La venta del gigante de la educación concertada de Madrid por 200 millones a un fondo abre el debate sobre la cesión de suelo público

Swiss Life Asset Managers ha comprado la mayoría del capital de Educare, la red de colegios concertados propiedad de la familia Abarca Cidón, dueños a su vez de HM Hospitales, y de Carlos Madruga, presidente ejecutivo, según ...

Swiss Life Asset Managers ha comprado la mayoría del capital de Educare, la red de colegios concertados propiedad de la familia Abarca Cidón, dueños a su vez de HM Hospitales, y de Carlos Madruga, presidente ejecutivo, según adelantó El Confidencial y confirmó este diario a través de fuentes implicadas en la operación, que se cifra en unos 200 millones de euros. De los ocho colegios concertados que el conglomerado posee en la región, seis se levantan sobre parcelas públicas cedidas hasta casi el siglo XXII a cambio de cánones de unos pocos miles de euros al mes, y ahora transmitidas al nuevo inversor. Una operación que permitirá a la compañía tener músculo para crear o adquirir nuevos colegios, y que muestra el apetito del mercado por explotar en esos terrenos las etapas educativas que no están concertadas y ni son gratuitas ni son obligatorias (Infantil o Bachillerato, que hay que pagar). La operación ha provocado las críticas de la oposición de izquierdas y de CICAE, una asociación de colegios privados independientes.

“Operaciones como esta evidencian una preocupante deriva hacia la mercantilización de un servicio público que debería ser gratuito para las familias”, dicen en esta asociación. “Ningún fondo de inversión destina 200 millones de euros a un proyecto si no espera obtener grandes beneficios”, siguen en CICAE, que tiene en la diana las cuotas complementarias y obligatorias que cada mes tienen que cubrir las familias de estos colegios “vulnerando el derecho a la gratuidad”; o la competencia que suponen sus etapas privadas puras de Infantil y Bachillerato. “Que hoy esas concesiones hayan derivado en una operación financiera millonaria supone una desvirtuación muy grave del uso de recursos públicos, que la Administración deberá justificar”, argumentan.

La Comunidad de Madrid, que cedió estos suelos municipales, salvo en un caso, ha declinado contestar a este diario sobre una operación que afecta a 10.000 alumnos, 975 empleados, 720 profesores y ocho colegios. Este diario contactó con el departamento de prensa de Swiss Life, una gran aseguradora que tiene una rama dedicada a la inversión y gestión de activos, que declinó también hacer comentarios. Fuentes del sector educativo afirman que esta es su primera gran operación en Madrid. Por su parte, Educare se remitió a un futuro comunicado, aunque confirmó la operación a las familias de sus colegios a través de una carta a la que accedió EL PAÍS.

De los ocho colegios de Educare, seis son concertados levantados sobre parcelas públicas distribuidas por toda la región, y por los que la adjudicataria paga un canon que apenas alcanza unos miles de euros al mes: son los colegios Antanes (en Leganés, con el terreno cedido hasta 2088, según información publicada en aplicación de la ley de transparencia); Antamira (en Paracuellos del Jarama, y hasta 2083); Torrevilano (en Madrid, y hasta 2081); Peñalvento (Colmenar Viejo, y hasta 2056), Valdefuentes (en Madrid, y hasta 2055) y Peñalar (en Torrelodones, y hasta alrededor de 2050). Al final de la concesión, el edificio y la parcela deben volver al patrimonio público.

“La operación ya está firmada y no afecta en nada a los colegios”, asegura una fuente conocedora de las negociaciones, en las que BNP Paribas ha actuado como banco asesor para Educare. “El ideario, el modelo educativo, los equipos, la dirección y el día a día continuará igual”, añade sobre una operación que incluiría el compromiso de que Madruga continúe al frente del proyecto.

Educare nació en 2015 como fruto de la unión de Gecesa, una empresa especializada en colegios, y Alma Terra Mater, un Family Office de los fundadores de la cadena de hospitales privados HM. Pero el uso de estos colegios como un negocio ha provocado numerosas críticas en la oposición de izquierdas de la región.

“Primero convirtieron en negocio la sanidad y ahora van a por la educación”, sostiene María Pastor, diputada de Equo incluida en el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea regional. “Es muy grave que centros educativos que están sostenidos con fondos públicos sean parte de fondos que solo buscan una rentabilidad económica y no la calidad de la educación”, sigue. Y añade: “Las principales perjudicadas en esta operación serán las familias, que verán cómo no solo la educación de sus hijos deja de ser la prioridad, sino que, además, tendrán que pagar más para que la inversión sea rentable”.

En la misma línea se expresa Pilar Sánchez Acera, la número dos del PSOE de Óscar López en la Comunidad de Madrid.

“Este es uno de los casos más claros de en qué consiste la educación para el Partido Popular, en negocio”, argumenta. “La perversión de los conciertos que el PP de Madrid lleva haciendo 30 años en la Comunidad genera este tipo de aberraciones”, sigue. “¿Cuál es el proyecto educativo del fondo Swiss Life?“, se pregunta. ”Ayuso está vendiendo los servicios públicos y los derechos de los madrileños a precio de saldo a fondos de inversión", denuncia. “Imagino que las familias afectadas estarán ahora mismo pensando en quién dirige el colegio de sus hijos, y por qué no les protege la Comunidad de Madrid”.

La educación concertada vive un bum desde que Isabel Díaz Ayuso gobierna la Comunidad de Madrid. Lejos quedan ya los tiempos de Cristina Cifuentes (2015-2018), que puso en pausa la expansión de estos centros que tanto había alentado Esperanza Aguirre (2003-2012).

Cobrar a las concesionarias

Así, tras un decenio sin construir este tipo de centros privados en los que hay plazas financiadas con dinero público, son ya tres las cesiones de terrenos pactadas desde 2020 entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para impulsar concertados. Los nuevos privados concertados se sitúan en los distritos de Villa de Vallecas y Hortaleza, donde la explotación de las parcelas públicas fue cedida gratis a una empresa, el grupo GSD, y Vicálvaro, donde ganó la oferta de Humanitas Centros de Educación.

El Ejecutivo regional no culminaba una concesión como estas desde 2013, cuando puso en marcha el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso 2013-2014, según información proporcionada por la Consejería de Educación. En 2018 se licitó otro concertado, pero la tramitación no llegó a cerrarse. Y en 2022, el actual Ejecutivo regional reactivó un concierto durmiente (concedido pero no ejecutado) de 2005 en Villalbilla.

Los nuevos concertados de Ayuso incluyen una novedad: recogen la opción de cobrar a las concesionarias por permitir hacer crecer su negocio ofreciendo cursos de etapas no obligatorias (por ejemplo en Educación Infantil o Bachillerato) que a su vez la Administración regional hace más atractivos a través de un polémico programa de becas al que pueden optar incluso familias que ingresen más de 100.000 euros.