Una asociación de la enseñanza privada lleva a los tribunales los colegios concertados impulsados por Ayuso
El BOCM recoge el litigio por el centro de Vicálvaro, y Cicae dice que el conflicto afecta a los tres creados en parcelas públicas valoradas en 30 millones
La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que reúne a 50 centros de élite (la mayoría internacionales), ha llevado a los tribunales a la Comunidad de Madrid por el diseño de los tres concursos lanzados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para adjudicar gratuitamente tres parcelas públicas valoradas en 30 millones de euros en las que se van a construir centros privados concertados. El conflicto jurídico, que reflejó este viernes el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en el caso del centro de Vicálvar...
La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que reúne a 50 centros de élite (la mayoría internacionales), ha llevado a los tribunales a la Comunidad de Madrid por el diseño de los tres concursos lanzados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para adjudicar gratuitamente tres parcelas públicas valoradas en 30 millones de euros en las que se van a construir centros privados concertados. El conflicto jurídico, que reflejó este viernes el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en el caso del centro de Vicálvaro y que afectaría a otros dos, según los impulsores del litigio, vuelve a poner bajo los focos una de las decisiones más polémicas de la baronesa conservadora: recuperar, una década después, la política de ceder gratis terrenos públicos a compañías privadas para que los exploten un mínimo de 40 años y un máximo de 75, que había dejado de practicarse desde tiempos de Cristina Cifuentes (2015-2018).
“La licitación de las tres parcelas está judicializada”, explicita un representante de Cicae, aunque este diario solo ha encontrado constancia de un caso en el BOCM. “Hemos impugnado los pliegos, pues consideramos que están mal, y, para que pueda tener eficacia, también impugnamos instrumentalmente las adjudicaciones y las formalizaciones, cuando las hay”, añade.
Cicae considera que la cesión gratuita de los terrenos es “una ayuda encubierta al licitador”; que así se está condicionando la ocupación de las parcelas públicas a que el uso sea para un colegio concertado; que además la norma establece que los conciertos se firman con colegios ya existentes, y no antes de que estos existan, como se ha hecho en estos tres casos; y que los pliegos permiten a la Comunidad decidir sobre la rentabilidad del colegio con discrecionalidad. Esto se debe a que el Gobierno se ha abierto por primera vez a cobrar a los colegios concertados construidos sobre parcelas públicas que quieran engordar su negocio ampliando su oferta educativa a etapas no obligatorias (como Infantil, Formación Profesional o Bachillerato) impartidas en régimen privado puro. Pero, como adelantó EL PAÍS, esa tasa no se cobra automáticamente, ni queda claro en los pliegos cómo se calcula. “Por lo tanto, según quién gane, se le puede tratar mejor o peor [por parte de la Comunidad], lo que no es razonable”, argumenta Cicae.
Un portavoz del Gobierno regional circunscribe por ahora el conflicto jurídico al concertado de El Cañaveral, sin aclarar si afecta a los otros dos impulsados por el Gobierno de Ayuso. “La Cicae ha recurrido la concesión de la parcela de El Cañaveral para la construcción de un centro educativo concertado”, se limita a decir. “Dentro del proceso que conlleva el recurso contencioso administrativo, es necesario emplazar a los posibles interesados a que se personen en la causa, tramite administrativo que se ha publicado este viernes en el BOCM”.
Los nuevos privados concertados impulsados por el Gobierno de Ayuso se sitúan en los distritos de Villa de Vallecas y Hortaleza, donde la explotación de las parcelas públicas fue cedida gratis a una empresa, el grupo GSD, y Vicálvaro, donde ganó la oferta de Humanitas Centros de Educación. El terreno localizado en el barrio de Valdefuentes del distrito de Hortaleza, en la zona de Valdebebas, mide 18.838,4 metros cuadrados, y está valorado en 10.377.547,08 euros, según el convenio de cesión que firmó el Ayuntamiento de la capital con la Comunidad en mayo. La parcela situada del distrito de Villa de Vallecas mide 13.456 metros cuadrados, y tiene un valor de 1.540.103,14, según la documentación pública relacionada con la concesión. Finalmente, la tercera cesión, que se radica en Vicálvaro, tiene 23.691,00 metros cuadrados y un valor de 18.270.991,97 euros.
Las tres parcelas afectadas suman un valor de más de 30 millones de euros. Su cesión gratuita supone emprender un viaje en el tiempo. El Ejecutivo regional no culminaba una concesión como estas desde 2013, cuando puso en marcha el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso 2013-2014, según información proporcionada por la Consejería de Educación. En 2018 se licitó otro concertado, pero la tramitación no llegó a cerrarse. Y en 2022, el actual Ejecutivo regional reactivó un concierto durmiente (concedido pero no ejecutado) de 2005 en Villalbilla. De esta manera, si los Gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido hicieron una apuesta explícita por no crear nuevos colegios privados concertados, Ayuso ha vuelto ahora a la política de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Para hacerlo, el Ayuntamiento y la Comunidad han tenido que encontrar una vía por la que regatear la ley estatal de educación. La norma nacional prohíbe de facto a los municipios ceder terrenos públicos para construir centros privados concertados, pues restringe esa posibilidad “a los centros docentes públicos”. Como las comunidades no están afectadas por esa medida, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida cede la parcela a Ayuso (en los tres casos gratuitamente) y es la Comunidad quien organiza el concurso para que un privado afronte la construcción y explotación del centro concertado.
Pero los tres nuevos centros se han topado con la oposición de Cicae, que interpuso primero un recurso de reposición contra los respectivos pliegos de cláusulas que regían el procedimiento de adjudicación y las condiciones de ejecución. En desacuerdo con la resolución de ese expediente, la asociación ha llevado ahora el asunto a los tribunales a través de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.