El noveno cierre en 15 años de la línea 7B de Metro de Madrid, que arranca este miércoles entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares, enfrenta a los ingenieros contratados por la Comunidad de Madrid con una infraestructura que se ha convertido en el túnel de los horrores de la región. No hay fecha oficial para la reapertura. Tampoco existe la certeza de que las obras encargadas para afi...

El noveno cierre en 15 años de la línea 7B de Metro de Madrid, que arranca este miércoles entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares, enfrenta a los ingenieros contratados por la Comunidad de Madrid con una infraestructura que se ha convertido en el túnel de los horrores de la región. No hay fecha oficial para la reapertura. Tampoco existe la certeza de que las obras encargadas para afianzar la construcción vayan a solucionar el problema causado por la filtración de agua, que desestabiliza el terreno al disolver las sales que este contiene. Y solo hay una cosa segura: un centenar de personas han sido desalojadas de sus viviendas de San Fernando de Henares, al este de Madrid, porque el túnel del Metro ha hecho que perdieran pie las casas en las que vivían, llenándolas de grietas. Resultado: estas 50 familias llevan más de medio año viviendo en un apartahotel, y han visto cómo excavadoras y piquetas derribaban un edificio y tres viviendas unifamiliares por problemas estructurales graves. En paralelo, la línea 7B ha estado cerrada total o parcialmente durante más de 860 días desde su inauguración, en 2007.

“La situación es dramática. Sentimos impotencia”, lamenta en conversación telefónica Javier Corpa, el alcalde socialista de este ayuntamiento de 40.000 habitantes. “Los otros cierres de la línea no han supuesto una mejora, sino todo lo contrario, por desgracia. Y la situación es hoy peor que hace un año, con 50 familias fuera de sus viviendas, llenas de incertidumbre por su futuro”, añade. “Pedimos un plan integral, y no es un capricho, porque eso supone un estudio en profundidad del terreno, y una hoja de ruta a seguir, con hitos, y obligaciones presupuestarias, para que la Comunidad intervenga en los problemas que ha creado”, reclama. Y remata: “La presidenta [Isabel Díaz Ayuso] debe venir a San Fernando, porque esto no se entiende si no lo ve uno con sus propios ojos, si no se ve el drama de las familias, las demoliciones de casas de vecinos, que el centro de la ciudad está levantado por los daños de Metro. Debe verlo, tomar nota, y actuar”.

La zona cero de esta pesadilla está oculta bajo tierra. En 2007, las obras del túnel del metro facilitaron la entrada del agua en el subsuelo. El líquido contactó así con terrenos solubles, alterando su solidez, lo que ha obligado a interrumpir la circulación de trenes por la línea hasta en ocho ocasiones desde la inauguración, hace 15 años.

Sin metro hasta final de año

El noveno parón del servicio, que empieza este miércoles entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares, llega sin fecha de reapertura, aunque hay una pista de que no será breve: el contrato de servicio de autobús sustitutivo tiene un plazo de ejecución de 122 días (cuatro meses), según información publicada en el portal de contratación regional, y puede prorrogarse hasta 121 días más en dos fases, la primera de 62 días y la segunda de 59. Como poco, San Fernando estará sin metro hasta finales de año. En consecuencia, los días sin metro en esta línea desde su inauguración se acercarán a los tres años.

“El Ejecutivo regional mantiene unos mecanismos de control y evaluación que permiten garantizar la seguridad de la red de Metro en todo momento”, detalla la compañía de transportes en un comunicado. “En este caso, los últimos informes elaborados por los técnicos han aconsejado realizar un cierre preventivo de las estaciones afectadas para acometer lo antes posible los trabajos necesarios de reparación”.

¿Y qué dicen los informes? El mismo año del estreno de la línea 7B, 2007, los gestores de la infraestructura conocen que se han detectado “diversas patologías en relación con una anómala y creciente entrada de agua de elevada conductividad al pozo de bombeo situado entre la estación 7 (San Fernando) y 8 (Henares)”. Apenas seis meses después, en junio de 2008, otro informe advierte a la Comunidad “del consiguiente riesgo de colapsos en el túnel de metro y las edificaciones del entorno”. En 2009, un tercer balance alerta a la Administración de que es “de extrema urgencia” actuar por ese motivo. Y en 2010, cuando los problemas de las casas son aún incipientes, se registra un documento taxativo.

“La construcción del túnel y posterior drenaje comenzó a movilizar el flujo de agua subterránea y a iniciar un progresivo proceso de disolución del terreno, en concreto y preferentemente, de los niveles salinos existentes”, se lee. “(…) En este tipo de terreno, movimiento de agua significa capacidad de disolución”, subraya, en alusión a los cambios del terreno que afectan al asentamiento de los cimientos de los edificios.

Finalmente, este verano, apenas 15 años después de la inauguración, la memoria justificativa de la necesidad de las obras no ahorra detalles. “La confluencia de estos factores que provocan daños muy graves como consecuencia del movimiento del terreno con un desarrollo muy rápido requieren de la actuación global de emergencia”, alerta. “La anchura aproximada de algunas grietas en los edificios alcanza los 10 centímetros (...) Esta categoría implica peligro de inestabilidad estructural con el consiguiente peligro grave de daños a los edificios y a las personas”.

Todo comienza con una decisión tan estratégica como electoralista. Con los comicios autonómicos en el horizonte, el gobierno de Esperanza Aguirre decide ofrecer en la zona de Coslada y San Fernando de Henares uno de los packs de moda de la época: construir un hospital con su correspondiente estación de metro. Pero antes de que llegue la inauguración, con sus paellas y sus conciertos multitudinarios, eso exige un cambio en el proyecto original.

Así, se decide una modificación del recorrido que amplía su longitud y añade estaciones. Sin embargo, el nuevo trazado es “negativo para todo el proceso patológico que sobrevino tras la puesta en servicio de la Línea, encajando el túnel en terrenos más problemáticos que los previstos en el proyecto original”, según se lee en un informe encargado por el Gobierno y fechado en 2016, al que este diario accedió en aplicación de la ley de transparencia. “Posiblemente se dejó transcurrir un tiempo excesivo desde que se manifestaron los primeros síntomas del problema y por ello el proceso de disolución y degradación del terreno evolucionó hacia extremos difícilmente reversibles”.

Vecinos desesperados

Quince años después, lo de menos es que los trenes dejen de circular otra vez. Hay un centenar de vecinos que viven en un apartahotel pagado hasta ahora por la administración y perdido en un polígono, huérfanos de sus recuerdos, alejados de sus allegados, y con la vida diaria rota en mil pedacitos. A todos ellos se dirigió por escrito en 2021 Díaz Ayuso, que les prometió indemnizaciones. En paralelo, el Ejecutivo regional, que lleva más de 30 millones invertidos en revertir la situación, se ha comprometido a gastar lo que sea necesario para arreglar el problema. Promesas que no alivian a las familias desalojadas, que acaban de saber que el Gobierno dejará de hacerse cargo de su alojamiento en septiembre, y que llevan meses haciendo cuentas.

De un lado está lo que les queda por pagar de hipoteca (a quien tiene), del otro lo que podrán cobrar de la Comunidad (si cobran), y en el fondo está el temor de que la diferencia resultante no les permita comprar una vivienda similar a la que tenían hasta que el metro les dejó sin ella. Ahora, además, se añade la preocupación de tener que pagar el alquiler mensual, tras haberse quedado sin su casa.

“El pago [de los alquileres] se incluirá dentro del expediente de responsabilidad patrimonial al no poder seguir con el contrato de emergencia ya que las viviendas están derribadas”, explica un portavoz gubernamental sobre la decisión de dejar de correr con los gastos de los desalojados. “La Consejería de Transportes e Infraestructuras no puede hacerse cargo del alojamiento de manera directa al acabarse el contrato de emergencia, pero sí, con posterioridad, de los gastos derivados, que se devengarán en el expediente de responsabilidad patrimonial que está tramitando de oficio por orden de febrero”, añade. “Por tanto, los gastos en los que incurran se incrementan a su indemnización. El objetivo es poder resolver la situación lo antes posible e indemnizarles”.

Una solución que no convence a los vecinos, pues parte de la base de que tienen ahorros o sueldos con los que afrontar un gasto que los propietarios de los pisos desalojados no tendrían de haber podido seguir en sus viviendas. “Continúa el desastre. Las familias afectadas están ya desesperadas, en un momento muy complicado”, resume Eloy Rodríguez, representante de la Plataforma de Afectados por Metro.

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