La desprotección de las auxiliares a domicilio municipales se cobra cientos de contagios

María, de 91 años, falleció por coronavirus el pasado 30 de marzo en su piso acompañada por su hija Raquel, de 53 años. Raquel había vivido con su madre en su apartamento en el centro de Madrid toda su vida. La salud de María se complicó hace tres años, tras sufrir un ictus que le paralizó la mitad de su cuerpo. Desde entonces, la Comunidad de Madrid le asignó un servicio de ayuda a domicilio tres veces al día. Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma, Raquel empezó a preocuparse por las auxiliares. “T...

María, de 91 años, falleció por coronavirus el pasado 30 de marzo en su piso acompañada por su hija Raquel, de 53 años. Raquel había vivido con su madre en su apartamento en el centro de Madrid toda su vida. La salud de María se complicó hace tres años, tras sufrir un ictus que le paralizó la mitad de su cuerpo. Desde entonces, la Comunidad de Madrid le asignó un servicio de ayuda a domicilio tres veces al día. Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma, Raquel empezó a preocuparse por las auxiliares. “Tosían, moqueaban y no llevaban ni una simple mascarilla”, cuenta.

Raquel, nombre figurado porque prefiere no dar el real, decidió llamar a una de las empresas que tiene subcontratado el Ayuntamiento de Madrid para ofrecer este servicio. Quería explicaciones, pero la única respuesta que encontró fue que ellos estaban tratando de cumplir con el protocolo establecido por el Gobierno regional, pero que no tenían material suficiente. A los pocos días, Raquel confirmó sus peores temores: una de las auxiliares que había ido a su casa estaba de baja tras dar positivo por coronavirus.

Ese mismo 14 de marzo llamó para cancelar el servicio. Su madre, sin embargo, empezó a presentar síntomas unos pocos días después. Tras permanecer medio mes ingresada en la Fundación Jiménez Díaz y dar positivo también en Covid-19, María falleció dejando a su hija sola y con miedo de estar ella también infectada. “Lloro desesperada por acordarme de mi madre y de la forma en la que se ha ido”, dice Raquel.

En la capital, hay cerca de 10.000 auxiliares de ayuda a domicilio del Ayuntamiento. Se trata en su mayoría mujeres que cuidan, asean, limpian la casa y hacen la compra a personas mayores y dependientes. Su labor cobra estos días aún más importancia, ya que en muchos casos se han convertido en el único nexo de unión entre los usuarios, aislados por ser población de riesgo, y un mundo del que han quedado apartados.

Una de estas profesionales es Beatriz, una mujer de 56 años que lleva 20 trabajando como auxiliar en el sur de la ciudad. Durante el confinamiento, los protocolos preventivos han eliminado los servicios de limpieza, pero siguen cuidando, aseando y haciendo la compra. Lo hizo hasta que una de las personas por las que vela empezó a presentar síntomas. “Fui al médico, le conté que había estado expuesta y me dieron la baja”, recuerda. Después de unos días aislada, terminó ingresada tras presentar también importantes signos compatibles con el coronavirus. Tras casi dos semanas en el hospital, tiene claro el porqué de su situación: “Tengo coronavirus porque la empresa en estos meses nunca nos ha protegido. Hemos sido la carne de cañón de esta pandemia”.

Desde el inicio de la crisis, se han dado de baja del servicio a petición propia 36.645 usuarios, según datos del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. “Muchos se han dado de baja porque tiene miedo de ser contagiados, pero algunos no tienen ninguna persona que les pueda ayudar y se han visto obligados a permanecer en el servicio”, comenta Beatriz.

Hasta el 22 de abril, en Madrid había al menos 417 usuarios del servicio infectados por coronavirus y más de 878 trabajadoras de plantilla de baja con síntomas, según los datos de los delegados de prevención de UGT de dos de las empresas que trabajan en la capital: Clece y Valoriza, filial de Sacyr. Asispa, la tercera en cuestión, no ha proporcionado cifras.

En la plantilla de Sacyr Social Valoriza hay 3.227 trabajadores, de los cuales 522 estaban a 22 de abril en aislamiento y 23 habían dado positivo con coronavirus. La empresa tenía antes del estado de alarma 20.804 usuarios, que quedaron reducidos a 7.730 en dicha fecha. Entre ellos, en Sacyr tienen constancia al menos de 148 usuarios infectados por coronavirus. En el caso de empresa Clece, la plantilla tiene 3.820 trabajadores, 333 de ellos de baja por entonces. Atendían a 8.500 usuarios el 22 de abril, de los 28.000 de antes de la pandemia, y habían registrado 269 positivos.

Según el Ayuntamiento, las empresas del servicio de ayuda a domicilio tienen ya todo el material requerido por la normativa autonómica. “Las auxiliares cuentan con mascarillas ffp2, guantes y si están en una casa donde ha habido contagiados o sospechas de ello, batas protectoras”, asegura un portavoz del Consistorio, que añade que se está haciendo un seguimiento exhaustivo de los usuarios que han atendido las trabajadoras que están de baja.

Entre las profesionales, sin embargo, existen muchas dudas de que el material adicional del que disponen para trabajar en una situación tan delicada sea el adecuado. Las nuevas mascarillas, que solo han recibido algunas, no son las ffp2, sino que son mascarillas quirúrgicas que tienen una vida útil mucho menor. Ya ha sido un paso adelante: antes, solo habían recibido un número insuficiente de mascarillas caseras. Las batas, por otra parte, han sido una donación de la cadena de peluquerías Marco Aldany, como contó EL PAÍS, y están fabricadas en una fina tela que ha llevado a que muchas opten por llevar sus batas de siempre. Con estas herramientas deben hacer lo posible por no ponerse en riesgo ellas ni a quienes cuidan, aunque, afirman, cada día que pasa es más difícil.

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