El tribunal de la verdad, la última bala de las familias de los mayores que murieron en las residencias de Madrid: “No se les ha escuchado”

Diez y cuarto de la mañana. La mujer lleva el DNI en la mano, listo para enseñar. Todo bien, es ella. Se sienta en una silla roja. La mesa y el micrófono, colocado a la altura de la boca, están delante. Y frente a ella, una segunda mesa, más larga, donde seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, esperan en silencio. “Soy María Ángeles Maquedano, trabajadora en la residencia Parque Coimbra”, empieza. Tarda media hora en contarlo todo: desorganización, bajas, mascarillas que no llegan, ancianos contagiados compartiendo espacio con personas sanas,...

Diez y cuarto de la mañana. La mujer lleva el DNI en la mano, listo para enseñar. Todo bien, es ella. Se sienta en una silla roja. La mesa y el micrófono, colocado a la altura de la boca, están delante. Y frente a ella, una segunda mesa, más larga, donde seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, esperan en silencio. “Soy María Ángeles Maquedano, trabajadora en la residencia Parque Coimbra”, empieza. Tarda media hora en contarlo todo: desorganización, bajas, mascarillas que no llegan, ancianos contagiados compartiendo espacio con personas sanas, la orden de no enviar a nadie al hospital, llamadas desesperadas de hijos, hermanos, nietos, sobrinos.

― “¿Cuánto personal médico quedaba?”―, pregunta una de las personas de la mesa.

― Había dos médicos.

― “¿Aumentó el número de fallecidos después de que se iniciaran los protocolos?”―, añade otra.

― Sí. Murieron de una forma horrible. Lo voy a recordar hasta el día en que me muera yo.

La escena recuerda a un interrogatorio ante el juez y ese era precisamente el objetivo: que el proceso se asemeje lo máximo posible a una investigación judicial, aunque no lo sea. En realidad, es un tribunal ciudadano, conformado por expertos de distintas áreas ―epidemiólogos, académicos especializados en gestión sanitaria, sociólogos― que durante dos días, 15 y 16 de septiembre, escucharán a trabajadores, antiguos residentes, familiares y peritos para intentar esclarecer las más de 7.000 muertes en geriátricos madrileños durante la crisis sanitaria. Entonces, el Gobierno regional impuso a los hospitales unos protocolos que negaron el traslado a miles de personas mayores que vivían en alguna de las 500 residencias de Madrid y que los condenaron a morir solos en sus habitaciones.

También es la última bala de quienes perdieron a alguien en las residencias, después de incontables intentos por obtener justicia y de que jueces y fiscales hayan dado carpetazo a decenas de investigaciones. “Es una comisión de la verdad, creada para determinar, a través de los testimonios de las víctimas, de los peritos y de la documentación, si todo lo que sucedió ha sido investigado [correctamente]. No pretendemos suplantar a nadie, pero vamos a actuar con una mecánica muy parecida a la de los tribunales”, explica José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo y encargado de presidir el panel de expertos.

La iniciativa nace a petición de los familiares de los fallecidos ―agrupados en las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia― y se ha bautizado como Comisión ciudadana por la Verdad de las residencias de Madrid. En los últimos tres años, cientos de personas han recurrido a la justicia para descubrir qué paso en los geriátricos y la mayoría están a la espera de que prosperen sus casos o directamente han visto cómo la Fiscalía los archivaba. De hecho, Amnistía Internacional expuso en un informe que la mayoría de las causas se cerraban sin una indagación mínima y en un centenar de ellas ni siquiera se entrevistó a los familiares de las víctimas.

Pallín considera que ante las “carencias” de las investigaciones judiciales, la comisión puede ayudar a dilucidar ― “aunque las conclusiones no tienen valor legal y no son vinculantes”― si la Comunidad de Madrid, a través de los llamados protocolos de la vergüenza, “realmente ha cometido negligencias, omisiones de socorro u otros posibles delitos”.

La mecánica es sencilla: los testigos que han accedido a participar se sentarán, como María Ángeles, frente al tribunal, que hará las preguntas que considere necesarias. Los interrogatorios comenzaron este viernes con el relato de 15 familiares, residentes y trabajadores, y finalizan este sábado, que será cuando comparezcan los peritos, entre los que están médicos, periodistas que cubrieron el drama de las residencias o el ex consejero de Políticas Sociales y Familias, Alberto Reyero. Una vez concluidas las dos jornadas ―que se celebran en la sede de una asociación en el barrio de Puerta del Ángel y retransmiten por streaming― los expertos estudiarán todo el material, entre testimonios y documentación, para elaborar un informe detallado que después entregarán a autoridades políticas y judiciales.

“Hasta ahora no se ha dado una respuesta adecuada a las demandas de los familiares y de los trabajadores. Este hecho tan grave requiere una investigación, una investigación en profundidad. Hay personas concretas e instituciones que no ganan nada con conocer la verdad y que están intentando obstaculizar cualquier esfuerzo para conocerla”, critica María Victoria Zunzunegui, epidemióloga de la Universidad de California especializada en tercera edad y que ha analizado a fondo lo ocurrido en las residencias madrileñas. Ahora lo hará, de nuevo, como miembro del tribunal, junto a otros especialistas como Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, o Fernando Lamata, médico y experto en gestión y administración sanitaria que ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Sanidad.

Zunzunegui señala que el exceso de mortalidad en las residencias madrileñas “es una anomalía” que no ha ocurrido ni se ha documentado en ningún otro lugar. La epidemióloga recuerda, por ejemplo, que en agosto de 2020 en Madrid “se seguía aceptando que los trabajadores fueran de una residencia a otra, transmitiendo el virus, algo que ya se había prohibido en muchos países durante la primera ola”. “La primera cuestión es la evidencia. La segunda, escuchar a las víctimas. Hasta ahora no se les ha escuchado, no se ha llamado a declarar a los familiares, no se ha llamado a declarar a los supervivientes, no se ha llamado a declarar a las trabajadoras”, denuncia.

Y eso es precisamente lo que hacen ante el tribunal los testigos: hablar, explicar, como ellos quieran, qué paso a finales de marzo de 2020 en las distintas residencias en las que trabajaban o tenían familiares. Como Isabel Hernández Costales. “Mi madre falleció en la residencia Monte Hermoso. Tenía 85 años”, empieza. Este geriátrico fue el primero donde se conoció el fallecimiento masivo de residentes que no habían sido derivados al hospital, antes incluso de descubrir la existencia de los protocolos.

La mujer lo cuenta así: “El 20 de marzo recibo una llamada [de la doctora] entre las cuatro o cuatro y media de la tarde. Me dice que mi madre se ha puesto mala súbitamente, que tiene muchas dificultades para respirar, cuando hace 24 horas estaba bien. Les digo que voy inmediatamente para trasladarla al hospital. Le dije a mi marido ‘nos vamos y vamos a intentar sacarla de allí'. Me dicen que no, que no envían ambulancias y no están trasladando al hospital a nadie según protocolo”. Diez minutos después, lista para salir a por su madre, recibe una segunda llamada. Había fallecido. “La trasladaron directamente al depósito y pasamos el duelo en casa. Sin poder hacer absolutamente nada”.

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