El PP bloquea en dos meses cuatro iniciativas relacionadas con el movimiento 7.291

El PP no quiere que se hable de la tragedia de hace cuatro años en las residencias madrileñas. Este asunto incómodo para la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, iba a ser tratado este miércoles a las 19.00 en un acto de dos organizaciones de familiares de víctimas en un centro cívico del Ayuntamiento de Alcorcón, regido por la soc...

El PP no quiere que se hable de la tragedia de hace cuatro años en las residencias madrileñas. Este asunto incómodo para la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, iba a ser tratado este miércoles a las 19.00 en un acto de dos organizaciones de familiares de víctimas en un centro cívico del Ayuntamiento de Alcorcón, regido por la socialista Candelaria Testa, pero la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Madrid lo vetó tras recibir horas antes una denuncia del PP contra la alcaldesa. El escrito del partido conservador alega que este acto vulnera las prohibiciones previas a los comicios europeos del 9 de junio al tener un contenido de campaña. Sin embargo, el cartel no tiene símbolo de ningún partido político y los cuatro participantes anunciados son un jurista, una epidemióloga y dos miembros de asociaciones de familiares. El PSOE de Alcorcón había publicado el lunes un tuit en el que anunciaba el evento, una promoción que el PP ha destacado en su denuncia.

Se trata del cuarto bloqueo del PP en poco más de dos meses a iniciativas en Madrid relacionadas con la gestión del Gobierno de Ayuso durante marzo y abril de 2020, cuando murieron 7.291 mayores en las residencias. El primer ejemplo es del 16 de marzo de este año, cuando el Ayuntamiento de la capital retiró un permiso que había concedido para celebrar una charla llamada Residencias, así se dejó morir a nuestros mayores en la que iban a participar el periodista Manuel Rico y dos representantes de asociaciones de familias.

El segundo caso ocurrió el viernes 10 de mayo, cuando Más Madrid tuvo que retirar dos lonas con la cifra 7.291 tras un recurso del PP a la JEZ de Madrid que confirmó la Junta Electoral Provincial. Este lunes, se dio un nuevo bloqueo cuando la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, controlada por el PP, vetó a la científica María Victoria Zunzunegui, que había sido invitada por Más Madrid a hablar de residencias, por entender que esta experta en epidemiología también iba a hablar sobre los sucesos de hace cuatro años. Y el cuarto acto paralizado ha sido el de Alcorcón de este miércoles.

A pesar de la cancelación, unas 40 personas permanecían en el exterior del centro cívico este miércoles a la hora del evento. Los asistentes improvisaron una protesta que lideró José Ángel Chamorro, secretario de atención a la Dependencia del PSOE de Madrid y vecino de Alcorcón. Chamorro tomó la palabra para denunciar la “censura” del Gobierno de Ayuso. “Es muy grave lo que está pasando en esta Comunidad con la libertad de expresión”, les dijo. “Algo tienen que ocultar”.

Chamorro dio paso a las dos ponentes de las asociaciones de familias, que intervinieron durante unos 10 minutos ante unos asistentes que las escucharon de pie. “Este Gobierno que tenemos no hizo nada teniendo medios a su alcance”, dijo Carmen Martín, miembro de Verdad y Justicia. “Podían haber medicalizado las residencias, podían haberlos llevado al hospital milagro, a los hoteles medicalizados, a hospitales privados, pero nada de esto se utilizó. Simplemente, se los dejó morir”.

Parte de una gira por Madrid

Martín explicó a este periódico que el evento de Alcorcón era parte de una gira que iniciaron el 15 de marzo para promover el informe de la comisión ciudadana por la verdad en las residencias, formada por un grupo de siete reconocidos expertos que, a petición de las asociaciones, indagaron lo sucedido durante casi un año. Esa promoción comenzó con un acto en el Ateneo de Madrid y fue seguida por el evento cancelado de Villaverde y otros en Getafe y Parla. Tienen programadas nuevas citas en Torrelodones el 1 de junio, Ciempozuelos el 13 de junio y Colmenar Viejo el 26 de junio. “Nos están censurando todo, pero vamos a ir a todos los municipios que nos lo permitan”, decía la miembro de esa plataforma.

El cartel del evento de Alcorcón se titula Presentación del informe de la comisión por la verdad en las residencias de Madrid y lleva los logotipos del Ayuntamiento de Alcorcón y de las asociaciones Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Incluye una foto de una pareja de personas mayores en actitud cariñosa, la hora y lugar ―19.00 en el Centro Cívico Los Pinos― y los nombres de los cuatro intervinientes: dos son miembros de ese órgano ciudadano ―la epidemióloga Zunzunegui y el abogado Fernando Ranz― y dos son portavoces de dos asociaciones de familias ―Carmen López, de Marea de Residencias, y Carmen Martín, de Verdad y Justicia―.

El PP presentó su denuncia este miércoles a las 8.30 firmada por Jerónimo Escalera, gerente de la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. El escrito cita el artículo 50.2 de la ley de Régimen Electoral (Loreg), que prohíbe desde la convocatoria de elecciones, que se produjo el 16 de abril, “cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos, que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utiliza imágenes coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por algunas de las entidades públicas concurrentes a las elecciones”.

La denuncia menciona que el acto usa instalaciones públicas para “menoscabar la imagen de un adversario político” y añade que se ha publicitado desde la cuenta en la red X (antes Twitter) del PSOE de Alcorcón. Ese tuit dice: “¿Qué ocurrió en las residencias de mayores durante la pandemia? No olvidaremos a los 7.291 fallecidos, por el protocolo de la vergüenza”.

El escrito asegura que esa publicación busca “dar publicidad al partido que representa y los partidos con los que gobierna (PSOE Alcorcón, Más Madrid Alcorcón y Sumar) en un momento en el que cualquier campaña, acto o manifestación contra la Comunidad de Madrid y más concretamente contra su presidenta Doña Isabel Díaz Ayuso, entra de lleno en las prohibiciones establecidas a las Administraciones públicas en campaña electoral”. Por estos hechos, el PP pide una sanción para la alcaldesa Testa por ilícito electoral.

Una portavoz de la alcaldesa explicó a EL PAÍS que han decidido no recurrir y aplazar el evento para no tener a los participantes a la espera de confirmación. Sin embargo, sí han presentado a la JZE unas alegaciones en las que resaltan que ni el Ayuntamiento ni ningún partido forman parte de la comisión ciudadana por la verdad.

“El Partido Popular ha efectuado una interpretación del acto de presentación ignorando su verdadero fin, pervirtiéndolo al entender que se corresponde con una vulneración de las normas de la Loreg”, dice su escrito de alegaciones, “el Gobierno municipal va a proceder con carácter inmediato a la suspensión del mismo por considerar que esta actitud acosadora del Partido Popular, que busca ocultar responsabilidades sobre sucesos que causaron gran dolor en la ciudad, va a provocar tensiones innecesarias en las familias afectadas, trasladándose el acto a fecha posterior garantizando así la seguridad jurídica de la actividad municipal”.

Cuatro años después, los eventos de 2020 siguen ocupando un lugar preferente en la tensa batalla política madrileña. En los tribunales, las familias no han logrado éxitos, pero esperan tener más suerte con decenas de recursos de amparo presentados al Tribunal Constitucional. En la calle, el movimiento ha logrado más visibilidad, gracias a convertir el número 7.291 en un símbolo. Esa cifra proviene de datos oficiales que publicó el diario digital InfoLibre. Se refiere a las personas mayores que murieron dentro de una residencia en marzo y abril de 2020 por cualquier causa.

Ayuso, que nunca se ha reunido con las asociaciones de familias, tuvo que aceptar la creación en julio de 2020 de una comisión de investigación en la Asamblea sobre los sucesos. Entonces gobernaba con la necesidad del apoyo de Ciudadanos y Vox pero, tras salir reforzada en las elecciones de 2021, impidió que ese grupo reanudara su trabajo. Desde junio de ese año, el PP de Ayuso se ha opuesto en ocho ocasiones a que se investigue en la Asamblea el drama de las residencias durante la pandemia o a que se debata sobre cómo mejorar el funcionamiento de estos hogares colectivos.

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