La tasa de basuras de Almeida se dispara a 141 euros de media por hogar sin tener en cuenta la renta de los residentes o el uso turístico

El primer cobro de la Tasa de Gestión de Residuos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid ha llegado acompañado de las críticas de la oposición y las quejas de los ciudadanos. Desde septiembre, los madrileños deben poner de su bolsillo 141 euros de media al año por hogar para sufragar el servicio de recogida y tratamiento de la basura, según el cálculo del Gobierno local. Un importe que puede ser superior o inferior en función de la situación de cada persona. El Consistorio, dirigido por Jose Luis Martínez-Almeida (PP), ha descargado la responsabilidad del cobro en el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE), utilizando como argumento una ley que aprobó el Ejecutivo en 2022 para cumplir con las exigencias de la Unión Europea (UE) en materia de reciclaje. La oposición critica al Ayuntamiento por no haber maniobrado dentro de los márgenes que le permitía la norma estatal para gravar la gestión de la basura en función de la renta de la población, o penalizar el uso turístico de las viviendas. Ni siquiera la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que aprobó Almeida en octubre de 2024 para compensar la nueva tasa sirvió para calmar las aguas.

“Este es el basurazo de Sánchez. No es cierto que lo haya impuesto la Unión Europea, es otra mentira más de ese Gobierno”, juzga un portavoz del Ayuntamiento, que incluso ha mandado una carta a los vecinos de la capital con una sección de preguntas y respuestas para descargar la responsabilidad del cobro en el Gobierno central.

Pero los datos contradicen en parte esa afirmación: aunque la legislación comunitaria no impone directamente una carga impositiva específica, sí que exige cumplir con una serie de hitos en lo que se refiere a gestión de los desechos. De esta manera, la Ley 7/2022 transpone una directiva europea aprobada en 2018 para alcanzar los objetivos de gestión de residuos urbanos: la UE exige llegar al 55% de reutilización y reciclaje de residuos para 2025. Esa norma obligaba a los municipios de más de 5.000 habitantes a cobrar un tributo que reflejase “el coste real” de la gestión de los residuos. Y para hacerlo concedía a las entidades locales un margen de tres años, que venció en abril.

En el nuevo sistema diseñado por el Gobierno de Almeida el pago se calcula sumando al valor catastral del inmueble el resultado de multiplicar la tarifa de generación (que varía en función del barrio) por el coeficiente de separación de desechos (buen resultado o no de la clasificación de residuos por barrio). Al preguntar al Ayuntamiento quién deberá pagar la tasa, si el propietario o el inquilino, un portavoz ha remitido a este periódico a una nota de prensa que indica que “la tasa se reclamará al propietario del inmueble, quien a su vez podrá repercutirla en el inquilino”. Esto vale para los contratos que se hayan firmado después de la entrada en vigor de la ordenanza. Pero Mariluz Rodríguez, abogada del departamento de Inmueble de Legálitas, aclara que, si el contrato ya está empezado, “no se les va a poder repercutir”. Y agrega que, para que sea válida la repercusión de un gasto, tiene que venir el importe ya en el contrato, de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Ese modelo tributario ha provocado el enfrentamiento entre el Ejecutivo local y la izquierda. Así, Más Madrid afirma que el nuevo impuesto es el “resultado de la peor gestión de la basura”, en alusión a las políticas de Almeida.

“Es tremendamente cínico decir, por un lado, que la culpa del tasazo de Almeida es del Gobierno central y por otro pasar el cazo para recaudar los 300 millones de euros para las arcas municipales”, sentencia un portavoz de la formación. Este interlocutor añade que el Gobierno local podría haber incluido bonificaciones por niveles de renta, o que también podría plantear un recargo a las de uso turístico.

La concejala del PSOE Emilia Martínez también considera “injusta” y “muy cara” la tarifa. “No tiene sentido que pague lo mismo una vivienda en la que vive una sola persona que otra en la que residan cuatro y no hay ningún criterio correctivo que tenga que ver con el tamaño del hogar”, argumenta. La socialista ve “problemático” que la tarifa por generación se establezca por barrio porque no tiene en cuenta la presión turística que se distribuye de forma asimétrica por la capital.

El planteamiento que comparten Más Madrid y el PSOE es el mismo que el de la Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras, que este jueves ha reclamado a la Junta Municipal del Distrito Centro que el Ayuntamiento de Madrid asuma, junto con los sectores comerciales, turísticos y hosteleros, dos tercios del coste total de la Tasa de Gestión de Residuos.

La ordenanza del impuesto por el tratamiento de la basura sí contempla una serie de reducciones para personas en situación de vulnerabilidad económica, y para familias numerosas. Así, aquellos que sean beneficiarios a 1 de enero del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, tendrán derecho a una reducción del 100% en la cuota de la tasa siempre que aparezcan empadronados en el inmueble para el que se pretende que se aplique la reducción.

Por otro lado, quien sea titular de familia numerosa podrá beneficiarse de una reducción mínima del 10% y máxima del 90% en función del valor catastral de la vivienda y la categoría de la familia numerosa.

Diferencias entre municipios

El Ayuntamiento de Madrid no es la primera corporación municipal que saca adelante un impuesto a la gestión de los residuos. Antes incluso de que la ley estatal obligase a los municipios de 5.000 habitantes a recaudar la tasa, en País Vasco ya había varias ciudades que cobraban este servicio, informa Mikel Ormazabal.

En San Sebastián (Gipuzkoa), las ordenanzas fiscales municipales de 2025 incluyeron un incremento del 26,54% en la tasa de basuras. Recientemente, se ha aprobado la revisión de tasas e impuestos para 2026, una hoja de ruta que contempla un incremento del 4,25% de la tasa de basura para avanzar ese objetivo de lograr el déficit cero en un servicio que cuesta 25,4 millones y perderá este año 5,4 (21%).

La factura por la gestión de la basura también subirá en el Ayuntamiento de Vitoria (Álava) en 2026. La nueva ordenanza de residuos que se aplicará el año que viene recoge un incremento del 5,8% para ese ejercicio (el recibo ya subió un 80% el año anterior), es decir, los vecinos deberán pagar entre 3 y 10 euros más al año en función del tamaño de la vivienda, informan fuentes municipales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia) aprobó en un pleno celebrado en junio de este año las ordenanzas fiscales de 2026, que incluyen la aplicación, por primera vez, de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. El coste del servicio de recogida de residuos en Bilbao se estima que en 2026 ascenderá a 36 millones de euros (en 2025 es de 31,7 millones). La aplicación de esta tasa supondrá encarecer el recibo un 45% de media el próximo año.

En Santiago de Compostela (A Coruña), PP y PSOE han tumbado la propuesta del gobierno en minoría que preside Goretti Sanmartín (BNG) para la nueva tasa de basura, informa Sonia Vizoso. Sanmartín llevó a pleno en septiembre una ordenanza que calcula su importe en función del valor catastral de la vivienda. Allí, el PP compostelano ha sustentado su voto en contra en el hecho de que la tasa se calcule en función del valor catastral de la vivienda, sin tener en cuenta el número de residentes. Los populares reclaman en la capital gallega un criterio que no han aplicado en la ordenanza que han aprobado en Madrid.