El sindicato CSIF exige a Ayuso que se retracte públicamente de las acusaciones de boicot a los sanitarios
La organización tilda de “despropósito” las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid y le reprocha la “improvisación” en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se retracte públicamente de las palabras pronunciadas en los últimos dos días contra los sanitarios, sobre los que ha deslizado la idea de que estaban boicoteando el nuevo plan de las urgencias extrahospitalarias. “Es este colectivo al que atac...
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se retracte públicamente de las palabras pronunciadas en los últimos dos días contra los sanitarios, sobre los que ha deslizado la idea de que estaban boicoteando el nuevo plan de las urgencias extrahospitalarias. “Es este colectivo al que ataca el que hace posible que funcionen los centros, abiertos atropelladamente”, defiende el sindicato en una nota de prensa, en la que califica las acusaciones de la presidenta de “despropósito”.
“De lo que no habla Ayuso es del caos producido en estos centros debido a la improvisación de la Comunidad”, critica CSIF. Tan solo el primer día de la reapertura de las urgencias extrahospitalarias se contabilizaron más de un 40% de bajas entre el personal sanitario que se tenía que incorporar a los 78 Centros Sanitarios 24 horas, el 60% entre los médicos. A muchos de estos profesionales se les informó de un día para otro de un cambio en sus horarios y destinos y, al menos 30 de ellos, renunciaron a la plaza por incompatibilidad, según las cifras recogidas por la plataforma SAR.
El sindicato habla de “menosprecio” hacia los profesionales sanitarios y de las “calamidades” a las que se enfrentan día a día: “La Comunidad de Madrid está obstruyendo la obligatoriedad de contar con unos centros de trabajo adecuados y unas condiciones laborales dignas”.
En el texto, CSIF recuerda que no se han cumplido muchos de los puntos recogidos en el acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales: no se han abierto los PAC (Puntos de atención continuada) de forma escalonada, por lo que faltan médicos en muchos de ellos; los trabajadores han sido desplazados de un centro a otro, incluso en una misma jornada; faltan voluntarios de Atención Primaria para cubrir sábados y festivos, y se está recurriendo a profesionales de Atención Especializada.
Ante esta situación, CSIF ha decido apoyar la convocatoria de huelga para los próximos 4, 5 y 6 de noviembre en las urgencias extrahospitalarias de Madrid, organizada por los sindicatos Summat, MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad) y la Plataforma SAR.
Reapertura “precipitada”
Por su parte, el sindicato de médicos (Amyts) lamenta que se “siga poniendo a los profesionales al pie de los caballos”, y que Ayuso haya desvinculado este lunes la agresión a una doctora en un centro de Guadarrama el pasado domingo de la reapertura “precipitada” de las urgencias extrahospitalarias. Amyts denuncia que “son múltiples” las incidencias desde la apertura de los centros. “Está claro que está siendo un completo desastre y muy opaco en cuanto a información”, ha criticado la secretaria general del sindicato, Ángela Hernández, según ha recogido Efe.
A las críticas se han sumado también las sociedades española y madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria ―Semfyc y Somamfyc, respectivamente―, que han emitido un comunicado conjunto en el que reclaman una planificación “realista” para resolver el “caos organizativo” de las urgencias extrahospitalarias.
Ambas entidades consideran que la “improvisación”, la “falta de medios” y “la insatisfacción entre pacientes y profesionales” han marcado la reapertura de los centros. Además, califican de una “gravedad extrema” las acusaciones de boicot contra los profesionales. En el comunicado, exigen el “reconocimiento expreso por parte de la Consejería de Sanidad del trabajo realizado por los profesionales” y que se asuman responsabilidades políticas sobre las acusaciones vertidas.
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