Un asesor del Vaticano investiga dos grandes ventas inmobiliarias de la Iglesia en Madrid
La Fiscalía Anticorrupción investiga la venta de unos edificios a través de una fundación. El interventor de las cuentas en Madrid abandona su cargo en plena polémica y la Iglesia se plantea revertir ambas operaciones
La sombra sobre las dos operaciones urbanísticas desarrolladas por el Arzobispado de Madrid en menos de 12 meses es cada vez es más grande. Según ha podido saber este periódico, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, creó una comisión de investigación en junio para conocer de cerca estas ventas. Osoro pidió asesoramiento a Roma. El Vaticano le sugirió un hombre suyo de confianza que vive en Madrid para que audite dos operaciones que movieron 111 millones de euros. Julio Lage, el hombre de las finanzas del Arzobispado, dejó su cargo como interventor de cuentas el 9 de octubre.
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La sombra sobre las dos operaciones urbanísticas desarrolladas por el Arzobispado de Madrid en menos de 12 meses es cada vez es más grande. Según ha podido saber este periódico, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, creó una comisión de investigación en junio para conocer de cerca estas ventas. Osoro pidió asesoramiento a Roma. El Vaticano le sugirió un hombre suyo de confianza que vive en Madrid para que audite dos operaciones que movieron 111 millones de euros. Julio Lage, el hombre de las finanzas del Arzobispado, dejó su cargo como interventor de cuentas el 9 de octubre.
La primera de las ventas se conoció el 17 de octubre del pasado año. La Iglesia vendió los 14 edificios del centro de la capital donde viven más de 100 inquilinos por un importe de 74 millones de euros. La segunda, una parroquia y una residencia de mayores con 163 abuelos en los alrededores del Santiago Bernabéu por 37 millones. Ambas operaciones, destapadas por EL PAÍS, son dos enajenaciones de inmuebles muy jugosas en el centro de Madrid. Las dos ventas se han producido en menos de 12 meses y han ascendido a un monto 111 millones de euros. De esos, la Iglesia ha invertido 48 en un solar en Valdebebas, al norte de la capital y a un valor muy por encima del precio mercado, según todos los expertos inmobiliarios consultados. La mecha de la sospecha ha llegado hasta la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes judiciales confirman la noticia adelantada por El Confidencial este martes. Anticorrupción ve un posible entramado corrupto entre ambas operaciones. Esto sería otra arista más en este sospechoso enjambre de ventas. La juez Carmen Rodríguez-Mendel investiga desde diciembre de 2019 la primera venta de los 14 edificios. En esta causa existen, por el momento, cuatro imputados relacionados con el Arzobispado por delitos de estafa, corrupción y administración desleal. La instrucción sigue abierta.
La última novedad ha llegado hace unas semanas. Julio Lage, el hombre de las finanzas del Arzobispado y al que muchos sacerdotes apodan el Dios Lage, dio un portazo el 9 de octubre, según ha podido confirmar este periódico. Otras fuentes cercanas al arzobispo Carlos Osoro apuntan a que su salida ha sido invitada ante el tufo que presentan estas ventas. Lage dio el visto bueno a ambas operaciones. Con las ventas, la intención de la Iglesia era construir cientos de oficinas en un solar de Valdebebas. El Arzobispado compró un solar de casi 10.000 metros cuadrados en febrero de este año por 48 millones de euros a la empresa Metrovacesa al norte de la capital y a un coste muy por encima del precio de mercado. El proyecto de las oficinas, según fuentes del Arzobispado, ahora está en el aire. Es más, algunas voces cercanas al arzobispo deslizan también que no se debería de haber producido ninguna de estas dos operaciones. ¿Qué sucedió entonces?
La primera venta se conoció el 17 de octubre del pasado año. Un joven trabajador de una empresa de paquetería se presentó con un burofax en más de 100 casas de Madrid. “Vino un señor y me dio una carta sin más explicaciones”, contaba la vecina María del Carmen Martínez, de 92 años, en el salón de su casa de la calle Angosta de los Mancebos 2 de La Latina por aquel entonces. “Mi hija me explicó que igual nos echan de casa. ¡Y yo pensé que era propaganda!”. Estas viviendas forman parte de los 14 bloques de edificios que pertenecían a Fusara, una de las 74 fundaciones que tutela la Iglesia en Madrid. El Arzobispado contaba con estos inmuebles en propiedad gracias a la herencia de dos familias adineradas.
El patronato que gestiona la fundación Fusara lo forman seis miembros: el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; el alcalde, la por entonces delegada del Gobierno, Paz García Vera; el decano del Tribunal de la Rota, Carlos Manuel Morán, y dos sacerdotes de la capital. La liquidación y venta de los 14 inmuebles se aprobó en un acta firmada por todos en julio de 2019. No se avisó a ningún inquilino. Es más, la mayoría se enteró de que tenían que abandonar sus casas en cuestión de días o meses por este periódico. Un año después, varios inquilinos confirman por teléfono que aún les siguen llegando cartas para que abandonen sus pisos en mitad de una pandemia. Algunos ya lo han hecho ante el temor de ser desahuciados. La mayoría, sin embargo, resiste a la espera de la resolución judicial.
¿Quién compró estos 14 edificios? Un entramado opaco con letras mayúsculas. Cada uno de estos 14 bloques de viviendas los compró una empresa. Estas 14 empresas se crearon entre el 2 de abril y el 13 de junio de 2019 con un capital de 3.010 euros cada una. Todas ellas tenían en principio la misma administradora: María Elena García Pastrana, que vive en Badalona y que cuenta con 1.012 empresas vinculadas a su nombre por toda España, según el registro mercantil. La venta de esta operación a través de sociedades opacas alcanzó los 74 millones de euros. El Arzobispado de Madrid cobró la mitad, 37 millones, el 30 de julio de 2019 por transferencia de un banco luxemburgués a una cuenta del BBVA, según pudo confirmar EL PAÍS.
La segunda venta se produjo en noviembre de 2018. La Iglesia vendió entonces la parroquia de San Jorge y la residencia de ancianos Santísima Virgen y San Celedonio en los alrededores del Bernabéu por 37 millones de euros a la Universidad Nebrija. La parroquia y la residencia forman parte de otra fundación tutelada por la Iglesia. Estas dos ventas eclesiásticas tienen un punto en común: el bufete Chávarri Abogados. Este despacho intermedió entre ambas operaciones con unas comisiones cercanas al 6%, según fuentes de la operación.
“Solemos trabajar mucho con ellos”, explicaban fuentes del Arzobispado hace meses. Ahora, ya no quieren saber nada del bufete. ¿Quién está detrás de este despacho? Este gabinete jurídico madrileño creó una fundación bajo el nombre de Chávarri por el Bien Común en 2018 que tenía como director ejecutivo a David López Royo y como vocal a Julio Lage. López Royo fue nombrado por el arzobispo de Madrid delegado de las 74 fundaciones de la Iglesia en Madrid en 2014. Meses después, el arzobispo también nombró a Lage como interventor de las cuentas del Arzobispado. Tanto Lage como López Royo, que se conocían de antes, no ven ningún conflicto de intereses, pese a estar en ambos lados de la operación. López Royo dimitió de su cargo en el Arzobispado cuando este periódico destapó la segunda venta. Lage ha anunciado su marcha como interventor de las cuentas del Arzobispado el 9 de octubre, según ha confirmado este periódico. Las comisiones entre ambas operaciones ascendieron a varios millones de euros para el bufete Chávarri, según fuentes de la operación.
En estas operaciones también estaba presente Manuel Fernández Clemente, propietario de un bufete de abogados, ex asesor de urbanismo durante la época de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad y secretario de las dos fundaciones de la Iglesia que han enajenado estos bienes. “Existía una problemática muy seria con el estado de los inmuebles. No contábamos con fondos y se realizó un estudio en el mes de mayo con un proyecto de transformación”, dijo a este periódico él mismo hace meses para justificar ambas ventas. La realidad es que la mayoría de los pisos de Fusara se encuentran en perfecto estado. Más de 40 vecinos cuentan que, cuando entraron a vivir de alquiler, realizaron inversiones de miles de euros -otros de pesetas- para reformar sus viviendas con el visto bueno de Fusara.
Respecto a la venta de la parroquia y de la residencia de ancianos, el Arzobispado ha tratado de aminorar el impacto mediático de la operación. Pese a que la escritura de la venta incluía la expulsión inmediata de los 127 ancianos y las 19 monjas para noviembre del año que viene, ahora la idea ha cambiado. La Iglesia argumentó el traslado de todos ellos con la construcción de otra residencia en menos de dos años. La realidad es que no se ha comprado ningún terreno. Durante la primera ola de la pandemia fallecieron más de 45 ancianos, siendo una de las residencias más afectadas de la región.
Ahora, según fuentes de la Universidad de Nebrija y del Arzobispado, se está ultimando un acuerdo para que los ancianos sigan ahí hasta el final de sus días. Se conocerá en la próxima semana. Lo mismo ha sucedido con la Parroquia de San Jorge, donde miles feligreses enviaron firmas y cartas al Arzobispado mostrando su rechazo a la operación. Ahora, la Universidad y el Arzobispado también están ultimando otro acuerdo para que la Iglesia siga como tal. Los feligreses consultados estos días niegan este acuerdo. Consideran que la única solución debe ser echar atrás la operación. “No, no se han hecho bien estas ventas. Tomaremos todas las medidas para defender el bien de nuestras fundaciones”, ha admitido este miércoles una fuente muy cercana al arzobispo Carlos Osoro. “No descartamos revertir ambas operaciones”, indican otras fuentes de la Iglesia madrileña. La sombra de la sospecha, mientras tanto, aumenta.