Los profesores se topan con un muro para hacer la huelga: casi 100% de servicios mínimos
Todos los centros deben tener un maestro por cada grupo, independientemente de su ratio. Los sindicatos anuncian que recurrirán los servicios mínimos puestos por la administración
Lejos de llegar a puntos de encuentro, las posturas entre la Consejería de Educación de Madrid y la de los sindicatos se alejan y se enfrían cada vez más. CC OO, UGT, CGT y STEM convocaron para los primeros días del inicio del curso una huelga del profesorado que después ...
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Lejos de llegar a puntos de encuentro, las posturas entre la Consejería de Educación de Madrid y la de los sindicatos se alejan y se enfrían cada vez más. CC OO, UGT, CGT y STEM convocaron para los primeros días del inicio del curso una huelga del profesorado que después retrasaron para darle margen a la administración para que cumpliera sus promesas. Parecía la antesala de la bandera blanca. Un voto de confianza que el consejero, Enrique Ossorio, no dudó en celebrar. Pero nada más lejos de la realidad. Los sindicatos anunciaron poco después que mantenían los paros el 22 y el 23 de septiembre porque consideraban que la Comunidad de Madrid no cumplía con lo básico y, este viernes, se han encontrado, en una reunión para fijar los servicios mínimos, con una imposición que consideran inadmisible.
“La Comunidad de Madrid nos ha comunicado que ha fijado en el 100% los servicios mínimos para la huelga”, se ha quejado la representante sindical de CC OO, Isabel Galvín.
La Comunidad de Madrid, sin embargo, ha asegurado que respeta “el derecho de huelga”, pero que “en estos momentos, la sociedad continúa en una situación complicada por la pandemia que también afecta a familias, alumnos y docentes”.
Los cuatro grupos de representantes de profesorado han emitido un comunicado en el que explican las condiciones que les han impuesto: “Todos los centros deben tener un profesor por cada grupo de 20 alumnos o fracción de 15 si se trata de un centro de Educación Especial, 12, 18, 20 o fracción para alumnos menores de un año, dos años y tres años, respectivamente". En definitiva, que cada grupo, independientemente de su ratio, debe tener un docente. "Esto supone en la práctica impedir en Escuelas Infantiles el ejercicio del derecho de huelga a todo el personal y al 90% o 95% del resto de etapas educativas”. La consejería de Educación, por su parte, no explicitado los términos de la huelga a este periódico y solo ha contestado que Respetamos el derecho de huelga “la Comunidad de Madrid establecerá servicios mínimos y se adaptarán a las circunstancias sanitarias actuales para así asegurar la educación de todos los alumnos y el trabajo de la comunidad educativa”.
Los representantes sindicales del profesorado convocaron los paros porque piden que la administración debe garantizar la presencialidad en todas las etapas educativas y contratar a los docentes necesarios para cumplir con las ratios y con las medidas de seguridad. Además, piden que esos contratos duren lo mismo que el año académico.
Puesto que no han visto cumplidas sus demandas, la huelga ha seguido adelante y los representantes sindicales se han reunido este viernes con la subdirectora general de Infantil y Primaria, María Teresa de la Flor, con el objetivo de fijar las pautas de los paros. Allí, explican, se han encontrado con una postura inflexible por parte de la administración y, como consecuencia, sus servicios jurídicos recurrirán por la vía contenciosa administrativa.
La imposición de unos servicios mínimos, denuncian, “jamás, desde que las competencias educativas se transfirieron a la Comunidad de Madrid, incluso desde que se estableció la democracia en España”, se han exigido en una huelga. “Es un ataque directo a dicho derecho fundamental”.
Según explica Teresa Jusdado, representante de UGT, asumían que los servicios mínimos estarían acorde a la situación sanitaria del momento y, por tanto, serían parecidos a los que les impusieron al sindicato CNT, que ha propuesto una huelga entre los días 10 y 30 de septiembre. “A ellos no se les ha intentado impedir el ejercicio de sus derechos a través de la imposición de unos abusivos servicios mínimos. Y nos han reconocido que sabían que la que hemos propuesto nosotros iba a tener un seguimiento generalizado por lo que están intentando coartarla”.
Galvín ha asegurado que “deberían preguntarse por qué y de quién es la responsabilidad de que tengamos que recurrir a una huelga para que se garanticen la seguridad en los centros educativos y el derecho a los niños de Madrid”.
“Si el Gobierno de Díaz Ayuso no quiere conflictividad lo que tiene que hacer es dotar a los centros de suficiente profesorado y de personal sanitario y educativo. De medidas de protección, de servicios de prevención, de los espacios necesarios para cumplir las ratios y de cumplir los protocolos que la propia comunidad de Madrid ha establecido, y debe hacerlo ya. Para eso no es preciso que vulnere el derecho fundamental a hacer una huelga”, ha continuado.
Los cuatro sindicatos exigen que la Consejería de Educación y Juventud, en representación del Gobierno Regional, dé marcha atrás y hagan propuestas que no imposibiliten el ejercicio del derecho a huelga, recogido en el artículo 28.2 de la Constitución, “cuya consecuencia no va a facilitar la resolución del conflicto planteado y que, por el contrario, enconará las posiciones”.