Ayuso rectifica y se plantea suprimir el servicio de comida rápida para alumnos

La Comunidad mantiene conversaciones con empresas de ‘catering’ para reanudar el menú ordinario

la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.KIKE PARA (EL PAÍS)

La Comunidad de Madrid mantiene conversaciones para reanudar el menú ordinario para niños de familias con bajas rentas, en lo que supone una marcha atrás a los planes de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de mantener la comida rápida hasta final de curso, según ha podido saber EL PAÍS. Después de recibir fuertes presiones por el daño a la salud de los menores, la presidenta ha retomado en las últimas horas el contacto con las empresas a las que había...

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La Comunidad de Madrid mantiene conversaciones para reanudar el menú ordinario para niños de familias con bajas rentas, en lo que supone una marcha atrás a los planes de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de mantener la comida rápida hasta final de curso, según ha podido saber EL PAÍS. Después de recibir fuertes presiones por el daño a la salud de los menores, la presidenta ha retomado en las últimas horas el contacto con las empresas a las que había rescindido los contratos a mitad de marzo, cuando cerraron los colegios. “Se están explorando alternativas”, han confirmado fuentes de la negociación.

Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso en una visita al Carrefour de Alcobendas. En vídeo, la presidenta de la Comunidad de Madrid defendiendo el menú ordinario para niños de familias con bajas rentas, el pasado 29 de abril.Foto: EPV | Vídeo: EUROPA PRESS

El giro de timón lo anticipaba este miércoles por la tarde el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, quien anunció en rueda de prensa telemática que el Gobierno regional buscaba retomar “dietas saludables” aunque los colegios sigan cerrados. El vicepresidente del Gobierno central, Pablo Iglesias, intervino a última hora de este miércoles en Twitter con un agradecimiento a Ayuso por “buscar una alternativa sana”.

Ayuso no tardó en responder a Iglesias, pero fue más críptica en su tuit. “Señor vicepresidente: una vez que las empresas de catering pueden trabajar con normalidad, volveremos a los menús ordinarios”, dijo la presidenta madrileña.

Fuentes de la confianza de Ayuso precisaron que este jueves el consejero de Educación, Enrique Ossorio, daría más detalles al respecto. “Estaba previsto. Mañana lo explica el consejero”, dijeron estas fuentes.

La decisión de Ayuso estuvo marcada por la polémica desde el principio. Cuando cerraron los colegios, el Gobierno central creó un fondo con cargo de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de niños de familias con renta mínima de inserción, quienes gozan durante el curso de beca comedor. Cada comunidad fue responsable de encontrar un modo de mantener ese servicio, al que tienen derecho en Madrid 11.500 alumnos. Algunas, como Cataluña, Valencia o Canarias optaron por ofrecer una tarjeta monedero; otras, como Andalucía o Castilla la Mancha mantuvieron los contratos con las empresas de catering que dan servicio a los centros escolares. Y Madrid fue la única que optó por contratar los servicios de las empresas de comida rápida.

Desoyendo las advertencias de la comunidad de nutricionistas, Madrid recurrió a Telepizza y Rodilla, a las que paga cinco euros por cada menú. Una semana más tarde se unió Viena Capellanes, una empresa de comida gourmet que incluía platos más saludables pero con un alcance mucho menor que Telepizza. Según reconstruyó este periódico, la Comunidad desatendió una donación de 12.000 plátanos durante tres días a la semana que hubiera enriquecido estos menús.

Ayuso se ha defendido de las críticas de la oposición alegando en la Asamblea regional que a todos los niños les gustan las pizzas. Sus portavoces han dicho hasta esta misma semana que la Comunidad mantendría el contrato hasta final de junio, cuando acabaran las clases.

La semana pasada, el Gobierno central cuestionó la elección que había hecho Ayuso y le advirtió de que de no justificar el motivo, el Estado no le reintegraría el dinero por la prestación del servicio. De hecho, por el momento es la única que no ha recibido la transferencia del Gobierno central.

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