Ayuso anuncia un ‘cheque bebé’ para mujeres jóvenes que exigirá 10 años de padrón y tendrá límite de renta

Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido este jueves a fomentar la natalidad con una ayuda por hijo, a partir de 2022, de 14.500 euros (a razón de 500 euros mensuales desde el quinto mes de embarazo hasta que el niño tenga dos años) para las mujeres menores de 30 años empadronadas en la Comunidad de Madrid desde hace 10 años y que ganen menos de 30.000 euros anuales. La medida, que beneficiaría a entre 12.000 y 14.000 mujeres, según cifra el Ejecutivo, ha sido el principal anuncio de la líder del PP durante el arranque del ...

Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido este jueves a fomentar la natalidad con una ayuda por hijo, a partir de 2022, de 14.500 euros (a razón de 500 euros mensuales desde el quinto mes de embarazo hasta que el niño tenga dos años) para las mujeres menores de 30 años empadronadas en la Comunidad de Madrid desde hace 10 años y que ganen menos de 30.000 euros anuales. La medida, que beneficiaría a entre 12.000 y 14.000 mujeres, según cifra el Ejecutivo, ha sido el principal anuncio de la líder del PP durante el arranque del debate de investidura con el que espera obtener la presidencia de la Comunidad de Madrid, para lo que necesitará el apoyo de Vox este viernes.

“Vamos a abordar el reto de la natalidad de forma decidida”, ha dicho Ayuso durante su intervención en la Asamblea de Madrid. “A las mujeres embarazadas menores de 30 años, con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, las ayudaremos con 500 euros al mes, desde el quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla 2 años”, ha asegurado. La edad media de la maternidad en Madrid, es de 32,8 años para el primer hijo y de 34,7 para el segundo. La ayuda que propone la líder conservadora se concederá por cada hijo, es decir, será acumulativa, según ha especificado, y compatible con el trabajo. Según los cálculos del Gobierno regional en funciones, tendría un impacto presupuestario de 250 millones de euros anuales. También según los datos de la Administración, de 2019, esta ayuda dejaría fuera al 75% de las mujeres que fueron madres en ese año, por ejemplo, ya que no llega al 22% las mujeres que fueron madres con menos de 30 años.

Y la razón de que sea necesario haber estado 10 años empadronada en la región es, según un portavoz del Gobierno regional, que “se ha establecido un tiempo que demuestre el arraigo y la vinculación con la Comunidad de Madrid”.

En otras comunidades como Galicia, existe la llamada “tarjeta bienvenida” o cheque bebé por 1.200 euros al año, durante tres años, para gastar en farmacias, supermercados o tiendas especializadas en puericultura. Es para familias que declaren ingresos de no más de 45.000 euros o 13.500 per cápita. La cuantía aumenta ligeramente en el caso de familias de municipios despoblados y duplica su cuantía, de 1.200 a 2.400 euros, a partir del tercer hijo.

En el País Vasco, por nacimiento, adopción, delegación de guarda, convivencia preadoptiva y tutela se hace un pago de la ayuda de 400 euros, 500 o 900, en función de la renta familiar estandarizada. En el supuesto de que el hijo o la hija que origina la ayuda tenga reconocida una discapacidad de porcentaje igual o superior al 33% o una situación de dependencia, las cuantías citadas anteriormente se duplicarán. Por el segundo hijo o hija hay tres pagos, al nacer, al cumplir 1 y 2 años y por el tercer hijo o hija y sucesivos se hacen siete pagos: al nacer, y al cumplir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 años.

Las ayudas a la natalidad difieren mucho por comunidades. Andalucía, por ejemplo, no tiene ninguna activa actualmente, Cataluña hace un único pago de 650 euros y Galicia tiene un ‘cheque bebé' de 1.200 euros durante tres años

Cataluña rebaja bastante esas ayudas. Ofrece 650 euros por nacimiento, adopción, tutela o acogida; siempre que no se supere un límite de ingresos anuales por unidad familiar. Las familias con un primer hijo no pueden superar los 16.000 euros, mientras que para el segundo hijo, los 20.800. Para las familias monoparentales o numerosas, el importe sube ligeramente, a 750 euros.

Y en Andalucía, por ejemplo, no hay activas actualmente ayudas similares a un cheque bebé. Aunque en febrero la Junta presentó un plan para favorecer la natalidad con distintas líneas de actuación, entre ellas para parejas de entre 31 y 50 años de edad y para las mujeres que, ante un embarazo no deseado, quieran continuar con él.

Unos 7.700 euros de coste del primer año de vida

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), de septiembre del pasado año, fijó en 7.706 euros el coste del primer año de vida de un bebé, con un gasto medio anual por hogar de 642 euros al mes para todo el territorio. “El esfuerzo es mucho mayo en los hogares con menos ingresos”, explicaba el estudio. Y en ese esfuerzo, añadía el análisis, “las mujeres llevan el peso de la conciliación porque la responsabilidad de los cuidados recae sobre ellas. Son las que más permisos disfrutan, más reducen su jornada, piden excedencias y las que se ven más obligadas a dejar su trabajo”.

En Madrid se añaden más cuestiones, como ser la comunidad de España en la que es más caro vivir. Así, el anuncio de ayuda directa de Ayuso no ha venido aparejado de otras medidas concretas que, a medio y largo plazo, tendrían más impacto, como la conciliación, el empleo o la vivienda —es la autonomía con los metros cuadrados más caros de España en alquiler y los segundos más altos para venta, tras Baleares, según los informes de marzo de este año de Idealista—.

Madrid, según los datos que aportó a este diario hace dos meses el sociólogo Juan Carlos Llano, (responsable de investigación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que aglutina a 8.000 organizaciones en España), está por encima de la media nacional en porcentaje de hogares que no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada (8,3%), un 31% no puede afrontar gastos imprevistos ―la octava autonomía con mayor porcentaje―, y un 6,7% ha tenido retrasos para afrontar los gastos de vivienda o alquiler, la décima comunidad en la clasificación, de mayor a menor.

La Comunidad es uno de los territorios con mayor desigualdad de España, a pesar de ser la autonomía más rica —con un PIB per cápita de 35.913 euros anuales, un 36% por encima de la media nacional—, y la que tiene más peso en la riqueza de todo el país (el 19,3% del PIB). Con esas cifras y ese contexto, y aunque Madrid es una de las tres únicas comunidades autónomas en las que hay más nacimientos que defunciones, la natalidad supone una problemática que requerirá más que una cuantía económica directa, medidas que mejoren las condiciones de la población en diversos ámbitos y de forma estable en el tiempo. Por ejemplo en Economía, Sanidad, Educación o Empleo.

Repasamos aquí otras propuestas que ha hecho Díaz Ayuso durante su discurso:

Rebaja de impuestos

Ayuso, además, planea aprobar este año una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF que entraría en vigor a partir de 2022. La medida tendría un coste de 300 millones de euros para las arcas públicas y en términos absolutos beneficiaría especialmente a las rentas altas.

Bajada de ratios escolares

La bajada de ratios en las aulas la prometió Ayuso hace casi un año, cuando empezaba el curso, y ahora lo cumple, en parte. A partir del año académico 2022/23 las ratios en segundo ciclo de Infantil se quedarán como este curso, con 20 alumnos por clase, en lugar de 25 como había antes de la pandemia. El pasado agosto, cuando Isabel Díaz Ayuso presentó el curso, anunció que su pretensión era que a partir de este curso marcado por la covid se quedara algo bueno: la petición de toda la comunidad educativa de que las clases estén compuestas por menos alumnos. Por ahora, mantiene su promesa para los más pequeños, aunque los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato volverán a las ratios de antes. Eso sí, Ayuso ha prometido que también bajarán, pero de manera ordenada y progresiva a largo plazo. Queda por saber cuánto tiempo significa ese largo plazo.

“Bajar la ratio alumnos-profesor es el modo de mejorar la calidad de la enseñanza. Con ese fin, a partir de ahora la construcción y ampliación de los centros educativos y la contratación del personal docente y no docente se hará conforme a este objetivo”, ha prometido en su discurso de investidura. “Ya en el curso 2022-2023 se reducirá la ratio a 20 alumnos en el primer curso de segundo ciclo de infantil. En los años siguientes se irá bajando la ratio en los cursos sucesivos, adaptando los espacios necesarios para ello”, ha avanzado.

La noticia no ha sentado bien entre los representantes de los profesores, que sienten que les han puesto la miel en los labios para ofrecerles una bajada de alumnado por clase “en diferido”. Isabel Galvín, portavoz de Educación en CC OO, no entiende por qué “desmantelan la bajada de ratio actual que está ya marcha y funcionando para iniciar un experimento” porque, además, la legislatura dura dos años. “Al ritmo que proponen necesitaremos tres legislaturas. Esto es una bajada de ratios por fases o en diferido”.

Precios de grado y másters

El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a reducir los precios públicos un 20% de los estudios de grado y un 30% de másteres habilitantes para el curso 2022-23, según ha anunciado Ayuso. La cuestión de fondo es que está obligada a ello en un plazo de tres años por la decisión tomada hace un año en la Conferencia General de Política Universitaria. En esa reunión, casi todas las comunidades del PP se negaron a hacerlo (menos Galicia), incluida Madrid. Lo mismo pasó este año con los másteres habilitantes, aunque en este caso Madrid fue la única que votó en contra.

En cuanto a las becas, Ayuso ha afirmado que este año se han dedicado 22 millones de euros, “más del doble que en el curso anterior”, y que esa será la tónica futura. “Y seguiremos también impulsando las Becas de Excelencia, que reconocen a los mejores estudiantes universitarios”.

Reducción de los gases de efecto invernadero

“Es imprescindible anotar en nuestros objetivos como sociedad el cuidado de la Naturaleza y la necesidad de equilibrar la emisión de gases de efecto invernadero, la descarbonización”, ha subrayado la candidata a la investidura. “Les anuncio que vamos a invertir más de 24 millones de euros en una planta de generación de hidrógeno verde que será pionera en España. Seremos los primeros en usar energía renovable y agua depurada como fuente de generación de hidrógeno”, ha seguido. Y ha anunciado también “33 millones en instalaciones fotovoltaicas propias para autoconsumo eléctrico” y “una red de puntos de carga rápida y ultrarrápida para vehículos eléctricos” con colaboración público-privada: “Este mismo año, finalizaremos la mayor electrolinera de España, en Pozuelo de Alarcón y tendrá 30” de esos puntos.

Además del madrileño, hay muchos proyectos de hidrógeno sobre la mesa, todos pioneros. Las compañías ya han propuesto varios, Endesa ha anunciado algunos de ellos. La realidad es que en estos momentos la tecnología del hidrógeno está por desarrollar y el de Fertiberia en Puertollano (Ciudad Real) se perfila en estos momentos como el más avanzado.

En cuanto a contaminación, la líder conservadora ha afirmado que “la Comunidad de Madrid es el territorio con menos emisiones de CO2 por habitante de toda España. Concretamente, menos de la mitad que la media nacional”. La región aglutina al 14% de la población española, el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional “y, sin embargo, menos del 7% de las emisiones equivalentes de CO2 de España”, ha dicho.

Sobre el dióxido de nitrógeno no ha incluido nada en su discurso. Un estudio publicado en The Lancet Planetary Health el pasado enero, con un análisis de 858 ciudades de Europa, concluyó que el área metropolitana de Madrid es la zona urbana del continente con mayor mortalidad relacionada con la contaminación de dióxido de nitrógeno (NO₂).

Por otro lado, la Comunidad de Madrid no cuenta con ninguna central eléctrica o una gran industria, pero se beneficia de ella, importando electricidad, por ejemplo. Cualquier cálculo que se haga con una región altamente poblada como esta (con casi siete millones de habitantes) tendrá un resultado ínfimo. La trampa en los datos de la Comunidad de Madrid está en no contar con la huella de carbono utilizada para importar ni con la energía que sí consume aunque no la genere.

Más inversión en residencias

Cuando ya llevaba más de una hora interviniendo desde la tribuna de la Asamblea, rodeada de los aplausos del grupo popular, Ayuso ha prometido más plazas de residencia de mayores y de centro de día, “para favorecer la libre elección”. Pero la aspirante a la investidura no se ha referido a la construcción de nuevos hogares de mayores públicos, como solicita la izquierda y el sector de las residencias, que advierte de que hace falta un aumento de plazas para acoger a la generación del baby boom de la posguerra, sino a la financiación que aporta la Comunidad de Madrid al sector privado.

En febrero, la Comunidad aprobó un nuevo Acuerdo Marco con sindicatos y patronales que aumentaba la cuantía de 54 a 74 euros por día, pero su implementación quedó en suspenso debido a la disolución de la Asamblea por las nuevas elecciones. La presidenta no ha aclarado si mantendrá aquel pacto, que fue promovido por el consejero de Políticas Sociales Javier Luengo (de Ciudadanos). Ha dicho que será “un avance decisivo que va a permitir el aumento de profesionales en los centros, un mejor equipamiento y criterios de calidad por encima de los económicos, además de un régimen sancionador más eficaz”.

Y tampoco se ha referido a las muertes de mayores abandonados en residencias al principio de la pandemia. A pesar de que su Gobierno los puso los últimos de la fila en el acceso a tratamiento hospitalario, ella ha dicho que “los mayores han sido y seguirán siendo una prioridad”. Y ha añadido: “Ellos nos han dado una lección de dignidad y de vida durante esta pandemia, y queremos reconocer su fuerza y su coraje”.

Los 80 millones para la atención primaria

La última de las cuestiones a las que ha hecho referencia la presidenta ha sido la sanidad: “El sector al que más recursos destinamos”. También la región que menos porcentaje sobre el PIB invierte en Sanidad —el 3,7%, frente a una media nacional del 5,6%, según la última Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad— y en atención primaria y la segunda por detrás de Andalucía (1.262 euros) que menos gasta por habitante, 1.340 euros.

Ayuso ha recordado los 80 millones que ha comprometido para mejorar las condiciones laborales de los profesionales de Atención Primaria, la creación de 1.200 plazas en los próximos tres años y el Plan de Infraestructuras de Atención Primaria 2020-2024, que tendrá actuaciones en más de 30 centros de salud.

Ese plan, sin embargo, no concuerda con la actual situación de este ámbito, con una falta de profesionales que está provocando cierres parciales de centros de salud, por un lado. Y por otro, que se ha visto modificado desde la primera vez que lo anunció, el pasado septiembre. Entre otras cuestiones, ya no estará solo destinado a los facultativos especialistas sino a todo el personal de ese ámbito, sin haber aumentado la cuantía; y el número de nuevas plazas que propone a tres años no llega a cubrir las deficiencias que tiene actualmente el sistema, al que faltan 1.200 profesionales solo entre médicos de familia y pediatras.

En el ámbito hospitalario, Ayuso se ha referido a la ya anunciada construcción del nuevo hospital de La Paz, terminar la reforma del 12 de Octubre, modernizar el Gregorio Marañón, ampliar el Infanta Sofía, el Infanta Leonor y el del Sureste, y seguir con la reforma de otros cinco centros. También ha hecho alusión a un plan para recuperar la actividad de consultas y quirúrgica y al proyecto para los pacientes post-covid, con “cuatro pilares”: Unidades de Seguimiento en Atención Primaria; Unidades Clínicas Hospitalarias; Unidad de Rehabilitación en el Hospital Enfermera Isabel Zendal; y respuesta Asistencial en Salud Mental.

Esta última, ha cifrado, ya tiene una inversión de “36 millones de euros” y la incorporación de “300 profesionales”. En la comunidad hay 17.232 profesionales colegiados en psicología, la gran mayoría de ellos en consultas privadas; la red pública cuenta actualmente con 322 psicólogos clínicos y 593 psiquiatras, alrededor de cinco y nueve por cada 100.000 habitantes, respectivamente, según la estadística del Servicio Madrileño de Salud.

Con información de Juan José Mateo, Fernando Peinado, Berta Ferrero, Manuel Viejo, Silvia R. Pontevedra, Eva Saiz, Pedro Gorospe, Bernat Coll e Isabel Valdés.

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