Solución exprés para la familia sin agua en una infravivienda de Madrid
El Ayuntamiento realoja durante dos meses a los Zatout, que esperaban desde hace dos años un alquiler social de la Sareb, propietaria de la casa donde han vivido en una situación infrahumana
La soga que apretaba el cuello de la familia Zatout ya se ha destensado. Tres días después de que EL PAÍS publicara un reportaje sobre la vida infame en una infravivienda de Djamel, su mujer, Ghani, y tres hijos, Mustapha, Kheira y Halima, de nueve, cuatro y un año, el Ayuntamiento y la Sareb, el banco malo al que pertenecía el piso de unos 50 metros cuadrados en el que dorm...
La soga que apretaba el cuello de la familia Zatout ya se ha destensado. Tres días después de que EL PAÍS publicara un reportaje sobre la vida infame en una infravivienda de Djamel, su mujer, Ghani, y tres hijos, Mustapha, Kheira y Halima, de nueve, cuatro y un año, el Ayuntamiento y la Sareb, el banco malo al que pertenecía el piso de unos 50 metros cuadrados en el que dormían desde hace casi cuatro años, llegaron a un acuerdo. El Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER) del Consistorio les ha reubicado en un alojamiento alternativo durante un máximo de dos meses, el tiempo que necesita la sociedad de gestión de activos vinculados al sector inmobiliario para aclimatar una vivienda social en Parla, al sur de la capital.
La situación ya era insostenible. La familia se vio obligada a seguir bajo el techo de un piso en Vallecas que corría el riesgo de derrumbarse después de que un ecuatoriano les timara y robara algo más de 900 euros. Eso ocurrió hace casi cuatro años. Él, de origen argelino, acudió a los servicios sociales del Ayuntamiento para pedir ayuda. Estaba en paro, vivían de los 883 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y se dio cuenta de que todo había sido una farsa y de que, sin contrato legal, estaba okupando contra su voluntad una casa. El propietario, además, no tenía intención de tenerlos ahí de inquilinos. Conforme fue pasando el tiempo, empezaron a llegar las notificaciones de desahucio. Cuatro en total. Y recurrió a la asociación Provivienda, que se encarga de defender el derecho a la vivienda en la lucha contra la exclusión residencial.
El servicio jurídico de esta asociación consiguió entablar una negociación con el Ayuntamiento, que por su parte comenzó la ardua tarea de intentar mediar con la Sareb para que les alojaran en una vivienda social, puesto que cumplían todos los requisitos necesarios.
Pero la burocracia se cruzó en el camino de esta familia y las negociaciones han durado más de dos años.
Mientras pasaba todo ese tiempo, los Zatout estaban prácticamente obligados a permanecer en la infravivienda. Literalmente no podían salir de allí. Les informaron de que, si lo hacían, las negociaciones entre el Consistorio y la sociedad se romperían. Así que les aconsejaron una y otra vez que esperaran, que tuvieran paciencia. Hasta que la perdieron y se animaron a enseñar a este periódico la situación infrahumana en la que han sobrevivido.
Han tenido experiencias de todo tipo. Inviernos duros en los que preferían refugiarse en el portal de su casa cuando llovía, resguardados de un piso que se inundaba tanto que se sentían más seguros en la calle, lejos de los cables de luz que colgaban de las paredes. Y veranos infernales, sobre este último, cuando el 2 de agosto el Canal de Isabel II les cortó el agua porque el suministro llegaba a través de un enganche ilegal. Así han pasado una ola de calor indigna, sin poder ducharse ni tirar de la cadena y racionando el agua embotellada para cocinar o para beber. Los servicios sociales del Ayuntamiento les propuso, como solución, acudir a baños públicos.
El mismo día en que salió el artículo publicado, la Sareb movió ficha. Dijo que esa misma tarde la familia podría firmar un contrato para vivir en esa misma vivienda y asumió los arreglos que tenía que poner en marcha para hacerla habitable. Las paredes, los techos, el baño… todo parecía a punto de derrumbarse, así que tenían trabajo por delante. Pero la alegría duró poco. El presupuesto total de las reparaciones acabó siendo demasiado elevado y decidió echarse para atrás.
El pacto
En ese momento entró en juego el SAER, que seguía mediando con el banco malo y ofreció un apartamento temporal a la familia, siempre y cuando la Sareb se comprometiera a poner una fecha en el calendario para el realojo definitivo. “Nosotros contamos con pisos que solo sirven como viviendas alternativas, temporales. No podemos tener a familias de forma indefinida”, explica un portavoz del Área de Familias, Igualdad de Bienestar Social del Ayuntamiento. Así que el compromiso se selló. En un máximo de dos meses, los Zatout se trasladarán a Parla, a su vivienda (social) definitiva, donde firmarán un contrato de siete años.
“¡Esto es un palacio!”, dijeron los niños mayores nada más entrar el viernes pasado en el piso temporal, ubicado en el distrito de Usera. Lo primero que quisieron, de hecho, fue probar la ducha. Llevaban más de tres semanas sin poder lavarse y era lo más urgente para ellos. “Estamos muy contentos”, repetía Djamel una y otra vez. No era para menos. Pasaban de dormir todos juntos en un colchón tirado en el suelo de un salón, a disfrutar, aunque sea por un par de meses, de ese piso con luz natural, agua corriente, el telefonillo bien colocado en su sitio, muebles sencillos y funcionales, dos habitaciones y camas sobre las que dormir.
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