A falta de dinero público para ventiladores o aire acondicionado en clase, los padres llegan al rescate

Gioia Lazzo hacía sus compras en el Lidl el lunes de la semana pasada cuando vio un producto que necesitaba, un toldo. No era para su casa, sino para el colegio de su pequeño de nueve años. Agarró su teléfono y avisó a sus compañeras de la asociación de familias.

—Perdonad si no os he consultado—, escribió, —He pillado tres toldos para el curso que viene. Unos 45 euros.

Las respuestas llegaron al instante.

—Genial 🙂

—Perfecto!

Estamos en plena temporada. Se habla mucho de las compras que cada año hacen los padres en agosto y septiembre para la vuelta al cole...

Gioia Lazzo hacía sus compras en el Lidl el lunes de la semana pasada cuando vio un producto que necesitaba, un toldo. No era para su casa, sino para el colegio de su pequeño de nueve años. Agarró su teléfono y avisó a sus compañeras de la asociación de familias.

—Perdonad si no os he consultado—, escribió, —He pillado tres toldos para el curso que viene. Unos 45 euros.

Las respuestas llegaron al instante.

—Genial 🙂

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Estamos en plena temporada. Se habla mucho de las compras que cada año hacen los padres en agosto y septiembre para la vuelta al cole, pero menos de las que tienen que hacer en mayo y junio, cuando se acerca el fin de curso. Aprieta el calor, los niños se marean en clase y las autoridades ni se inmutan. Toca pedir presupuestos y solucionar el problema en las aulas y patios: un ventilador de techo cuesta alrededor de 100 euros; un aparato de aire acondicionado, unos 1.500 euros; y cubrir con toldos 147 metros cuadrados de un patio, casi 7.000 euros...

Además de esos tres toldos, Lazzo y sus compañeras de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) han comprado dos ventiladores de techo para el aula de los niños de tres años, los más pequeños del cole. Pagaron 275 euros en unos conocidos almacenes de bricolaje. Este sábado esperan instalar otros siete del mismo modelo. Su centro es el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Guindalera, una de las tres escuelas públicas del distrito de Salamanca de Madrid. Se consideran privilegiados porque los padres de aquí tienen más recursos que en otras zonas de la comunidad.

Pero aun así, los 400 alumnos del Guindalera pasan mucho calor. Este jueves hacía 32 grados a las 13.00, hora de fin de clases. Aemet había decretado el aviso amarillo por altas temperaturas. Algunos niños salían por la puerta con sus cabezas cubiertas por gorras y bañándose con flufis, los pulverizadores de agua típicos de las peluquerías. Uno llevaba en mano un mini ventilador.

Un poco antes, una madre que visitaba el colegio con un futuro alumno de cinco años se desplomó por una lipotimia en mitad del patio mientras hablaba con la directora, Beatriz Sánchez. Llegar al último día de clase, el 21 de junio, parece una tarea de supervivencia.

Padres madrileños como los del Guindalera están pagando de su propio bolsillo unos gastos que no les corresponden. Toman estas medidas a la desesperada porque llevan demasiados años viendo cómo sus hijos estudian en aulas a más de 30 grados y en algunos casos sufren golpes de calor, pero casi nunca llega una respuesta.

En Madrid, la administración con las competencias educativas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ni siquiera ha mapeado los recursos contra el calor de los 2.264 centros sostenidos con sus fondos. En los últimos dos años, 35 colegios e institutos se han beneficiado de 38,2 millones de euros en inversiones autonómicas contra el calor, según la Comunidad de Madrid. Es una cifra que parece minúscula comparada con la gran cantidad de centros bajo su responsabilidad, muchos ubicados en edificios viejos, poco preparados para el grave problema climático actual.

En los centros donde nadie actúa contra el calor, los padres toman las riendas, como pasa también en otras comunidades autónomas. Las AMPAS disponen de un pequeño presupuesto procedente de cuotas voluntarias que oscilan entre los ocho y los 15 euros anuales y de fiestas con rifas en las que venden camisetas o bocatas. Ese dinero suele ir destinado a actividades extraescolares, como comprar un tatami para el curso de karate o balones de pilates para gimnasia rítmica.

Laberinto burocrático

Antes de tomar la decisión de destinar esos fondos a infraestructuras escolares, los padres suelen haber pasado años perdidos en un laberinto de inacción burocrática. La dirección del centro cuenta con su propio presupuesto, asignado por la Comunidad de Madrid, que suele ser insuficiente para gastos extraordinarios. Tienen que pedir ayuda a las administraciones, pero en ese punto comienza la confusión, explica la presidenta de la Federación de asociaciones (FAPA) Giner de los Ríos, Mari Carmen Morillas. Según la teoría, los ayuntamientos se hacen cargo del mantenimiento de las infraestructuras en los colegios y la Comunidad, de los institutos. En la práctica, estas dos administraciones a veces se pasan la pelota para evadir la responsabilidad.

“Nos marean y nos agotan”, dice Luis Alonso, el presidente de la AMPA de un colegio de 250 alumnos en el centro de Madrid, el CEIP Vázquez de Mella. “Diriges escritos y te dicen que no son competentes o no te contestan. Así pasan meses y años...”.

En su caso, los padres iniciaron la batalla hace ocho años. Cada comienzo de curso plantean el problema del calor y nunca se hace nada, cuenta Alonso. El colmo es lo que les ha sucedido este curso. Tenían un proyecto redactado por varios padres arquitectos para instalar un toldo de 240 metros cuadrados en un patio de cemento con orientación sur que es “una chicharrera”. Una empresa les dio un presupuesto de 6.954 euros que presentaron al colegio, pero la Dirección de Area Territorial (DAT) de la Consejería de Educación lo vetó por motivos de seguridad.

Esta semana han escrito una carta de queja a la DAT que han compartido con este periódico: “No nos interesan los vericuetos administrativos ni los bailes de competencias. Estamos hablando de la salud y seguridad de menores durante la jornada lectiva. Cada día dejamos en manos de la Comunidad de Madrid a nuestros niños y niñas que, por lo tanto, están bajo SU RESPONSABILIDAD y deben buscar los medios necesarios para garantizar unas condiciones mínimas; debían haberlas buscado hace tiempo. No toleraremos que esta dejadez pueda resultar en situaciones graves de las que les hacemos enteramente responsables”.

Los padres de un colegio de Carabanchel, el CEIP Lope de Vega, consiguieron instalar un toldo por unos 250 euros hace un par de años. Pero un técnico municipal les advirtió de que no había sido “homologado” por el Ayuntamiento y les ordenó que lo retiraran bajo advertencia de multa. La AMPA comenzó una campaña de reclamaciones y consiguieron que la DAT, al año siguiente, les instalara tres toldos: uno en el pasillo, uno en el arenero y otro más en el patio de atrás. Pero son muy pequeños.

“Esto depende de la presión que hagan los padres en cada colegio”, dice Rubén Lorenzo, de la AMPA de este centro. “Tenemos la suerte de tener una asociación fuerte y comprometida, pero otros colegios, quizás el 80% o 90%, son más vulnerables”.

Este problema se ha vuelto acuciante recientemente. Los profesores veteranos cuentan que hace dos o tres décadas el calor era una amenaza mucho menor. Las temperaturas no solían superar los 32 grados en mayo o junio y las vacaciones escolares duraban más. Pero los centros ahora abren casi todo el año por la búsqueda de la conciliación familiar. En muchos de estos colegios sin recursos contra el calor se celebran campamentos escolares en julio y agosto.

A falta de reformas, el plan 2024 para episodios de altas temperaturas de la Comunidad recomienda cambiar los horarios, ropa fresca y beber agua. A los padres y profesores les indigna que no se actúe con urgencia. La FAPA Giner de los Ríos ha unido fuerzas con los sindicatos CC OO y UGT y con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos para cambiar la ley. Esperan recoger 50.000 firmas antes del 21 de junio para una Iniciativa Legislativa Popular que supondría inversiones contra el calor, entre ellas un plan de remodelación de los edificios para que cumplan con los más altos estándares de eficiencia energética.

En el CEIP José María de Pereda de Leganés compraron aparatos de aire acondicionado para el salón de grados porque las graduaciones de junio se habían convertido en un evento insufrible. La asociación familiar costeó un par de estos aparatos hace una década y hace un par de años el colegio compró un tercero, también para esa misma sala. No han podido climatizar otras partes del edificio porque ni a los padres ni al colegio les alcanza para más. “En las clases están los pobres asaos. Es bastante duro e insoportable”, dice Sara Sanz Gutiérrez, tesorera de la AMPA. “En las oficinas hay aire acondicionado, pero nadie piensa en los niños”.

Cuando los colegios destinan sus propios fondos a estos recursos, tienen que sacrificar otras partidas. La directora del Guindalera, Beatriz Sánchez, cuenta que han financiado algunos toldos con su presupuesto de 14.000 euros. Desde fuera, el edificio parece incompleto, con toldos repartidos sin ton ni son por las ventanas. “Es que es un dineral”, explica la directora. “Nuestro presupuesto está destinado para material didáctico”. Para hacer este esfuerzo han tenido que limitar el gasto en libros de biblioteca.

La presidenta de la AMPA, Lazzo, agradece la implicación de la dirección. En otros colegios se quejan de que la junta directiva les da la espalda y parece proteger los intereses de la consejería. A base de presión conjunta han conseguido que el Ayuntamiento les costeara el año pasado algunos toldos para el patio, pero la mayor parte del espacio exterior sigue descubierto. Y en las aulas la temperatura supera los 30 grados.

Lo cuentan mientras una profesora invita a este periódico a conocer su aula, a la que llama “mi horno”. Aquí, en condiciones impropias de un país desarrollado, tratan de aprender los escolares madrileños.

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