Durante 2022 no será necesario haber residido los 10 últimos años en la Comunidad de Madrid para optar a la ayuda de 500 euros mensuales ―para un máximo de 14.500 totales durante un máximo de 28 meses― que anunció este verano Isabel Díaz Ayuso para las embarazadas menores de 30 años que tengan una renta de menos de 30.000 euros. A...

Durante 2022 no será necesario haber residido los 10 últimos años en la Comunidad de Madrid para optar a la ayuda de 500 euros mensuales ―para un máximo de 14.500 totales durante un máximo de 28 meses― que anunció este verano Isabel Díaz Ayuso para las embarazadas menores de 30 años que tengan una renta de menos de 30.000 euros. Así lo ha avanzado este lunes la líder conservadora, que ha establecido el nuevo plazo de empadronamiento en cinco años, y que ha asegurado que durante las primeras semanas del año ya se han recibido 1.000 solicitudes para este cheque bebé. El conjunto del programa regional para favorecer la natalidad movilizará más de 4.100 millones de euros. Se trata, ha dicho Díaz Ayuso, de combatir las pandemias invisibles.

“Una es la soledad no deseada, y otra el invierno demográfico, ambas interrelacionadas”, ha dicho durante una intervención en un centro educativo de Sanchinarro. “Cada vez vamos a estar más solos y vamos a empezar a perder apoyo emocional”, ha añadido. “No queremos un país deshumanizado en el que solo vivimos entregados a lo material, si no revertimos el problema demográfico, nos provocará otros”, ha seguido. “Tenemos una de las cifras de fecundidad más bajas del mundo, la maternidad se pospone a los 33 años de media, los principales frenos son la conciliación, los recursos económicos, la estabilidad laboral y el acceso a la vivienda”, ha continuado. Y ha explicado: “La edad media de empadronamiento la hemos reducido para asentar población”.

Cuando Díaz Ayuso dio a conocer la ayuda, durante el debate para su investidura como presidenta, el requisito de llevar 10 años residiendo en la región fue el más polémico. Al unirse a la condición de que las solicitantes tuvieran menos de 30 años, dejaba fuera potencialmente a la mayoría de embarazadas nacidas fuera de la comunidad y de España. Ahora, la reducción del plazo de empadronamiento a la mitad corrige esa circunstancia, pese a que los portavoces regionales llevan meses negando una y otra vez que ese tipo de rectificación fuera posible.

“Hemos visto que podemos reducirlo a cinco años, que es suficiente para asegurarnos de que las familias siguen entre nosotros (en Madrid) que es lo prioritario”, ha justificado Díaz Ayuso. “Si no, crearíamos un efecto llamada, pero al final estos niños no se quedarían a vivir en Madrid”.

La inversión del plan asciende a 4.150 millones de euros durante los cinco años de vigencia del planteamiento (2022-2026). El montante total, no obstante, se eleva a más de 4.800 millones de euros si se tienen en cuenta las medidas que contienen también la Estrategia Madrid por el Empleo solo en 2022 y 2023.

Entre las medidas estrella se incluirán la ampliación de deducciones de hasta 2.100 euros en el impuesto de la renta por nacimiento o adopción de hijos a lo largo de tres años; la ampliación de la tarifa plana para las mujeres autónomas que se reincorporan a su actividad tras la maternidad; incentivos fiscales por adquisición o alquiler de vivienda; y el acceso prioritario a los pisos de alquiler del Plan VIVE.

Además, habrá un nuevo protocolo de ayuda a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad; un programa de intervención con jóvenes infractoras que cumplen una medida judicial de internamiento y que son madres de hijos menores de 3 años y/o que se encuentran en estado de gestación; ayudas a entidades que trabajan con mujeres embarazadas sin recursos y/o madres con niños de 0 a 3 años; apoyo a la red de centros maternales para ofrecer recursos a las madres en situación de riesgo; y medidas para facilitar la reproducción asistida.

Así, se va a ampliar de los 40 a los 45 años la edad límite para solicitar tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública regional, aunque se hará de forma gradual y en un calendario aún sin detallar; aumentar de tres a cuatro el número de intentos completos para llevar el embarazo a término; establecer una única lista de espera para los siete centros médicos especializados; permitir el acceso al sistema a mujeres que ya tienen un hijo; y crear un banco madrileño de ovocitos para la fecundación.

“Tenemos que volver a vivir en Madrid un ‘baby boom’ y recuperar la cifra de 75.000 nacimientos anuales que se registraron de media en la región entre 2007 y 2011, además lograr el nivel de nacimientos que garantice el reemplazo generacional, es decir, poco más de dos hijos por mujer”, ha dicho Díaz Ayuso, cuyo planteamiento ha recibido duras críticas por parte de la oposición.

Proteger los intereses de Madrid en Colombia

“El propio plan no va a nacer, se va a quedar en aguas de borrajas”, ha lamentado Mónica García, la líder de Más Madrid. “Va repleto de ruido pero le faltan las nueces”, ha añadido en referencia a que el programa incluye medidas ya en marcha o anunciadas, como las becas para guarderías privadas. “En los últimos 10 años Madrid se ha dejado 150.000 nacimientos por el camino y no se le va a poner remedio con ruedas de prensas ni con propagandas”, ha seguido. “Las familias están cansadas de un día de autobombo y 365 de abandono”.

En la misma línea crítica se ha expresado Juan Lobato, el secretario general del PSOE en Madrid: “La natalidad no se resuelve con un cheque los meses pares hasta que se quiten los pañales”.

Y esto ha dicho Alejandra Jacinto, la portavoz adjunta de Unidas Podemos: “Es un plan estéril. Si de verdad el Gobierno regional quiere fomentar que las mujeres sean madres, debe hacer políticas redistributivas para garantizar más plazas públicas en las escuelas infantiles y bajar los precios de los alquileres”.

Por otra parte, Díaz Ayuso ha señalado, como avanzó EL PAÍS, que el Gobierno regional y el Ministerio de Asuntos Exteriores protegerán los intereses del Canal de Isabel II y de sus accionistas, ante la expropiación de la filial de la empresa pública en Colombia. La líder conservadora ha explicado que, en cuanto se ha conocido el embargo de las acciones de la empresa, el Canal de Isabel II se ha puesto en contacto con la embajada de España en Colombia y el Ministerio de Asuntos Exteriores que han ofrecido “toda su ayuda y colaboración”.

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