La estación de esquí de Navacerrada asegura que abrirá pese al cierre decretado por el Gobierno

Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, la empresa que ha explotado las pistas durante 25 años, se planta ante el cierre decretado por el Gobierno el pasado marzo. La concesionaria asegura que habrá actividad esta temporada en dichas instalaciones y que abrirá sí o sí sus puertas en cuanto haga el frío suficiente para que funcione...

Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, la empresa que ha explotado las pistas durante 25 años, se planta ante el cierre decretado por el Gobierno el pasado marzo. La concesionaria asegura que habrá actividad esta temporada en dichas instalaciones y que abrirá sí o sí sus puertas en cuanto haga el frío suficiente para que funcionen los cañones, que suele ser en diciembre. La empresa, explica su portavoz y socio José Conesa, ha pedido a la Junta de Castilla y León, que es quien les otorgó la concesión, una prórroga de dos años debido a la covid y aseguran que, hasta que la Junta no se pronuncie, “no hay motivos para no abrir”. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica sostiene que son unos “okupas”, unos inquilinos que no se quieren marchar de unos terrenos que pertenecen a Parques Nacionales, dependiente del ministerio.

El pasado marzo, el Gobierno ordenó desmantelar tres de las ocho pistas y el regreso de la zona, situada en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a su estado original. En concreto, fue el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) quien anunció la no renovación de la concesión administrativa otorgada el 3 de abril de 1996 por 25 años, por “no ser viable” a causa del cambio climático. El plazo dado por el ministerio para retirar todas las infraestructuras acabó el 30 de octubre y, a día de hoy, las pistas siguen en su sitio.

Según una portavoz del ministerio, la empresa planteó un recurso contencioso-administrativo contra el cierre, por lo que asumen que “hay que esperar a que el juzgado se pronuncie sobre el fondo del asunto”. En dicho recurso, la concesionaria pedía medidas cautelares, que se les permitiera continuar la actividad mientras no haya sentencia, “y el juzgado las ha rechazado” hace una semana. El ministerio explica que, aunque los terrenos sean de OAPN, la Junta es la administración competente para resolver las concesiones de dominio público y censuran que “no esté ejerciendo su competencia”.

Llegados a este punto, Parques Nacionales ha enviado un requerimiento a la Junta “para que actúe resolviendo cuantas solicitudes hayan sido presentadas por el concesionario”. En resumen, para el ministerio hay un “problema administrativo y competencial”, pero lo que es innegable es “que la concesión ha caducado” y que “estos señores no se quieren marchar”. El ministerio afirma que seguirá adoptando las medidas legales que prevé la normativa en protección del propietario “ante una ocupación ilegal”.

Sin embargo, la empresa sostiene que no hay tal recurso judicial porque no hay orden que recurrir. “No hemos recibido ninguna comunicación oficial del cierre. Lo que hemos recibido es un oficio sin fecha ni firma en el que Parques Nacionales expresa su deseo de que no se prorrogue la concesión, pero un oficio no es una orden ni una resolución”, asegura José Conesa, que fue durante 13 años alcalde de Becerrill de la Sierra por el PP.

“Quien nos dio la concesión es la Junta, Parques Nacionales expresa un deseo, una opinión, nada más”, reitera Conesa. Ante el vencimiento de la concesión, la empresa pidió “como han hecho miles de empresas en este país”, una ampliación de dos años al haber estado “dos años paralizados por la pandemia”. Según su versión, la Junta todavía no ha resuelto nada. “Su departamento jurídico opina que no es su competencia sino de Parques, y el departamento jurídico de este organismo opina que tampoco es competente, por lo que estamos en un limbo, en el aire, en una alegalidad, pero nunca en una ilegalidad”, afirma Conesa, que se muestra optimista respecto al futuro de la estación y abierto a renegociar los términos de la concesión “con criterios del siglo XXI y fórmulas más ecológicas de regular el transporte”. “La Guardia Civil asegura que cada fin de semana van entre 8.000 y 10.000 personas al puerto, pero esquiadores no son más de 300 o 350, ¿son ellos los culpables del cambio climático?”, se pregunta el portavoz.

La concesionaria, que ha seguido haciendo el mantenimiento de las instalaciones y pasando las revisiones de Industria, está promocionando la apertura en sus redes sociales, en las que apunta que “dentro de poco” las pistas “volverán a estar abiertas” y que “ya queda menos para la vuelta al Escaparate”, una de las pistas que está en el punto de mira junto con Telégrafo y El Bosque, las más bajas y con mayores problemas de falta de nieve, que caen del lado segoviano del puerto. No están afectadas por el cierre dos pequeñas pistas de iniciación en la misma zona baja y Guarramillas I y II y Pala Montañeros, pertenecientes a Madrid y ya en la parte alta, pero que apenas sí se abren unos días al año porque no tienen cañones de nieve.

Vox ha presentado este jueves una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para pedir al Consejo de Gobierno de que declare Bien de Interés Cultural (BIC) la estación para protegerla frente al ministerio; además de declarar Patrimonio Inmaterial el esquí en Madrid. En dicha iniciativa piden a Madrid que inste, tanto a la Castilla y León como al Gobierno de España, a declarar BIC la estación y mantener la actividad del esquí como atractivo turístico y medioambiental.

En apoyo a la estación, Vox ha convocado una concentración para este sábado frente al monumento del montañero. El pasado marzo, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió al Gobierno que no cerrara la pista y opinó que “aquí no hay una razón climática evidentemente, porque si fuera así no se abriría ninguna pista en España”. Si cierra Navacerrada, la segunda estación más antigua de España tras La Molina, a Madrid solo le quedará Valdesquí.

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