de los equipos, formación del personal técnico y coordinación con otras administraciones han sido abordadas con ritmos y particularidades distintas en cada comunidad autónoma”, resume un portavoz de la fundación donante. “Así, a finales de este año está previsto el comienzo de la instalación del equipo en la unidad de Galicia, y pocos meses después, será el comienzo de la instalación de uno de los equipos en Madrid”, sigue. “Por lo que respecta al comienzo de uso de las distintas unidades por los posibles pacientes, las fechas de comienzo que ahora mismo se prevén son 2027 para las primeras unidades: Santiago [la Xunta precisa que estará en 2026], Fuenlabrada y Valencia”, sigue este interlocutor, que detalla que a lo largo de 2028 y principios de 2029 habrá equipos aún en la fase de puesta en marcha.

Cuando la primera máquina de protonterapia comience a funcionar, España contará con un arma de primer nivel en la lucha contra el cáncer. Da igual que Galicia, previsiblemente, gane la carrera con años de diferencia con respecto a otras comunidades. El acuerdo firmado con el Ministerio de Sanidad explicita que el proyecto es de aplicación nacional, por lo que cada territorio recibirá pacientes de otras regiones. Así, el primer ciclotrón de la sanidad pública española, instalado en el hospital Clínico de Santiago, donde el Gobierno gallego invertirá casi 20 millones en el edificio que aloje la máquina, espera atender a 250 pacientes al año procedentes no solo de Galicia sino también de Asturias, Castilla y León y del norte de Portugal.

¿A qué se debe que se esté tardando tanto? Primero, a que las máquinas no existían cuando se anunció su donación: ha habido que fabricarlas. Segundo, a que los tiempos de la contratación pública, llenos de pasos de comprobación para garantizar su limpieza, han afectado a la licitación de los edificios que albergarán los equipos, que además costarán decenas de millones de euros. Tercero, a que hay que formar y contratar al personal. Y cuarto, a que estas instalaciones necesitan una autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que revisa, entre otras cosas, su correcto “blindaje”.

Porque hay que construir, literalmente, un búnker. El que se está haciendo en Valencia, por ejemplo, tendrá nueve capas de hormigón armado para garantizar la contención de radiaciones ionizantes y el aislamiento necesario para la generación de protones. Las paredes del contenedor tendrán un grosor de 2,5 metros para cumplir con los más altos estándares de seguridad nuclear.

“El proceso de licenciamiento de las instalaciones radiactivas de protonterapia es complejo y se encuentra regulado en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas”, resume un portavoz del CSN sobre una operación con dos fases de análisis en la que la primera (autorizar el equipo y pruebas preoperacionales) ya tiene una duración máxima de un año. “Y en la segunda se realizan las visitas técnicas e inspecciones necesarias para la comprobación de la operación segura de la instalación”.

Pero mientras las comunidades realizan sus proyectos, hay enfermos que necesitan tratarse con unas máquinas que operan en la sanidad privada, como la del centro de Quirón en Madrid y la de la Clínica Universidad de Navarra.

Un gasto millonario

En Madrid han sido 156 personas entre 2022 y 2024, la mayoría niños (93), con un coste de 1.942.511 euros en 2022; 1.739.103 en 2023; y 1.953.311 en 2024, según información obtenida a través del portal de contratación y de un portavoz de la Consejería de Sanidad.

Desde 2020, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha derivado a 95 enfermos, con un coste creciente: así, si en 2020 esas derivaciones costaron 189.500 euros, en 2024 la cifra subió a 850.000 euros, y en lo que lleva transcurrido de 2025 ya ha alcanzado los 950.000 euros.

En el portal de contratación de Andalucía, que este verano planteó pagar entre 41.000 y 59.000 euros por tratamiento, es posible rastrear hasta casos individuales: tratar en un centro madrileño de Quirón a O. I. costó 29.000 euros; y fueron 18.039,51 euros los que también cobró Quirón por la terapia a F. H.

Finalmente, Cantabria, que no está entre las regiones beneficiadas por la donación del fundador de Zara pero está impulsando su propia unidad pública, ha licitado recientemente un acuerdo marco para la selección de los proveedores de la protonterapia. Cuenta con un presupuesto base de 2.100.000 euros y tendrá una vigencia de 24 meses así como dos posibles prórrogas de hasta 12 meses cada una de ellas.

Ese gasto no tendrá punto final próximamente. Mientras las obras para alojar las máquinas donadas por Amancio Ortega no terminen, y las pruebas para la puesta en marcha sigan, las comunidades que recibieron su donación tendrán que seguir derivando pacientes a la sanidad privada.

Con información de Guillermo Vega, Eva Saiz, Ferran Bono y Mikel Ormazábal.