El Colegio de Farmacéuticos denunciará a las farmacias que hagan test rápidos del coronavirus

Las farmacias tienen prohibido realizar test rápidos de coronavirus a sus clientes o a sus trabajadores, aunque el número sea pequeño. El Colegio Oficial de Farmacéuticos lo ha recordado este lunes, tras la información de EL PAÍS publicada sobre algunas farmacias, que realizan esas pruebas de forma clandestina. “Vuestro Colegio os recuerda, tal y como os comunicamos en la carta el pasado 13 de abril 'Actuaciones ilegales y consecuenc...

Las farmacias tienen prohibido realizar test rápidos de coronavirus a sus clientes o a sus trabajadores, aunque el número sea pequeño. El Colegio Oficial de Farmacéuticos lo ha recordado este lunes, tras la información de EL PAÍS publicada sobre algunas farmacias, que realizan esas pruebas de forma clandestina. “Vuestro Colegio os recuerda, tal y como os comunicamos en la carta el pasado 13 de abril 'Actuaciones ilegales y consecuencias del uso de los test Covid-19 en la Oficina de Farmacia’, que no se pueden realizar dichas pruebas, por lo que rogamos que si alguien las estuviera realizando desista de hacerlo”, piden en un comunicado enviado a las farmacias de Madrid. “El Colegio denunciará este tipo de actuaciones para evitar que el prestigio de la oficina de farmacia quede en entredicho”, acaba la nota.

“Nosotros mandamos un comunicado a todas las farmacias la semana pasada", cuenta por teléfono el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González. “Creía que estaba la situación bastante clara. Mi sorpresa llegó esta mañana al leer la noticia. He llamado a la asesoría jurídica y hemos hecho esta circular recordando a las 2.900 farmacias que esto no se puede hacer”. E insiste en los precios de los geles y las mascarillas: “Si algún ciudadano detecta precios altos, que nos lo comunique, por favor”.

Al norte de la capital, muy cerca de plaza de Castilla, una amplia farmacia con tres empleados realizaba la semana pasada pruebas de coronavirus. Llevaba varios días haciéndolo y la noticia empezó a extenderse entre grupos de Whatsapp de diferentes colectivos: policías, trabajadores de la limpieza o maquinistas de tren. Personas que se encuentran en primera línea y que necesitan saber, por unas razones u otras, si han contraído la enfermedad. La farmacéutica al principio se mostró reticente. No quiere líos. No quiere que el Gobierno le confisque los test que tiene y, sobre todo, quiere seguir siendo anónima. Sin nombres. Sin localizaciones. Sin nada que la identifique como “la farmacia de los test”. Veinte minutos después de insistir para que realice la prueba, cedió. “No tenemos muchos, generalmente lo hacemos a nuestros amigos, familiares, policías, algunos médicos, la primera línea del virus. Un segundito y ahora les atiende mi compañero”.

No es el único sitio donde se hacen, según cuenta la farmacéutica a este periódico. A ella le consta que en Tres Cantos y Colmenar Viejo también las realizan, de forma clandestina.

El Gobierno dijo el 21 de marzo que los “cientos de miles” de test que había adquirido se repartirían entre la población por fases. “Primero se priorizará la utilización en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios”, dijo en otro comunicado el 7 abril el Ministerio de Sanidad. Una semana después, el Ejecutivo tomó el control de los centros privados que hacían los test porque durante las primeras semanas, empresas y ciudadanos pagaban entre 165 y 400 por una prueba aunque no tuvieran síntomas.

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