Madrid justifica subir el precio del agua a todos los consumidores por el aumento de la población, la reducción de reservas y decisiones de Sánchez

El Canal empezará a incrementar la tarifa a mediados de 2025, y lo seguirá haciendo progresivamente hasta 2030, para un aumento medio de 3,5 euros al mes

Presa del embalse del Atazar, en Madrid (España). Rafael Bastante (Europa Press)

El Canal de Isabel II subirá las tarifas del agua a todos los consumidores (salvo los del sector agrario) un 3% anual entre 2025 y 2030 para financiar una inversión de 2.000 millones en mejoras en la red y el servicio que recoge su plan estratégico para ese sexenio. Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, que ha defendido que el precio para los consumidores madrileños seguirá siendo el más bajo de las grandes ciudades de España, y que la subida, que se implantará progresivamente, y año a año desde el segundo semestre de 2025, redundará e...

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El Canal de Isabel II subirá las tarifas del agua a todos los consumidores (salvo los del sector agrario) un 3% anual entre 2025 y 2030 para financiar una inversión de 2.000 millones en mejoras en la red y el servicio que recoge su plan estratégico para ese sexenio. Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, que ha defendido que el precio para los consumidores madrileños seguirá siendo el más bajo de las grandes ciudades de España, y que la subida, que se implantará progresivamente, y año a año desde el segundo semestre de 2025, redundará en un incremento medio de 3,5 euros al mes al final del proceso. En 2024, el Canal puso fin a un decenio sin tocar sus precios al aumentarlos para los grandes consumidores con jardines o piscinas. Entonces se argumentó que hay que invertir en la red para afrontar el aumento de la población, o la disminución de las reservas. A esas justificaciones se añade ahora una casi política, según la documentación pública que acompaña al proyecto: los cambios introducidos en la concesiones de ríos como el Tajo o el Alberche por el gobierno central de Pedro Sánchez, y avalados por el Tribunal Supremo.

“La media de aportaciones de agua en los embalses que gestiona Canal en los últimos 20 años ha disminuido un 25,5% con respecto a la media histórica”, se lee. “Los cambios concesionales afectan a la concesión ya existente sobre el río Alberche, que ahora requiere autorización previa de la Confederación Hidrográfica para poder utilizar el recurso [una decisión del gobierno central que avaló el Supremo tras un recurso de Madrid], a la Concesión del Tajo, que se reduce a la décima parte de la que había sido concedida y a la falta de regularización de la concesión actual del río Sorbe que hace peligrar la concesión”, se añade. Y se remata: “La población de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en el último año más de 141 mil habitantes, siguiendo una tendencia creciente desde 2022″.

Todo ello, apunta la documentación oficial, “compromete el abastecimiento de la Comunidad de Madrid”. El choque político entre el gobierno regional y el central empezó en mayo de 2022, cuando Ayuso acusó a Sánchez de querer “reducir el agua de Madrid” con el plan hidrológico del Tajo; siguió en marzo de 2023, cuando el ejecutivo autonómico buscó asesoría jurídica para llevar su oposición al proyecto hasta el Constitucional, como adelantó este periódico; y terminó, al menos por ahora, en diciembre de 2024, cuando el Supremo desestimó sus pretensiones. En medio, Ayuso acusó a Sánchez de poner “en riesgo el agua de casi siete millones” de madrileños por condicionar a una autorización previa del Estado que el embalse de Valmayor pueda recibir agua del río Alberche. Y ahora Madrid retoma esa queja en documentación oficial para apuntar uno de los problemas que a su juicio justifica el aumento de tarifas para financiar mejoras en la red.

“El plan contempla solo una actuación del 3% anual [de las tarifas] durante los seis años de vigencia para poder desarrollar estas inversiones”, ha dicho García Martín en la rueda de prensa que ofrece semanalmente tras la reunión del consejo de gobierno. “Hasta 2024 han estado diez años congeladas, que se dice pronto”, ha añadido sobre el plan estratégico del Canal para el periodo 2025-2030, en el que se invertirán 2.000 millones. “Madrid mantiene las tarifas más bajas de todas las grandes ciudades en nuestro país, y si comparamos con las 40 grandes ciudades europeas, Madrid es la tercera más asequible”, ha seguido. “Estamos un 60% por debajo de la media europea, y seguiremos estando muy por debajo tras la actualización”, ha ampliado. Y ha rematado: “Con el plan estratégico, tenemos que preparar a Madrid para el aumento de población, y también combatir posibles periodos de sequía e inundaciones [el aporte a los embalses se ha hundido un 18% de media en 30 años]”.

Así, se prevé un importe bimestral de 37,2 euros por metro cúbico en la factura correspondiente al segundo semestre de este año en Madrid, “muy por debajo”, ha dicho García Martín, de otras ciudades españolas como Barcelona (80,5 euros), Sevilla (62,5), Valencia (59,6) o Bilbao (51). Para este cálculo se ha tenido en cuenta un cliente doméstico medio, con un consumo de 20 metros cúbicos al bimestre y contador de 15 milímetros.

En una comparativa con 40 grandes ciudades europeas, la tarifa actual en Madrid es la tercera más barata, quedando un 60% por debajo de la media, según el portavoz gubernamental. Una vez aplicada la actualización, seguirá situada muy por debajo de la media, manteniéndose entre las tarifas de agua más asequible, en comparación con otras capitales como Lisboa, Roma, París o Londres, ha sostenido García Martín.

El Canal mantendrá los descuentos para consumidores vulnerables o familias numerosas, ha precisado el portavoz gubernamental. La principal compañía pública de la región ha repartido 1.500 millones de euros en dividendos desde 2012 entre sus accionistas, que son la Comunidad de Madrid y más de 100 Ayuntamientos. De hecho, el pasado diciembre, mientras elaboraba el plan que ahora implica subir tarifas, repartió casi 60 millones de euros en dividendos. Una decisión que García Martín ha justificado porque el dinero va a administraciones públicas que, ha dicho, lo reinvierten en favor de los servicios que ofrecen a los ciudadanos.




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