Ayuso se abre a que los expresidentes de Madrid cobren por asistir a un consejo consultivo
La líder defiende que no se puede dejar a los antiguos dirigentes “en un vacío legal”, pues carecen de estatuto propio, pero recalca que no ha comenzado su redacción
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha abierto este jueves a que los expresidentes regionales cobren por aconsejar al Gobierno regional a través de un consejo consultivo de nueva creación. Aunque la líder conservadora ha recalcado que el proyecto de dotar de un estatuto a los antiguos dirigentes es aún una página en blanco, ...
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha abierto este jueves a que los expresidentes regionales cobren por aconsejar al Gobierno regional a través de un consejo consultivo de nueva creación. Aunque la líder conservadora ha recalcado que el proyecto de dotar de un estatuto a los antiguos dirigentes es aún una página en blanco, pues la Asamblea todavía no ha habilitado al Ejecutivo para redactarlo, la afirmación ha resonado con claridad durante el pleno de control celebrado en el Parlamento, donde Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha intentado acorralar a la baronesa con una batería de preguntas sobre si se recuperará el sueldo de 8.500 euros brutos (5.500 netos) que cobraban estos antiguos políticos hasta 2015. Eso sí, Díaz Ayuso ha precisado que “no tendrán sueldo vitalicio”.
“Está haciendo una ley para beneficiarse a sí misma”, ha disparado Bergerot, que sustituye a Mónica García al frente de Más Madrid tras su promoción como ministra de Sanidad. “¿Cuál va a ser su paguita? ¿Qué cantidad le parece lógica para su sueldo Nescafé?”, ha ironizado. “¿8.500 euros le parece demasiado, o demasiado poco? ¿Le parece digno estar en contra de subir el salario minimo y en cambio tener un sueldo por no hacer nada?”, ha insistido. “En democracia se responde a las preguntas de la oposición, salvo que la respuesta sea inconfesable”.
La andanada ha vuelto a demostrar que la futura reforma va a ser motivo de desgaste para el Gobierno de Díaz Ayuso, que está aprovechando la mayoría absoluta que le dieron las urnas en mayo para deshacer todas las cesiones que tuvo que hacer el Gobierno de Cristina Cifuentes (2015-2018) a la oposición para poder gobernar en minoría. Entre ellas, la eliminación del consejo consultivo, y su sustitución por una comisión jurídica asesora, lo que supuso dejar sin sueldo a los expresidentes regionales. Si ahora se recuperara ese estipendio, podrían beneficiarse Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cifuentes, y Ángel Garrido, además de la propia Díaz Ayuso cuando deje el cargo.
“Se han inventado el bulo de la semana, cuando es un reglamento que no se ha empezado ni siquiera a redactar”, se ha quejado la presidenta de Madrid en referencia a la hipótesis de que recuperará el salario de 8.500 euros brutos mensuales. “Los presidentes de la Comunidad son de los pocos que ni tienen una vivienda cuando están en el cargo”, ha seguido, recordando que en otras regiones los antiguos líderes gozan de residencia oficial, de indemnización por cese, complementos de pensión, oficina, o coche incluso después de dejar el cargo. “En Madrid no tenemos nada de eso ni lo vamos a tener”, ha precisado, tras bromear con que se pondría a sí mismo un salario de 30.000 euros. “Lo que no podemos es dejarles en un vacío legal si van a formar parte de un [consejo] consultivo, en el que deberían al menos cobrar por participar”, ha rematado, sin precisar si ese cobro sería a través de dietas por asistencia o de un sueldo, ni cómo pondría de nuevo en marcha el consejo, eliminado a través de una ley en vigor.
El análisis de la conveniencia de que haya una contraprestación económica a los antiguos dirigentes por asesorar al Gobierno coincide de pleno con el expresado en conversación con EL PAÍS por dos afectados, Leguina y Aguirre.
“Yo puse que los expresidentes tuvieran lo mismo que los miembros del consejo consultivo”, dijo Aguirre, presidenta entre 2003 y 2012, sobre aquel organismo, que costó más de 3,5 millones de euros en 2014, último año completo de funcionamiento. “Lo que me gustaría a mí es que pongan otra vez el consejo consultivo y que se aproveche la experiencia de unas personas como Leguina, que ha estado 12 años [en el poder], [Alberto Ruiz] Gallardón, que ha tenido todas las experiencias, y yo misma”, siguió, sin mencionar en su lista a los expresidentes Cristina Cifuentes (2015-2018), Ignacio González (2012-2015) y Ángel Garrido (2018-2019). “Y si tú vas a un consejo, y tienes ahí unas obligaciones, y unos papeles, ¿por qué van a cobrar unos sí y otros no? ¡La gente está cobrando! ¡El consejo existe! Lo que han quitado es a los expresidentes”, argumentó.
En el mismo sentido se expresó Leguina, presidente entre 1983 y 1995. “Si van allí todos los días, sí [se debe cobrar], depende de cómo lo quieran hacer”, explicó, aunque puntualiza que él no tiene especial interés en ello. “Si estás trabajando, debes de cobrar, creo yo”, añadió, asegurando que el extinto consejo consultivo funcionaba bien. “Se hacían las cosas como es debido, con absoluta independencia”.
Cobrar el impuesto del Patrimonio
Además, Rocío Monasterio, la líder de Vox, ha reclamado a Díaz Ayuso que contenga el gasto político, y Juan Lobato, el portavoz del PSOE, ha argumentado en favor de que se centre en el ejercicio de sus competencias como presidenta de Madrid, abandonando su agenda nacional. Díaz Ayuso contesta como quien está ante un trámite. La jornada tiene cuestiones aparentemente más interesantes para sus intereses.
Así, la mayoría absoluta de la que goza el PP en la Cámara se ha impuesto este jueves para renovar la deflactación del IRPF, y para pasar a cobrar el impuesto del Patrimonio a quienes tengan más de tres millones de euros, recaudación que el Ejecutivo espera reinvertir en forma de rebajas impositivas (previsiblemente del IRPF) tras no lograr que el Tribunal Constitucional impidiera al Gobierno central cobrar esta tasa en su lugar.
Además, se han tumbado las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Más Madrid contra los Presupuestos para 2024, que así iniciarán su esprint para ser aprobados este mes y entrar en vigor en enero.
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