Ayuso trata de blindar la educación concertada con un decreto que amplía a 10 años la vigencia de los contratos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha anunciado este martes que ampliará a 10 años la duración de los conciertos educativos, que ahora tienen una duración de seis años en la autonomía. Ayuso ha presentado el cambio como un blindaje de los centros concertados ante los cambios que introduce la ley Celaá. Del cambio resultarán especialmente beneficiados los centros que segregan por sexo, a los que la nueva ley educativa prevé ...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha anunciado este martes que ampliará a 10 años la duración de los conciertos educativos, que ahora tienen una duración de seis años en la autonomía. Ayuso ha presentado el cambio como un blindaje de los centros concertados ante los cambios que introduce la ley Celaá. Del cambio resultarán especialmente beneficiados los centros que segregan por sexo, a los que la nueva ley educativa prevé retirar las subvenciones al término de los conciertos actualmente en vigor.

“La duración de la educación obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía”, ha afirmado Díaz Ayuso para justificar el cambio. El decreto será presentado este miércoles ante el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, un trámite casi sin importancia, pues la Administración tiene mayoría y todo lo que presenta sale adelante

Tanto el PSOE de Madrid, Más Madrid y Comisiones Obreras han criticado la ampliación y han señalado que la regulación general de los conciertos corresponde al Gobierno. Una portavoz del Ministerio de Educación se ha limitado a señalar que cuando la norma del Ejecutivo regional sea publicada “habrá que hacer un análisis jurídico para comprobar si se ajusta a derecho”.

La actual regulación de los conciertos educativos está incompleta, lo que permite a Ayuso ampliar el plazo de los conciertos. La ley deja la última palabra al Gobierno, que podría aprobar un decreto y establecer un plazo máximo único de duración de los conciertos en toda España. Una decisión que entrañaría dificultades políticas para el Ejecutivo y que, de momento, no está tomada.

La duración general de los conciertos en España era de cuatro años, según la regulación establecida mediante el Real Decreto de 1985 sobre el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, aprobado mediante Real Decreto en 1985. Pero la ley educativa todavía en vigor, aprobada por el PP, cambió la situación a favor de los centros privados concertados al establecer que el concierto pasaba a tener “una duración mínima de seis años en el caso de Educación Primaria, y de cuatro años en el resto de los casos”.

El mismo artículo establece que “corresponde al Gobierno establecer los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos”, entre los que menciona expresamente su “duración máxima”. Pero dado que, hasta la fecha, el Gobierno no ha fijado dicha duración máxima, en la práctica, las comunidades autónomas, a las que la ley encomienda “dictar las normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos”, han establecido sus límites. Madrid, en concreto, decidió que en todas las etapas la duración sería de seis años, y ahora ha anunciado que quiere ampliarlo a 10.

El Gobierno puede aprobar un decreto estableciendo un límite máximo al que todas las comunidades tendrían que atenerse. Pero ese decreto debería respetar, por un lado, el marco que estableció la ley del PP (la conocida como ley Wert), que en este punto no ha sido modificado por la ley Celaá: seis años como mínimo para primaria y cuatro para el resto de casos. Y, por otro lado, como dificultad añadida, el Gobierno ha sacado adelante la nueva ley educativa con el apoyo del PNV y de ERC, y ninguno de estas formaciones es partidaria de que el Ministerio limite la autonomía educativa de las comunidades más allá de lo estrictamente necesario. Es decir, que responder al movimiento de Ayuso podría generar al Gobierno problemas con otros socios.

Críticas

Marta Bernardo, del grupo socialista en la Comunidad de Madrid no ha dudado en criticar la medida: “Para empezar, los colegios concertados no van a tener ningún problema con la ley Celaá, eso hay que dejarlo claro porque hay mucha desinformación. Sí que es verdad que se especifica que los centros que segregan por sexo no van a tener cabida en la educación pública”. A los centros concertados, prosigue Bernardo, “se les otorgó suelo público y esos centros han invertido un dinero; no sé qué les dijeron que pasaría con el tiempo, pero ahora la situación va a ser otra. Creo que ahora el Gobierno de Ayuso tiene que dar alas o excusas para justificarse por las promesas que han hecho”. Sin embargo, la propia presidenta ha puesto el acento en otro punto al asegurar que con la ampliación del plazo “se ha decidido dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada alargando la duración de los conciertos hasta los 10 años, de modo que no vencerán dentro de dos años, sino de dentro de seis”.

En la región madrileña hay 1.300.000 alumnos no universitarios distribuidos en 2.083 centros públicos ―no solo colegios e institutos, también se incluyen los de régimen especial, escuelas de música, de idiomas...―, 567 concertados, de los que según un informe de 2012 de CC OO, 24 de ellos segregan por sexo, y 1.210 privados ―de los que 892 son escuelas infantiles―.

“Me sorprende que con todo lo que está pasando en materia educativa en estos momentos, el Gobierno de Ayuso ponga el debate en los conciertos educativos, que no están en peligro con la nueva ley”, dice María Pastor, de Más Madrid. “Dentro de unos días hay 1.117 profesores de refuerzo covid que se van a la calle, hay falta de medios, los recursos académicos son preocupantes... Esto demuestra cuáles son las prioridades de este gobierno”, sentencia.

En la misma línea se ha expresado Isabel Galvín, de CC OO, que considera que “este proyecto de Decreto no se debe a una necesidad de regulación derivada de una circunstancia educativa, sino a querer saltarse el contenido de la Lomloe, que será previsiblemente aprobada y en la que no se modifica nada de lo relativo a la duración de los conciertos”. También, añade otro dato, a la necesidad de ponerse la venda ante la previsible caída de “población escolarizable”, que tendrá su repercusión en el número de las unidades de los centros sostenidos con fondos públicos. Galvín recuerda que en España, se redujo el número de niños de 0, 1 y 2 años en 372.000 entre 2009 a 2020, un 25% menos de los que había en 2009, según datos del INE. “Concretamente, en Madrid se reduce la población de 0-2 años, entre  2009 y 2020, en un 21,4%. ¿Se trata de mantener el negocio, aunque no haya niños?” .