La historia de Marta Vigara y el hospital público madrileño que le negó un aborto terapéutico

Marta Vigara se quedó embarazada en agosto de 2020. Segunda ola mediante. Ella, 37 años, geriatra, estudió, hizo la residencia y trabaja en el Clínico San Carlos. Dice al teléfono que es como su “casa” y que por eso decidió que fuera el servicio de Ginecología de ese hospital quien se ocupase. Un embarazo de poco riesgo, en principio. En la semana 17, una rotura completa de la bolsa de líquido amniótico ―imprescindible para el desarrollo del feto― puso en riesgo su vida e hizo prácticamente inviable que el embarazo llegase a término. Era diciembre. Lo que no sabía es que todos los especialista...

Marta Vigara se quedó embarazada en agosto de 2020. Segunda ola mediante. Ella, 37 años, geriatra, estudió, hizo la residencia y trabaja en el Clínico San Carlos. Dice al teléfono que es como su “casa” y que por eso decidió que fuera el servicio de Ginecología de ese hospital quien se ocupase. Un embarazo de poco riesgo, en principio. En la semana 17, una rotura completa de la bolsa de líquido amniótico ―imprescindible para el desarrollo del feto― puso en riesgo su vida e hizo prácticamente inviable que el embarazo llegase a término. Era diciembre. Lo que no sabía es que todos los especialistas de esa unidad eran objetores de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco imaginaba que el centro iba a entender como “interrupción voluntaria del embarazo” lo que había ocurrido: “Era un aborto terapéutico”. Y mucho menos que su hospital la iba a “echar”, con una carta firmada por dos ginecólogos en la que constaban que había “riesgo extremo para la madre y para el feto”, pero que “ahí no se practicaban abortos” y que se tenía que marchar a una clínica privada.

Lo hizo. Pero lleva desde entonces recorriendo despachos, internos y no tan internos, para denunciar que ese hospital, uno de los públicos más grandes de Madrid, se había negado a practicar un aborto terapéutico, a atenderla. “Que, aunque no lo hubiese sido, es un derecho de las mujeres”, dice. También dice que si ha invertido meses en reclamar es “porque las cosas tienen que cambiar”. “Llevamos años, años y años soportando lo mismo y cuando nos empezamos a quejar es muy incómodo, porque eso significa que hay que mover un dedo y da pereza. Porque quienes lo hacemos somos mujeres. La mayoría de directivos, de quienes deciden, son hombres. Y esto no puede seguir siendo así”. Esta es la historia de Vigara, que contó el miércoles por primera vez en un medio de comunicación, en la cadena SER. La relata de nuevo horas después al teléfono, cuando termina su turno en el hospital y cuando su testimonio ha levantado una oleada de historias similares, no solo en Madrid.

Un martes del pasado diciembre llegó a las urgencias del Clínico San Carlos. La ingresaron porque había que ponerle antibiótico por riesgo de infección y porque al día siguiente tenían que hacerle una ecografía para confirmar que la bolsa estaba rota: “Me dijeron que no quedaba nada de líquido, pero que el feto no tenía ninguna complicación, que era una niña y que estaba perfectamente”. Entonces, pensó que podía “esperar”. Dos horas después, otro equipo de ginecólogos volvió para preguntarle si quería que llamasen a los neonatólogos y le explicasen “porcentajes”. De posibilidad de supervivencia, para ella y para el feto.

Fue entonces cuando sus compañeros, los del servicio de Geriatría —”que estuvieron a mi lado todo el tiempo”, recalca—, le dijeron que “qué porcentajes ni qué porcentajes”, que era “una locura” esperar ni intentarlo, que podía acabar ella en la UCI cuando la viabilidad del feto “era ninguna”. Y que las pocas veces que salían adelante, era en condiciones “nefastas”.

Ella y su marido decidieron: “Nadie se merece llegar al mundo en esas condiciones, sin extremidades, sin pulmones. Y si sale, ¿para qué?, ¿para estar intubado en una UCI y luego morir? No”. Cuando ese “no” era ya una decisión en firme, el hospital le dio el alta: “Que mientras haya latido fetal, no hacen abortos”. Lo hicieron a las 12.30 y de ahí, fue “volando” a la unidad de interrupción voluntaria del embarazo, en la calle Sagasta de Madrid, donde la habían derivado. Cerraba a las 14.00.

Consiguió cita para ese viernes: “Porque trabajo donde trabajo, unos compañeros movieron unos hilos y me intervinieron esa misma tarde. Pero, ¿y el resto de mujeres que no trabajan en la sanidad? Pues te vas a casa a esperar dos o tres días, desangrándote y apretando las piernas, sin saber si el feto sigue vive o muerto”. Le hicieron el legrado ―un raspado para limpiar el revestimiento del útero― en la Clínica Isadora: “Me trataron como una paciente, me dijeron que había tomado la decisión correcta, un trato profesional, humano y exquisito”.

¿Qué motivos? Cien por cien ideológicos

Fue la respuesta del servicio de Ginecología del Clínico a Vigara

Se pregunta qué hubiese pasado si llega a complicarse la operación: “No hay unidad de críticos, por lo que si algo va mal, tienen que pedir ambulancia y hubiera tenido que volver al Clínico, de donde me acababan de echar”. Se pregunta también por qué: “Si tú eliges la sanidad pública, si está en la cartera de servicios del hospital y si el código deontológico dice que por encima de cualquier cosa está la asistencia al paciente, te niegan ese derecho”. Y se responde: “¿Qué motivos? Cien por cien ideológicos, por supuesto”.

La Ley del Aborto de 2010, regula la objeción de conciencia pero no permite la colectiva, sino la individual: “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Ellos, dice Vigara refiriéndose a los médicos, “se agarran a que eso es una objeción individual, pero no es así, en la práctica, si todo un servicio se niega, es colectiva. La ley dice que puedes ser objetor de conciencia pero que eso no puede estar por encima de la asistencia, así que tendrás que contratar a gente en tu equipo que no lo sea para garantizar ese derecho”. Pero esto tiene otro problema: “En Madrid las presiones a los médicos son brutales. Si llega uno que no es objetor, o no lo contratan o le dicen ‘vale, pues si no eres objetor a ese te vas a dedicar exclusivamente’. Y nadie quiero eso. Al final, esto, en cualquier caso, no es agradable para nadie, ni para las mujeres ni para los profesionales”.

Decenas de quejas sin respuesta

Enfadada, sintiendo y “sabiendo”, que le estaban “negando un derecho”, comenzó su periplo. Mandó un escrito a la comisión de violencia de su hospital: “Me dicen que esto no me lo hacen por ser mujer. Que yo sepa, hasta ahora, las que se quedan embarazadas son las mujeres. Pero es que además yo estaba denunciando maltrato institucional. Pero, ¿qué pasa? Que el jefe de servicio de Ginecología [Miguel Ángel Herraiz Martínez] es miembro de esa comisión”.

Envió otro al Instituto de Salud de la Mujer José Botella Llusiá, un organismo dentro del Clínico que, según la información del Gobierno regional, es “un entorno en el que [las mujeres] reciben respuestas, esperanza, cuidados y recuperación”. Ofrencen “atención experta” a mujeres tanto de su área sanitaria, como “del resto de la Comunidad de Madrid y todo el territorio nacional”. No le contestaron: “El presidente de ese instituto es él, el jefe de Ginecología”.

Lo intentó con el comité de ética del hospital: “Uno de los miembros, una mujer del servicio jurídico, dice que se han seguido los protocolos y que no se puede hacer nada. Bajé a hablar con él, para que me enseñara el protocolo y me dice que no se lo ha leído”.

Después se dirigió al el Colegio de Médicos de Madrid, con un escrito para el área de Bioética: “Tuve que esperar cuatro meses a que me contestaran y ni siquiera lo hizo la comisión que tocaba, sino la Junta Directiva. Y claro, ¿qué voy a esperar de una junta que hace unos meses publicó un anuncio para hacer un llamamiento a voluntarios para una de esas ambulancias provida, contra el aborto, vaya. Caso sobreseído porque según ellos no se conculca ningún artículo y además me remiten a la carta de todo el servicio haciéndose objetores, firmada en 2009, que la había enviado el jefe de servicio al colegio. Van de provida, pero la del feto. La de la madre les da igual”.

Viendo que “no se movía nada”, dio un paso más, la Consejería de Sanidad. Contactó con el que ya es exvicensejero de Asistencia Sanitaria, Juan González Armengol ―jefe de Urgencias del Clínico― y con la Directora de Humanización y Atención al Paciente, Paula Gómez-Angulo: “De ella, nada, ni una respuesta. Con él sí, habló con el hospital y en 48 horas hubo una reunión con la Dirección Médica y el Jefe de Servicio. Me dieron la razón, que sí, que era un aborto terapéutico, pero que lo único que pueden hacer es informar a la consejería”. ¿Para qué? No lo sabe.

La Consejería de Sanidad, a preguntas de este diario, remite al hospital. Y el hospital, en una respuesta escrita, afirma que “los profesionales sanitarios implicados en este proceso se han acogido a su derecho a la objeción de conciencia, por lo que no realizan interrupciones voluntarias de embarazos”, que “para garantizar el acceso y la calidad asistencial de la prestación, a la paciente se le facilitó un recurso asistencial donde pudo llevar a cabo este proceso”, y que “el Colegio de Médicos de Madrid ha emitido un informe en el que constata que el personal del Servicio de Ginecología y Obstetricia actuó de acuerdo con el protocolo de manejo de bolsa rota del hospital y que no se aprecia infracción en la actuación de los facultativos del Servicio, procediendo al sobreseimiento y archivo del expediente”.

Al otro lado del teléfono, Vigara se ríe. “Por eso acabé decidiendo que tenía que ir a los medios de comunicación, nadie hace nada. El hecho de haberlo hecho público hace que al menos se empiecen a mover cosas”. Cuenta que escribió a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la de Sanidad, Carolina Darias: “Darias me llamó hoy [por este miércoles]. Me dijo que estaba a punto de entrar en el Consejo Interterritorial [la reunión que cada miércoles tiene el Ministerio con las comunidades por la crisis de la covid], pero que tenía mi carta en su poder, que muchas gracias por contarlo y que iban a trabajar sobre ello. No voy a mentir, me hizo muchísima ilusión”.

A esta geriatra, le pesa saber que hay “infinidad” de situaciones como la suya: “En la que te trasladan la responsabilidad, como si fuese tu culpa lo que ha ocurrido. La culpa te hace dudar y te hace sentirte sola. Y te están quitando un derecho, y estamos hablando de la vida, de la de las mujeres. Más de una ha muerto por aguantar un problema como este. Que no, que no, las cosas tienen que cambiar”.

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