Familiares de los fallecidos en las residencias presentan una denuncia colectiva contra el Gobierno de Ayuso ante la Fiscalía de Madrid

La Marea de Residencias insiste en los tribunales. La mañana de este jueves, una veintena de familiares, en representación de un total de 109 denunciantes, ha gritado “7.291″ frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) repetidamente para que nadie pueda olvidar que ese fue, según sus cálculos, el número de mayores que fallecieron sin atención hospitalaria en residencias de Madrid en marzo y abril de 2020, en lo peor de la pandemia de la covid-19. Estos familiares han presentado una nueva denuncia conjunta a la Fiscalía de Madrid para que se investigue a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a 25 geriatras por un delito por denegación de atención sanitaria por motivos discriminatorios, contenido en el artículo 511 del Código Penal. La nueva denuncia se sustenta en que este delito no contempla el resultado de la infracción, si los enfermos fallecieron o no, sino que basta con no haberles prestado la asistencia médica requerida.

Los 109 denunciantes representan a 115 personas mayores ―algunos de los denunciantes tuvieron a su padre y a su madre afectados―, 111 de ellas fallecidas en esas circunstancias, provenientes de 72 residencias de Madrid a los que se les negó el traslado hospitalario en medio de la crisis del coronavirus. Entre los denunciados constan altos cargos del Gobierno de Ayuso y geriatras de 25 hospitales, quienes presuntamente comenzaron a prohibir el traslado de los mayores a los hospitales desde el 13 de marzo de 2020, cinco días antes de que se aprobaran los conocidos como “protocolos de la vergüenza”. En total son 29 las personas denunciadas: los directores de Coordinación Sociosanitaria durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmante y autor de dichos protocolos respectivamente; el entonces director de Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; el autor del plan de choque contra la pandemia, Antonio Burgueño; y los 25 geriatras responsables de aplicar esos protocolos en los hospitales públicos de Madrid.

En la denuncia se contempla que, para la consumación del delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, no se requiere el resultado de esa infracción, por lo que en ella también se incluyen víctimas que, aunque no fallecieron, se vieron afectadas por estos protocolos. Según los denunciantes, la discriminación ocurrió por cinco motivos, los dos de mayor peso, por no medicalizar las residencias y por impedir el traslado de los residentes a hospitales públicos. Los otros tres ámbitos son el veto de atender a las víctimas en hospitales privados, salvo que esta tuviera un seguro privado, lo cual también ocurrió en el hospital Ifema y en los hoteles medicalizados.

Las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia para las Víctimas de las Residencias aseguran que ha aportado “abundante documentación inédita”, como informes internos del Gobierno regional. La denuncia, de más de 160 páginas, recoge los datos de la escasez de personal sanitario en las residencias que, a día 7 de abril de 2020, cifraba en 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultores. Entre las evidencias que han entregado consta un informe de la Consejería de Sanidad en el que certifican que lo que la Comunidad de Madrid llamó “medicalización de las residencias” consistió en enviar 24 médicos y 25 enfermeras a estos centros.

Carmen López Llorente, miembro de Marea de Residenicas, ha pedido a la fiscal superior Almudena Lastra que “investigue y judicialice la causa” con las pruebas que aportan ahora, pero que creen que “debía haber aportado ella misma”. Los familiares han incluido algunos de los informes que la Consejería de Políticas Sociales enviaba a diario a la Consejería de Sanidad con información de las residencias públicas y las privadas, pero piden a la fiscalía que recopile el resto de los documentos, a los que no han tenido acceso.

Los familiares creen que las pruebas que se aportan son tan contundentes que el Ministerio Fiscal judicializará la denuncia “cuanto antes”. La causa podría prescribir a partir de marzo de 2025, fecha en la que se cumplirán cinco años de estos sucesos, cuyos culpables hasta ahora no han sido procesados. “No vamos a parar”, ha repetido María Jesús Valero, presidenta de la asociación 7291: Verdad y Justicia para las Víctimas de las Residencias. “Vamos a continuar estudiando más vías para denunciar la discriminación que sufrieron por vivir en residencias, que no tuvieron la misma oportunidad que los que vivían en su domicilio, a pesar de que las residencias eran su domicilio, pero no lo consideraron así”, ha añadido Valero.