Almeida cierra el expediente al piso donde vive Ayuso con una multa por “unos aires acondicionados” colocados sin permiso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha revelado este miércoles que se ha cerrado el expediente de sanción urbanística a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con una multa por instalar sin permiso aparatos de aire acondicionado. Almeida no ha revelado la cuantía ni tampoco ha hecho pública la resolución, que ha causado sorpresa porque una inspectora municipal había detectado en mayo que la reforma era de mayor entidad e incluyó, entre otras actuaciones, el derribo de tabiques y falsos techos, la redistribución de habitaciones, la reforma de la carpintería exterior o la demolición del mobiliario de cocina.

En un par de intervenciones esta mañana, Almeida ha dado a entender que su administración ha dado carpetazo al asunto. Almeida ha excusado al empresario, diciendo que se había dado a entender que había hecho unas obras como “las del Escorial”.

Lo último que se sabía del caso databa de hacía meses. Este periódico reveló que una inspectora, una arquitecta técnica del distrito de Chamberí, constató durante una visita el 20 de mayo que esas obras consistieron en la redistribución de las habitaciones, renovación de acabados e instalaciones de eléctricas, obras exteriores de sustitución, carpintería e instalación de toldos, según el acta, vista por EL PAÍS. “No se ha localizado título urbanístico habilitante que ampare las obras realizadas, las cuales se encuentran terminadas”, dijo la inspectora en ese documento.

A ese informe siguieron otros dos en cuestión de una semana, que también pudieron ser vistos por EL PAÍS. Uno, del 24 de mayo, iba firmado por el jefe del servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana del distrito de Chamberí, José María Leal Mora, que pasó el testigo al servicio de Disciplina Urbanística y Procedimiento Sancionador del distrito, con la recomendación de actuar conforme al artículo 195 de la Ley de Suelo autonómica, que se refiere a las medidas de disciplina para obras ejecutadas sin licencia. El siguiente informe, del 27 de mayo, iba firmado por el coordinador del distrito, Javier Benito de la Torre, por el que los técnicos daban un plazo de dos meses a la pareja de Ayuso para obtener la licencia que nunca presentó. De lo contrario, le advertían, tendrá que aceptar la “demolición” de la obra, tal y como dicta la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

En julio, se supo que el juzgado contencioso-administrativo número 14 de Madrid había admitido un recurso de Amador contra el Ayuntamiento. Y desde entonces no había surgido nueva información sobre el avance del expediente hasta que hoy ha hablado Almeida.

Almeida ha dicho hoy a los medios que el procedimiento ya “concluyó”. Ha explicado después de un acto en homenaje a la Constitución que “las obras se habían ajustado a la declaración responsable salvo la colocación de los aparatos de aire acondicionado. En eso consistía el restablecimiento de la legalidad en las obras que se habían llevado a cabo en ese piso”, ha dicho. “Las irregularidades son la colocación de aparatos de aire acondicionado en lo que es la resolución que se ha emitido por parte de este Ayuntamiento, que por cierto es pública”. Sin embargo, esa resolución no aparece en la base de datos urbanística de consulta pública, Conex.

Antes, en una entrevista en Radio Nacional, el alcalde había declarado que “parecía que eran las obras de El Escorial”. “Pues no”, ha añadido, “hubo una declaración responsable, se presentó esa declaración responsable, se comprobó por los técnicos qué es lo que se había ejecutado en el marco de esa declaración responsable y lo único que no se correspondía con la normativa era la colocación de unos aparatos de aire acondicionado y por supuesto eso inmediatamente se corrigió”.

El caso saltó a la luz en marzo, poco después de que se conociera que la pareja de Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía por la comisión de un fraude fiscal. Tras defraudar presuntamente 350.000 euros, el empresario compró en julio de 2022 un piso en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital española. Acto seguido, informó al Ayuntamiento de una obra mediante una declaración responsable, un documento por el cual los ciudadanos pueden iniciar actuaciones sin esperar a un permiso. Sin embargo, la Junta Municipal de Distrito de Chamberí ordenó en dos ocasiones el “cese inmediato” de la reforma, el 2 de noviembre de 2022 y el 13 de diciembre de 2022. A pesar de estas comunicaciones, la obra continuó y la pareja se mudó al inmueble en el otoño de 2023.

Cuando la obra sin permiso fue revelada este año por los medios, el alcalde se vio en una posición incómoda: su propia administración debía investigar la obra en el piso de Ayuso, quien es también su jefa, al ser la presidenta del PP de Madrid.

El alcalde había prometido que trataría a Amador como a cualquier otro madrileño, pero el PSOE ha denunciado que el Ayuntamiento ha obstruido su labor de control, al restringir el acceso que por ley deben tener sus concejales a los expedientes municipales (la información a la que accedieron tiene folios sin numerar, tachaduras de nombres, direcciones y páginas parcialmente en negro). Además, el Ayuntamiento limitó durante meses el acceso de todos los ciudadanos a una base de datos urbanística, Conex, que fue fundamental para que los medios conocieran esta irregularidad. Este miércoles Conex ha vuelto a mostrar los documentos PDF descargables que habían dejado de ser accesibles, pero ahora los nombres y direcciones aparecen tachados.

Almeida también ha hecho varias declaraciones defendiendo la posición de Amador. En junio, anunció que iba a averiguar quién dentro del Ayuntamiento había “filtrado” datos del caso a los medios de comunicación y Ayuso declaró que había habido “un posible delito de falta de custodia”.

Este miércoles, en Radio Nacional, Almeida también se ha alineado con el discurso exculpatorio de Amador en el caso del fraude fiscal, abanderado por Ayuso y su equipo. Sin pruebas, ha afirmado que Moncloa dio instrucción de filtrar un correo en el que Amador confesaba haber cometido dos delitos de fraude fiscal, y lo ha calificado de “operación de Estado contra una adversaria política”. Almeida se refería a la investigación del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por esa presunta filtración.

En declaraciones a los medios, la líder de la oposición, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha tachado de “bulo” las declaraciones del alcalde sobre el piso. “Almeida no puede mentir y no puede intentar tapar este otro escándalo de la presidenta Ayuso y de su pareja que como en otros ámbitos de su vida piensan que la ley aplica a todo el mundo menos para ellos”, ha dicho en un acto de homenaje a la Constitución. Su partido ha solicitado copias de los expedientes relativos a este caso.

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