La Comunidad de Madrid da la razón a los médicos de urgencias del hospital Infanta Sofía y se desconvoca la huelga

La Administración cierra uno de los frentes que tenía abiertos, se compromete a cubrir el déficit de personal y a implementar una serie de medidas organizativas para reducir la carga asistencial

Profesionales sanitarios a las puertas del Hospital Infanta Sofía en el arranque de la huelga.Foto: AMYTS | Vídeo: EPV

La Comunidad de Madrid ha dado la razón a los médicos de urgencias del hospital Infanta Sofía, que estaban en huelga desde el 28 de octubre, y tras una reunión en la que han prometido cubrir el personal que falta desde hace años, los sanitarios han desconvocado los paros. La Consejería de Sanidad ha constatado la divergencia entre los números totales de los que disponían y los que realmente había en la plantill...

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La Comunidad de Madrid ha dado la razón a los médicos de urgencias del hospital Infanta Sofía, que estaban en huelga desde el 28 de octubre, y tras una reunión en la que han prometido cubrir el personal que falta desde hace años, los sanitarios han desconvocado los paros. La Consejería de Sanidad ha constatado la divergencia entre los números totales de los que disponían y los que realmente había en la plantilla de urgencias y se ha comprometido a cubrir el déficit de personal hasta alcanzar los números que realmente le corresponden al centro. También se van a implementar una serie de medidas organizativas “con el fin de favorecer la reducción de la presión asistencial que recae en los facultativos de la unidad”, según ha recogido el Comité de Huelga en un documento firmado por todos los presentes en la reunión con la Administración. Los urgenciólogos del Infanta Sofía no podían estar más satisfechos este jueves. No sólo por el compromiso alcanzado, sino porque el Gobierno regional ha admitido que se habían equivocado con los números que habían ofrecido a los medios de comunicación, cuando aseguraba que el servicio estaba “bien dimensionado” y que no tenían razón para quejarse.

Pero las quejas no eran nuevas. El sistema de organización de este centro de San Sebastián de los Reyes, en el norte de Madrid, colapsó a finales de octubre después de que llevaban avisando desde 2018 de que faltaban efectivos. El pasado verano, el grito de socorro se escuchó especialmente alto, cuando los sanitarios denunciaron que hacían turnos con la mitad de los médicos necesarios, y que el estrés y la depresión se había apoderado de la mayoría de ellos, cada vez con más bajas por enfermedad. Once a la vez en julio. Eso, cuando no se autodespedían, como han hecho 14 en el último año, cinco de ellos desde el pasado agosto. El resto, una plantilla formada ahora por 32 urgenciólogos fijos y nueve con contratos exclusivamente para las guardias, decidieron gastar una última bala antes de ponerse a buscar otro trabajo: se pusieron en huelga el 28 de octubre con la esperanza de que les escucharan.

Y lo han conseguido. Aunque parezca que les han escuchado para cerrar uno de los conflictos sanitarios abiertos que hay en estos momentos en la Comunidad de Madrid, ya que los médicos de las urgencias extrahospitalarias también están en huelga desde el pasado 7 de noviembre por el nuevo plan implementado el 27 de octubre, y los de Atención Primaria y Pediatría comenzarán los paros a partir del 21 de ese mes. “Nos han escuchado, la verdad es que ha habido buen talante”, explicaba Marina Parras, urgencióloga del hospital.

La situación de las urgencias del hospital Infanta Sofía ya estaba al límite. Tanto, que la gerencia empezó a escribir a los médicos para que anularan sus libranzas y fueran a trabajar cuando no les tocaba. “Nos lo dicen con menos de 24 horas de antelación y nos piden que vayamos. Yo, cuando hay una incidencia gorda, no hace falta que me digan nada. Si se cae un avión, voy. Con la pandemia, voy. Con un atentado, voy. Pero no había ninguna incidencia especial, simplemente nos piden que vayamos porque no cubren los turnos. Era el único fin de semana que librábamos en todo el mes. Esto no puede continuar así. No podemos más, por nosotros y por los pacientes”, lamentaba Marina Parras. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Por eso decidieron plantarse. Aunque llovía sobre mojado.

El Infanta Sofía nació en 2008 y se convirtió en una motivo de orgullo para el Gobierno regional, entonces gobernado por Esperanza Aguirre. Amplio, en una zona en expansión al norte de la región, estaba llamado a convertirse en uno de los centros de referencia. Empezaron a llegar médicos jóvenes, con grandes expectativas. La población asignada al centro por aquel entonces era de 269.249 pacientes. Y la previsión era que aumentase de la mano de los planes urbanísticos de la zona.

Pero los buenos tiempos se torcieron. Los sanitarios apuntan que el declive comenzó cuando caló la idea del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela de que el futuro se encontraba en el modelo de gestión sanitaria público-privada, que afectaba directamente a varios hospitales, entre ellos el Infanta Sofía. Una idea que recogió para llevarla a cabo su sustituto en el puesto, Juan José Güemes, y que defendió a capa y espada también Javier Fernández-Lasquetty, actual consejero de Hacienda. Pero apareció la marea blanca, se peleó en las calles por paralizar los planes y aquel proyecto se truncó. El hospital siguió funcionando como público y volvieron a tener motivos para sonreír: el equipo de urgencias consiguió en 2012 el premio al mejor servicio de Madrid.

Pero las previsiones se hicieron realidad. La población efectivamente creció hasta 333.756 habitantes contabilizados en 2021, mientras que la plantilla es prácticamente la misma que en 2008. En urgencias, de hecho, ha pasado de 28 a 32 adjuntos, cuatro contrataciones gracias a la pandemia, con personal que ya trabajada allí mismo con contratos temporales.

En principio los sanitarios han ganado la batalla. Ahora tendrán que ver que realmente aumenta la plantilla. Por lo pronto, la huelga que quedado desconvocada. Ahora la Consejería de Sanidad contratará de golpe tres efectivos y en enero otros tres. También se ha acordado una primera comisión de seguimiento del impacto de las medidas a tomar antes del 31 de diciembre y una segunda reunión dentro del primer trimestre de 2023.

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