La oposición a Ayuso se une contra los vetos selectivos del PP en la Asamblea: “Ossorio no puede ser juez y parte”

Más Madrid, PSOE y Vox se han unido este lunes contra el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio (PP), por impedir alusiones en los plenos que afecten a integrantes de la Mesa del Parlamento regional. Tras cortar el jueves pasado la intervención de la diputada Beatriz Borrás (Más Madrid), que se refirió a su presunta implicación en el caso FP, la junta de portavoces ...

Más Madrid, PSOE y Vox se han unido este lunes contra el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio (PP), por impedir alusiones en los plenos que afecten a integrantes de la Mesa del Parlamento regional. Tras cortar el jueves pasado la intervención de la diputada Beatriz Borrás (Más Madrid), que se refirió a su presunta implicación en el caso FP, la junta de portavoces de este lunes ha propiciado un debate “acalorado” sobre una decisión llena de aristas. Una: afecta también a cualquier mención a que la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, está siendo investigada por la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa. Dos: impide cualquier queja de la oposición sobre las decisiones de la Mesa. Y tercero: ha llevado a que Más Madrid reclame a Ossorio que se inhiba en aquellos temas que afecten a su etapa como consejero y vicepresidente en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso (2019-2023), bajo la amenaza de emprender acciones judiciales. Ossorio se escuda en un acuerdo de la asociación de presidentes de Parlamentos autonómicos, que recoge que no se debe interpelar a los integrantes de la Mesa, pero ese pacto de una asociación privada no es vinculante para la Asamblea.

“Estamos en contra de que se cercene la libertad de expresión de los diputados, atenta contra un derecho fundamental”, ha dicho Íñigo Henríquez de Luna, de Vox, en la rueda de prensa que ha seguido a la reunión de la junta de portavoces. “Lo que no se puede hacer es aplicar de manera selectiva y arbitraria el artículo que permite al presidente llamar a la cuestión”, ha seguido sobre la posibilidad reglamentaria que tiene el político del PP de redirigir los debates cuando estos derivan en una cuestión distinta a la programada. “El señor Ossorio, en este tema, se ha equivocado”, ha subrayado, quejándose de una doble vara de medir, laxa con el PP y rígida con el resto de partidos. “No se puede convertir en un organismo censor que nos impida referirnos a cierta cuestión”.

Una queja que ha compartido Mar Espinar, la portavoz del PSOE: ”A este gobierno le ha sentado muy mal la mayoría absoluta, y ser incapaz de gestionarla bien es un grave peligro para la democracia. Una cosa es no hacer alusiones personales a los miembros de la Mesa, y otra no poder aludir a la Mesa ante el trabajo que está haciendo, y que este grupo parlamentario ha recurrido ante el Constitucional, porque es una tónica general que no quieren debatir”.

En la misma línea se ha expresado Manuela Bergerot, de Más Madrid, que la pasada semana registró una queja formal porque se le hubiera retirado la palabra a su diputada por mencionar a Ossorio. “La falta de imparcialidad [de Ossorio] ha dado un salto cualitativo muy grande, siendo juez y parte, apretando el botón [con el que corta el micrófono de los intervinientes] para vulnerar los derechos políticos de una diputada de Más Madrid”.

La Mesa del Parlamento, en la que el PP tiene mayoría absoluta, ejerce de filtro de la actividad parlamentaria: suya es la responsabilidad de asegurar que todas las iniciativas que se tramiten cumplen con la normativa, lo que deriva en que acepte o rechace los escritos de los partidos. Desde que Díaz Ayuso gobierna en solitario (2021) el conflicto por esta cuestión ha sido constante. Más Madrid ya llevó en 2022 este conflicto al Tribunal Constitucional, pues la Mesa le tumbó varias iniciativas de fiscalización de la gestión de la pandemia con el argumento de que afectaban a un gobierno anterior (por mucho que la presidenta fuera la misma y la discontinuidad fuera provocada por ella misma al adelantar los comicios). Y en 2024 el PSOE también acudió al Alto Tribunal por el bloqueo que a su juicio sufren las preguntas de la oposición.

En medio, en el verano de 2023, Ossorio sustituyó a María Eugenia Carballedo al frente del Parlamento regional y las quejas de la oposición sobre la supuesta falta de imparcialidad de la presidencia, que ya se habían dado con su antecesora, se recrudecieron. Sin embargo, el último pleno, en el que el presidente impidió una referencia a su presunta implicación en el caso FP, ha supuesto un salto cualitativo.

Tres millones de euros

Ossorio detuvo entonces el debate en el pleno de la Cámara para impedir que Borrás lo señalara. La Fiscalía investiga al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por fraccionar más de tres millones en contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec) para obras en al menos 12 centros educativos en 2021, 2022 y 2023. Durante esa etapa, Ossorio era el consejero de Educación del Gobierno regional, y la actual titular de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, actuaba como viceconsejera. Cuando la diputada de Más Madrid quiso recordar esa circunstancia, el presidente del Parlamento regional interrumpió el debate, con el argumento de que los miembros de la Mesa de la Cámara no pueden intervenir para defenderse, lo que provocó un agrio intercambio en el que Ossorio calificó de “cobardía” que se le interpelara a raíz de la polémica.

“Señoría, vamos a parar el tiempo”, dijo el presidente de la Cámara. “Se lo explico: por acuerdo unánime de los presidentes de los Parlamentos [regionales] no se puede hablar de los miembros de la Mesa, porque no nos podemos defender con las armas del reglamento. Por ese motivo no se pueden hacer referencias a los miembros de la Mesa. Acuerdo de la conferencia de presidentes de Parlamentos autonómicos”, siguió. “Y ya está”.

Sin embargo, la Asamblea se rige por su reglamento, aprobado tras arduas negociaciones entre los partidos, y no por un acuerdo alcanzado por una entidad externa, la conferencia de presidentes autonómicos, que, además, preside Ossorio desde octubre. Ante las protestas de la bancada de Más Madrid, Ossorio no fue capaz de señalar un artículo concreto del reglamento que impida interpelar a los miembros de la Mesa, más allá de la generalidad de que es potestad del presidente llamar a centrarse en la cuestión objeto de debate. .

“El presidente tiene la obligación de ordenar el debate”, le ha defendido este lunes Carlos Díaz-Pache, el portavoz del PP. “Aquí ha hecho una cosa ecuánime para todos los grupos, permitir el debate político en todas las ocasiones”, ha sostenido. “El cambio de criterio es que los miembros de la Mesa tienen una función distinta al resto de diputados. No se pueden hacer referencias directas a la función de la Mesa durante los plenos, porque estas personas no pueden defenderse de la misma manera”, ha añadido. Y ha rematado: “Se puede hablar de cualquier cosa. Pero los plenos no son para criticar la función del presidente durante las sesione plenarias”.