El pelotazo de las becas públicas para colegios privados de Ayuso favorece a 6.903 familias

Durante el curso 2022-2023, 6.903 alumnos de la Comunidad de Madrid recibieron becas públicas para estudiar en centros privados que no habrían obtenido un curso antes, según documentación a la que ha accedido EL PAÍS. Que tuvieran esa ayuda fue una decisión del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso, que en 2022 elevó el límite de renta per cápita (ingresos de una familia divididos entre el total de sus miembros) hasta lograr que familias con ingresos de más de 100.000 euros pudieran optar a pagar parcialmente los estudios de sus hijos con dinero público. Así, ...

Durante el curso 2022-2023, 6.903 alumnos de la Comunidad de Madrid recibieron becas públicas para estudiar en centros privados que no habrían obtenido un curso antes, según documentación a la que ha accedido EL PAÍS. Que tuvieran esa ayuda fue una decisión del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso, que en 2022 elevó el límite de renta per cápita (ingresos de una familia divididos entre el total de sus miembros) hasta lograr que familias con ingresos de más de 100.000 euros pudieran optar a pagar parcialmente los estudios de sus hijos con dinero público. Así, ese límite de entrada se fijó en 35.913 euros per cápita, lo que supuso flexibilizar el criterio de selección de beneficiarios en un 259% en Bachillerato (de 10.000 euros a 35.913); un 80% en Formación Profesional de grado superior (de 20.000 euros a 35.913); y un 44% en Educación Infantil (de 25.000 euros a 35.913). Como consecuencia, el 14% (6.903) de los 48.953 beneficiados totales tuvo una beca pública para estudiar en un centro privado que de otra manera no habría tenido, sin que se pueda saber con los datos proporcionados por el Gobierno exactamente cuánto dinero ingresan sus familias.

En el principio de todo está Vox. Es 2021, y el PP depende de la extrema derecha para aprobar los Presupuestos. En noviembre, los dos partidos firman un acuerdo que compromete al Ejecutivo a incrementar los fondos para becas en Educación Infantil, Bachillerato y FP. Son 62,5 millones más cada curso para financiar con dinero público los estudios no obligatorios en centros privados de 18.000 familias más que hasta entonces. Y se abre la puerta a las más pudientes: podrán optar a las ayudas aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que querían una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de Formación Profesional (FP), o de 75.000 para los de Educación Infantil. Del mismo modo, las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros también podrán pedir estas becas; al igual que las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros.

Casi dos años después, ya se conocen las consecuencias prácticas de este acuerdo político. Hasta 8.520 beneficiados por cualquiera de las tres becas declaraba una renta superior a 17.500 euros (renta media neta por persona en Madrid en 2021), lo que quiere decir que en esos hogares había unos ingresos mínimos de 52.500 euros (parejas con un hijo), 70.000 (parejas con dos hijos) o 87.500 (parejas con tres hijos). Hasta 1.684 beneficiados por alguna de las ayudas tenía una renta por encima de los 25.000 euros, lo que quiere decir que en esos hogares había unos ingresos mínimos de 75.000 euros (parejas con un hijo), 100.000 (parejas con dos hijos) o 125.000 (parejas con tres hijos). Y hasta 164 de los que han cobrado la ayuda tenían ingresos superiores a los 33.000 euros, ya cerca del límite normativo de 35.913, lo que implica que ganaban en el entorno de los 100.000 euros.

“Ha sido un gesto ultraliberal”, lamentó en 2022 sobre el proyecto de Díaz Ayuso uno de los escasos dirigentes conservadores disconformes con la estrategia de la presidenta, que ha tenido evidentes efectos prácticos y ha conseguido un cambio sistémico en Bachillerato.

Efecto llamada

Este es el resumen: en el curso 2022-2023, el 51% de las ayudas concedidas (para un total de 5.319 alumnos) no se habrían otorgado de haberse mantenido los baremos anteriores. Se puede incluso concluir que el cambio legal patrocinado por Díaz Ayuso provocó un efecto llamada para conseguir pagar con dinero público estudios no obligatorios en centros privados: hasta 50 familias presentaron la solicitud para Bachillerato pese a que superaban el límite de renta, situación que se repitió con hasta 287 solicitantes de becas de Educación Infantil, según la documentación consultada por este diario. Sus pretensiones fueron rechazadas.

Así, como resultado de ese planteamiento de la baronesa, hay cursos de Bachillerato en colegios privados donde la práctica totalidad de los alumnos financia parcialmente sus estudios no obligatorios con dinero público, según documentación obtenida por este diario en aplicación de la ley de transparencia. Es el caso de colegios concertados como el San Juan Evangelista, el Juan de Valdés, Los Olmos, Villa de Móstoles, El Pilar, El Sagrado Corazón o el Divina Pastora, informa Ana Puentes. De hecho, en este curso 2023-2024, 2.761 alumnos de 50 centros que segregan a sus estudiantes en función del sexo han recibido una ayuda pública anual de entre 2.000 y 3.750 euros por cabeza para asistir a Bachillerato, para un gasto total de 6,91 millones.

Ese panorama llevó a que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicitara en noviembre de 2023 un cambio en el criterio de renta para acceder a las becas de Bachillerato. De esta manera, el que fuera candidato del PSOE a la presidencia de Madrid en 2015, 2019 y 2021, denunció “la falta de adecuación al principio de equidad que supone facilitar el acceso a ayudas para estudios a alumnado con rentas altas”. Pero no solo eso.

“Aunque no le corresponde a esta institución determinar los umbrales de renta que dan acceso a las ayudas”, añadía Gabilondo en su informe, sí que puede analizar “si los criterios para la fijación de esos umbrales, que constituyen el elemento troncal del sistema de becas, son compatibles con la finalidad que las justifica de atender a los ciudadanos con condiciones socioeconómicas desfavorables”. Y recomendaba que estos fueran revisados. Es decir, que consideraba que no se cumple el objetivo planteado.

Los beneficiados por el cambio en el criterio de renta en Formación Profesional de Grado Superior fueron 299 alumnos (el 3,4%), cifra que creció hasta los 1.285 (4%) en Educación Infantil. Además, la Comunidad de Madrid viene concediendo desde la reforma de Ayuso ayudas para cursar Formación Profesional de grado medio en centros privados. Estas becas no existían antes de la llegada de la baronesa al poder, en agosto de 2019, por lo que no son parte de esta comparativa.

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