La pandemia no detiene los desahucios en Carabanchel

“Estamos mal, muy mal, desesperados”, dice por el teléfono Adoración Cano, de 63 años, al describir cómo han pasado la noche ella, su hijo, su nuera y sus cuatro nietos menores de cinco años tras ser desalojados de su casa en el barrio de Pan Bendito, en el distrito madrileño de Carabanchel. El martes a las nueve de la mañana llegaron cinco furgones de los antidisturbios y unos 30 agentes a su puerta junto con personal del juzgado con una orden de lanzamiento, pero Cano no tenía nada empaquetado. El día anterior la ...

“Estamos mal, muy mal, desesperados”, dice por el teléfono Adoración Cano, de 63 años, al describir cómo han pasado la noche ella, su hijo, su nuera y sus cuatro nietos menores de cinco años tras ser desalojados de su casa en el barrio de Pan Bendito, en el distrito madrileño de Carabanchel. El martes a las nueve de la mañana llegaron cinco furgones de los antidisturbios y unos 30 agentes a su puerta junto con personal del juzgado con una orden de lanzamiento, pero Cano no tenía nada empaquetado. El día anterior la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocido como el banco malo) le había confirmado que aplazaba el desahucio por medio de un recurso por su situación de vulnerabilidad.

Habría sido la cuarta vez que se cancelaba el desahucio este año, pero la promesa no se cumplió. Cano y su familia se llevaron lo que pudieron ―sus muebles siguen en la que ha sido su casa durante dos años― y se marcharon a casa de otra de sus hijas. Sin embargo, allí no hay espacio para todos, y además, ella también está luchando contra un desahucio bajo las mismas condiciones.

El drama de Cano y su familia está agravado por una maraña burocrática aparentemente indescifrable. Ella sufre de depresión y ninguno de los adultos en la casa tiene trabajo. En medio de una pandemia, la situación no tiene pinta de mejorar. Por esto, en teoría, la familia está amparada por las medidas especiales sobre vivienda por la covid, que obligan a prorrogar estas órdenes.

De hecho, la Sareb estaba dispuesta a firmar un contrato de alquiler social con Cano, asegura la entidad. Sin embargo, ya que la familia en este momento no tiene ningún ingreso, la Sareb dice que está maniatada y no puede validar el contrato. Cano ha dejado de recibir la Renta Mínima de Inserción, gestionada por la Comunidad, para tramitar el Ingreso Mínimo Vital, pero no lo ha llegado a cobrar a pesar de que fue aprobado en julio. Sin dinero en su cuenta, no hay una salida clara.

A Cano la representa Asamblea de Vivienda de Carabanchel, que forma parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, como a tantos otros vecinos de este distrito con pocos recursos que se están enfrentando a una situación similar. “Hay unos 54 casos en el distrito con la Sareb como el de Adoración. Nosotros lo que planteamos son negociaciones colectivas, si dan una solución para unos que se lo den a otros también”, explica Daniel Vega, portavoz del movimiento antidesahucios. Uno de esos casos es el de Herminia, la hija de Cano que ha recibido a su madre, hermano, cuñada y sobrinos en su pequeña casa. A Herminia le detuvieron la primera orden de lanzamiento el 23 de septiembre y ahora también le están ofreciendo un alquiler social en su actual domicilio, al tiempo que se gestiona su desalojo.

El colectivo de apoyo vecinal está intentando negociar desde hace meses una solución que en el papel parece lógica y fácil de hacer: cancelar estos desahucios y que se hagan contratos de alquiler social para los actuales inquilinos, pues las viviendas quedan vacías tras el desalojo. “Lo hemos propuesto varias veces y la Sareb dice que está de acuerdo. Pero al final, como en el caso de Adoración, se mantienen con la condición de que tiene que haber un ingreso. Es absurdo porque, ¿ahora qué pasa? Está en la calle”, sentencia Vega.

“Con esta pandemia, con esta situación de la vida que hay, de verdad que daría para que tuvieran un poquito de humanidad”

Adoración Cano

En la Sareb, una entidad formada por el Estado después de la crisis para manejar “activos tóxicos” de bancos como es la vivienda de Cano, el protocolo manda. El objetivo del organismo es deshacerse de todos los activos en un plazo de 15 años, por lo cual hay poco espacio para hacer excepciones. Pero Cano cuenta que esto no fue lo que le dijeron a ella. “Durante el último mes me hicieron firmar un alquiler social, mandar una cantidad de papeleo y me aseguraron que no me iban a desalojar”. Sin embargo, llegada la fecha del 27 de octubre, el contrato no estaba validado. Ante esta situación, ofrecieron, junto con el Samur Social, que la familia fuera realojada en un albergue provisionalmente hasta que se pudiera firmar un contrato de vivienda social, pero Cano rechazó la oferta.

Por ahora no hay una solución a la vista. La opción del alquiler social a través de la Sareb se mantiene condicionada y la plataforma de vivienda social del Ayuntamiento no le ha ofrecido hasta el momento nada, asegura Cano. La familia se tendrá que acomodar en casa de Herminia mientras puedan estar allí, con la esperanza de que los golpes no se encadenen. Mientras tanto, Adoración no puede hacer más que lamentarse por su impotencia ante una situación que se le escapa de las manos y la comprensión. “Con esta pandemia, con esta situación de la vida que hay, de verdad que daría para que tuvieran un poquito de humanidad, que aquí hay cuatro menores y yo soy una persona de riesgo también”.