El PP de Ayuso y Vox firman la tregua en Madrid para reformar decenas de leyes y aprobar los Presupuestos de 2023

Mientras la izquierda protesta, la derecha pacta. Así ha ocurrido este jueves en la Asamblea de Madrid, donde los diputados de Más Madrid, PSOE y Podemos se han puesto en pie para dedicarles a los taxistas presentes en la tribuna una larga ovación, animados todos porque el Tribunal Constitucional haya aceptado a trámite el recurso del partido de Alejandra Jacinto contra la ley Uber, que liberaliza el sector. Y también allí, co...

Mientras la izquierda protesta, la derecha pacta. Así ha ocurrido este jueves en la Asamblea de Madrid, donde los diputados de Más Madrid, PSOE y Podemos se han puesto en pie para dedicarles a los taxistas presentes en la tribuna una larga ovación, animados todos porque el Tribunal Constitucional haya aceptado a trámite el recurso del partido de Alejandra Jacinto contra la ley Uber, que liberaliza el sector. Y también allí, con voz queda, sin alaracas ni aplausos, como quien no quiere la cosa, Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, ha anunciado que el acuerdo con el PP para aprobar la ley ómnibus está próximo. El nombre lo dice todo: la norma incluye más de 40 cambios legales de calado en una sola votación. Dan igual las tiranteces de las últimas semanas, tanta bilis, enfado y críticas vertidas por el PP contra Vox por impulsar una comisión de estudio sobre las residencias, que finalmente retiró, y de Vox contra el PP por no apoyarla ―”les falta humanidad”, llegaron a espetar―. No parece importar que los conservadores no hayan aprobado este jueves una modificación legal impulsada por los ultras contra la okupación. Como siempre cuando hace falta, los socios se ponen de acuerdo, y se aprestan a afrontar el esprint final de la legislatura unidos en lo importante: la ley ómnibus y la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2023.

“En los próximos días, probablemente, llegaremos a un acuerdo por la ley ómnibus que será bueno para los madrileños”, dice Monasterio sobre la norma, que por ejemplo flexibilizará las obras y los trámites de los constructores; permitirá modificar la ley de transparencia, aprobada en 2019 con el voto en contra del PP, para que sea más difícil saber con quién se reúnen los dirigentes regionales antes de tomar sus decisiones; y que afectará a 34 leyes, tres decretos legislativos, cuatro nuevas regulaciones de rango legal y cuatro decretos, incluyendo la derogación total o parcial de tres leyes y dos decretos.

“El 99% de la ley ómnibus lo hemos redactado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, le contesta Ayuso, sin abandonar el tono beligerante que mantiene últimamente con su único socio parlamentario posible, cuando no puede aprobar ninguna reforma sin el apoyo de Vox. Es el reflejo de las tensas negociaciones que han mantenido con sigilo las dos formaciones en las últimas semanas.

Porque Vox aún reclama para dar sus votos decisivos una reducción de la burocracia (por ejemplo eliminando informes preceptivos de impacto de género para realizar obras, y que derivan de las leyes LGTBI regionales). Y porque Vox ha bloqueado el proyecto del PP para controlar en la Comunidad de Madrid la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar la contratación pública en la región. El Gobierno de Ayuso incluía en su macroproyecto la apuesta por incluir una segunda vuelta en la que se rebajaba la mayoría necesaria para elegir a los miembros del órgano. Según ese planteamiento, se pasaría de un sistema en el que era obligatorio el pacto entre partidos de derechas e izquierdas a otro con una segunda vuelta en la que los conservadores podrían imponer su criterio para seleccionar a siete consejeros de acuerdo con la extrema derecha (mayoría simple, a razón de uno, tres y tres en cada ronda). Sin embargo, Vox vetó ese punto durante la negociación, que es casi paralela a la de los Presupuestos de 2023.

“Los dos grandes partidos, PP y PSOE, siempre tienden a intentar controlar muchos órganos que son de fiscalización y control como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a escala nacional, o la Cámara de Cuentas, que es el órgano que fiscaliza al Gobierno de la Comunidad de Madrid”, explicó el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna. “Nosotros no entendíamos esa modificación de la ley, estábamos en contra y hemos llegado al acuerdo de retirarla de la ley ómnibus”, añadió.

El PP, por su parte, también confirmó el acuerdo. “El grupo parlamentario del PP ha acordado y sigue acordando con Vox muchos temas dentro de la ley ómnibus y este punto es uno más”, han explicado los conservadores a través de un portavoz. “No había coincidencia sobre cómo realizar las modificaciones oportunas planteadas por Vox y, ante esa situación, se ha retirado”.

Que Vox filtrara la pasada semana ese avance dentro de una negociación compleja con muchos otros acuerdos ha escocido en el PP. De la misma manera, a Vox le ha molestado que el PP no haya apoyado este jueves su iniciativa contra la okupación, con el argumento de que ya está recogida, precisamente, en la ley ómnibus. Pero la practicidad se impone: el PP necesita a Vox para sacar adelante la veintena de proyectos legales que tiene en la recámara, y especialmente los Presupuestos de 2023, que tendrán que llegar a la Asamblea antes de finales de octubre para que sean aprobados la última semana hábil de diciembre y que entren en vigor en enero del próximo año.

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