Ayuso lo vuelve a hacer: un colegio dentro de otro, ahora con niños con discapacidad en Carabanchel

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha convertido dos colegios en cuatro, en solo una semana. Pero lo que parece una multiplicación milagrosa tiene a cientos de padres disgustados por las incomodidades que han traído los proyectos de dos nuevos centros de enseñanza. Primero fue el anuncio de abrir una Escuela Europea Acreditada (EEA) dentro del colegio público Ramiro de Maeztu, donde “no hay espacio suficiente”, según advierten los padres. Ahora, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso quiere abrir 12 aulas, para al menos 70 niños con discapacidad en uno de los bloques del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Perú, en Carabanchel, lo que según la asociación de padres de este centro, impedirá la ampliación del “único colegio con capacidad para crecer en el sector” y donde ya hay déficit de plazas. La indignación tiene dos cabezas: la de los padres del colegio receptor, que alegan que no hay espacio para tanta gente, y la de las familias de los niños trasladados a Carabanchel, inconformes con la distancia kilométrica que tendrán que recorrer sus hijos hasta el nuevo centro.

Samuel Martínez, de cinco años, fue diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA) en marzo de 2022. Desde entonces, ha estudiado en una aula TEA en el CEIP Ignacio Zuloaga, a diez minutos caminando desde su casa en el distrito Tetuán. No obstante, al no superar los nuevos requisitos para ser admitido en las aulas TEA, su familia ha tenido que buscar una plaza en un centro de educación especial —exclusivamente para niños con discapacidad—, una tarea titánica en una ciudad en la que faltan plazas en ese tipo de enseñanza.

Uno de los cambios que ha ocasionado la resolución 254, publicada por la CAM en octubre de 2023, es un aumento de la exigencia al interior de las aulas TEA. Muchos menores con patologías que no han superado los nuevos parámetros han tenido que buscar una plaza en la educación especial. Pero la Comunidad no preveía el repunte de las solicitudes para entrar a este tipo de colegios y se ha visto, de imprevisto, con más de un centenar de alumnos con discapacidad sin el cupo asegurado. Es por eso que la Consejería de Educación planea destinar dos plantas de uno de los bloques CEIP Perú para paliar el déficit de plazas. Isabel Galvín, secretaria general de enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, recuerda que el sindicato recurrió la resolución 254 y anticipa que enviarán un escrito al consejero de Educación para mostrar su preocupación por una situación que, a su juicio, “huele muy mal”.

El problema para Kathy Rodríguez, la madre de Samuel Martínez, es que el centro de educación especial asignado queda a 14 kilómetros de casa —el anterior está a 800 metros—, con las dificultades que eso implica para un niño con TEA. Rodríguez, que calcula en tres horas diarias lo que gastará su hijo en la ruta escolar al sumar la ida y el regreso, considera que “no es viable que a un niño con discapacidad lo metan más de una hora en el transporte”. Samuel no tolera los viajes largos. “Con una ruta de hora y media se va a desesperar y cuando se estresa comienza a llorar”, afirma Rodríguez a quien le preocupa, además, no estar cerca del colegio en caso de que Samuel necesite asistencia, como ha ocurrido anteriormente cuando la han llamado del colegio por algún trastorno relacionado con el metabolismo o el sueño de su hijo. Este tipo de complicaciones la detonan, por ejemplo, los cambios abruptos en la rutina ―como tener que adecuarse a un nuevo colegio―, explica Rodríguez.

El Gobierno regional de Madrid ha confirmado por correo electrónico que “el CEIP Perú acogerán el próximo año nuevas aulas para educación especial”, pero ha evitado precisar, a pesar de las reiterativas solicitudes de este diario, cuántas plazas habilitará en el colegio de Carabanchel y cuántos cupos faltan por garantizar en la Comunidad. No hay ningún proyecto por escrito, así que todos son cálculos y comunicaciones orales entre la Comunidad, el colegio y los padres. La AFA habla de al menos 70 alumnos con necesidades especiales que serán trasladados al colegio, un número que coincide con los datos de Comisiones Obreras, el colectivo Defensa Alumnado Autista y con la información recibida por varios padres que han acudido individualmente al Servicio de Atención a la Escolarización (SAE).

La cifra de nuevos alumnos se puede inferir, además, de la multiplicación del número de aulas dispuestas para la Educación Especial en el colegio de Carabanchel (12) por el número de alumnos que puede haber por clase (entre seis y ocho).

El otro malestar por la apertura del centro de Educación Especial en el CEIP Perú viene por parte de la Asociación de Familias y Alumnos (AFA) del colegio de Carabanchel. Hace seis años la Administración regional les impuso recibir de forma temporal a los alumnos del colegio Antonio Moreno Rosales por obras en ese centro educativo. Dijeron, en 2018, que sería solo un curso, pero han pasado seis años. Finalmente, todo volvería a la normalidad al término de este curso, con el regreso de este alumnado a Lavapiés, pero la Comunidad ha decidido que este espacio vendría bien para abrir el nuevo centro de Educación Especial. “Con esta decisión no se podrá dar respuesta a la demanda del distrito”, se queja la AFA en una nota de prensa. El documento puntualiza que “este año, numerosas familias se van a quedar sin plazas en el primer ciclo de infantil, donde la cifra de solicitudes triplica la oferta del colegio”, y reclama que “el actual alumnado lleva años sin poder utilizar las instalaciones de forma integral”.

Gilberto Tabares, presidente de la AFA del CEIP Perú, hace un recuento de los espacios que no podrán utilizar por la decisión del Gobierno regional: “Vamos a perder el gimnasio porque lo van a habilitar para el centro de Educación Especial, así como el patio de los peques de cuatro y cinco años”. Además, prosigue Tabares, el colegio ya tenía planes para “al menos 8 de las 12 aulas” que se destinarán al nuevo colegio, con el objetivo de ampliar los cupos ofrecidos por el CEIP Perú. “El único cole que puede crecer en esta zona es el nuestro, por eso ha crecido la demanda de las plazas, pero ahora con esto no se va a poder seguir abriendo líneas (aulas)”, reclama por teléfono el portavoz de los padres.

Tabares resalta: “No estamos en contra de estos peques [con discapacidad] que también están afectados por la decisión. Nosotros queremos que se busque una mejor solución, tanto para esos peques como para los nuestros”. Los padres han aprendido a desconfiar después de que la estancia “temporal” de los alumnos del Antonio Moreno Rosales se prolongará más de un lustro. “Esto al final va a ser más de lo mismo”, augura el presidente de la AFA.

El colegio Perú ya ha recibido varios golpes del Gobierno. No solo le han impuesto dos colegios dentro de sus instalaciones, sino que han sufrido el lastre de la ampliación de la línea 11 del metro, cuyas obras comienzan a solo 20 metros de la institución. La AFA denuncia que llevan “todo el curso denunciando el impacto en ruido y contaminación que ya supone para el alumnado una obra de tal envergadura, que en ningún momento consideró en sus estudios de impacto la proximidad al colegio”.

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