El Servicio Madrileño de Salud reclama 3.400 euros a una refugiada por un ingreso en Urgencias

A principios de este año, Silvinia Villalta, de 73 años, tuvo que acudir a las Urgencias del Hospital Universitario de Getafe, en Madrid. Hacía pocos meses que se había mudado a la ciudad desde Andalucía y todavía no tenía la tarjeta sanitaria de este servicio en la Comunidad de Madrid, pero sí toda su documentación como refugiada residente en España desde hace cuatro años. Esta condición le otorga el derecho a acceder a la sanidad pública. Sin embargo, el hospital le informó de que no figuraba en el sistema de salud y que, por tanto, debía ser atendida como una migrante irregular. No solo no ...

A principios de este año, Silvinia Villalta, de 73 años, tuvo que acudir a las Urgencias del Hospital Universitario de Getafe, en Madrid. Hacía pocos meses que se había mudado a la ciudad desde Andalucía y todavía no tenía la tarjeta sanitaria de este servicio en la Comunidad de Madrid, pero sí toda su documentación como refugiada residente en España desde hace cuatro años. Esta condición le otorga el derecho a acceder a la sanidad pública. Sin embargo, el hospital le informó de que no figuraba en el sistema de salud y que, por tanto, debía ser atendida como una migrante irregular. No solo no se le prestó la asistencia completa que requería su estado, sino que ahora el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) le reclama una factura que supera los 3.400 euros.

“No podemos pagar”, resumen la hija de Villalta, Angélica Villalta, y su pareja, Saúl Mezquita. La anciana descansa junto al ventilador de su casa, ocultando la sonda por la que se alimenta, mientras ambos recapitulan el periplo burocrático en el que están envueltos desde que llegaron a España. Ambos huyeron de El Salvador cuando el Gobierno los comenzó a perseguir por sus trabajos: ella ejercía la abogacía y colaboraba con entidades de defensa de los derechos humanaos, él era policía. Creían haber hecho las cosas bien cuando se trasladaron de país: trajeron sus ahorros, lograron el estatuto de refugiados para ellos y sus familiares y encontraron trabajo y casa en Cádiz. “Pero la pandemia nos destrozó económica y psicológicamente”, cuenta la pareja. Con la esperanza de empezar de nuevo, a finales del año pasado se mudaron a Getafe.

Mezquita reconoce que cuando su suegra tuvo que ir a Urgencias esta no tenía tarjeta sanitaria. Ni la madrileña, ni la andaluza. “Lo que pasó es que a ella se le caducó a finales de 2019 y en ese tiempo ya le concedieron el asilo, entonces nos tardamos un poco en sacar el NIE permanente y cuando intentamos renovar la tarjeta ya los centros de salud estaban cerrados por la pandemia”, explica frente a una carpeta repleta de documentación. No obstante, puede acreditar que su suegra tenía médico en Cádiz y apunta que incluso fue a vacunarse contra la covid-19 en dos ocasiones. Nada les hacía pensar que la mujer no pudiera acceder a la sanidad pública.

Desde que llegaron a Urgencias, la pareja empezó a llamar a todas las puertas que pudieron para acreditar que su familiar tenía derecho a ser atendida con cargo a los fondos públicos. Solicitaron la tarjeta sanitaria vía telemática, pero no obtuvieron respuesta. “Hablamos con la gerencia del hospital y con una asistencia social de allí. Nos dijeron que no podían hacer nada y nos derivaron al centro de salud aquí en Getafe. Allí nos dijeron que tampoco podían hacer nada, que fuéramos al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), pero ahí no le atienden a uno si no es con cita”, cuenta Mezquita como muestra del circuito de obstáculos que han tenido que recorrer.

La ley de asilo contempla que las personas solicitantes de protección y refugiadas tengan acceso a la asistencia sanitaria, “en las mismas condiciones que los españoles”. Así lo reconoce también la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pero Villalta se ha caído por una de las múltiples rendijas de la burocracia. Este derecho no es efectivo hasta que las administraciones competentes, las comunidades autónomas, facilitan el acceso mediante la tarjeta sanitaria. Así, la Consejería de Sanidad regional argumenta que solo está aplicando la ley y señala al INSS. Este organismo “está analizando cuidadosamente” el caso, aunque ya ha emitido un certificado que indica que Villalta no figuraba en el sistema en el momento del ingreso.

Un caso “raro”

El Ministerio de Migración y Seguridad Social califica el caso de “raro” y reconoce que “sería conveniente” revisar el procedimiento, el cual corresponde al Ministerio de Sanidad. Este ha flexibilizado recientemente el acceso a la sanidad pública para los refugiados ucranios. Tras varios meses de trámites, Villalta ha logrado que se le expida la tarjeta sanitaria, pero esto no la exime del pago de la factura. Su familia ha presentado varias alegaciones. Todas han sido rechazadas. Les queda un último intento.

La mujer sufrió hace poco un segundo ingreso en Urgencias, más grave que el primero. Con su documento sanitario ya en mano fue atendida y continúa en tratamiento, pero su familia achaca el empeoramiento de salud directamente a la falta de una atención previa adecuada. “La primera vez la enviaron a casa sin completar el tratamiento, ni saber cuál era su patología, no le hicieron las pruebas que necesitaba”, lamenta Mezquita.

Angélica, que a pesar de ser abogada no puede ejercer en España, critica que su madre no reciba ningún tipo de asistencia legal. “Estamos muy agradecidos con la acogida que nos dio España y sabemos que el país está mal, pero nosotros nunca hemos pedido una ayuda y ella tiene sus derechos”, reclama.

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